Este año se marcó un récord en cuanto a la cantidad de presos políticos en el país y se incluyó como nuevas víctimas a los indígenas y militares, indicó el Foro Penal. Hasta la fecha hay 775 detenidos por motivos políticos en Venezuela.

Caracas. Catorce comunidades indígenas del estado Bolívar son víctimas de la persecución de los cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, así lo aseveró el coordinador de esa región por el Foro Penal, Olnar Ortiz.

Actualmente, más de 900 indígenas se han desplazado forzosamente hacia las ciudades brasileñas de Boa Vista y Pacaraima. Ortiz apuntó que el amedrentamiento que ha obligado a las comunidades del sur del país a tomar esta decisión se ha recrudecido desde el 22 de febrero de este año, un día antes del ingreso de la ayuda humanitaria, la cual fue frenada por funcionarios y civiles armados pro-gubernamentales. Esto generó numerosas protestas en el país.

En Bolívar, entre el 22 y 28 de febrero, siete personas fueron asesinadas por impactos de bala en el contexto de manifestaciones, cuatro de ellas pertenecían a la etnia pemón. Además, 57 personas resultaron heridas, 22 de ellas indígenas. Por otro lado, hubo 62 arrestos arbitrarios.

La mayoría de los desplazados pertenecen al municipio Gran Sabana, una comunidad que también se ha visto afectada por la presencia de grupos irregulares trabajando en la minería ilegal. «La mayoría han sido amenazados de muerte, por eso, abandonan sus hogares y trabajos”, apuntó Ortiz.

Entre las 5:30 y 6:00 a.m. del 22 de febrero la comunidad de San Francisco de Yuraní fue atacada por efectivos del Ejército venezolano. “Atacaban a los que habían expresado su apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria”, señaló Ortiz. Al día siguiente, la comunidad de Santa Elena de Uairén fue víctima de los mismos ataques.

El Foro Penal detectó como órganos represores a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Milicia Bolivariana y grupos de civiles armados.

Las poblaciones que resultaron más reprimidas fueron Santa Elena de Uairén y las comunidades indígenas Kumarakapay, Manak-Kru, Peimeru, Waramasen, Wara y la comunidad de Maurak.

Persecución histórica en Venezuela

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1.683 personas han sido aprehendidas por motivos políticos en Venezuela desde el 1° de enero hasta el 29 de abril de este año. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que se trata de la mayor cantidad de presos políticos en la historia de Venezuela. Además, lo que ha caracterizado este año a diferencia de otros es que la persecución ha sido contra los militares e indígenas.

Igualmente, señaló que han sido decenas de civiles encarcelados por trabajar en actos relacionados con quien se juramentó como presidente encargado, según el artículo 233 de la Constitución, Juan Guaidó, como fue el caso de dos jóvenes que instalaron la tarima y el sonido para una concentración en Caracas. Hay otros que han sido vinculados a un supuesto sabotaje eléctrico.

Igualmente, recordó el caso de los 25 efectivos de la GNB que se alzaron en Cotiza el 21 de enero y quienes la semana pasada fueron castigados con celda de aislamiento por intentar defenderse en su audiencia.

En los 20 años del chavismo, el Foro Penal ha contabilizado 14.655 presos políticos. Hasta la fecha hay 775 detenidos.

“El Estado venezolano ha atacado de manera generalizada y vulnerado los derechos humanos de todos los venezolanos y en estos últimos meses de las comunidades indígenas con fines políticos y de manera deliberada. Esta situación se ha venido agravando en la actualidad producto del rechazo de un alto porcentaje de las comunidades indígenas al gobierno de Nicolás Maduro. Desde el Foro Penal se continuará denunciando esta particular situación ante instancias nacionales e internacionales, con el fin de reivindicar los derechos de estas personas”, concluye el informe en el que se presenta un balance del éxodo y persecución hacia los indígenas en febrero de 2019.


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