Las altas tasas de impunidad frente a graves crímenes, el retardo judicial y la degradación del sistema penitenciario son factores que contribuyen a este progresivo deterioro de los derechos humanos en Venezuela.
Redacción Espacio Público/@espaciopublico
Caracas. El Foro por la Vida junto con otras organizaciones del movimiento de derechos humanos, ante el aumento y visibilidad de linchamientos e intentos de ejecución; exige al Estado la aplicación de políticas públicas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana, que efectivamente garanticen el respeto a los derechos humanos y la integridad de todas las personas.
Los linchamientos consumados y los intentos registrados, denotan una progresiva disolución de la institucionalidad del Estado que tiene consecuencias negativas para la sociedad venezolana en su conjunto.
El creciente número de hechos en los que grupos de personas arremeten violentamente contra presuntos delincuentes ocasionándoles graves lesiones o en varios casos la muerte, demuestran el fracaso de Estado en la tarea de contener la violencia en la sociedad. La omisión estatal frente a la violencia es también una política pública que no diluye las responsabilidades de los funcionarios ante estos hechos y sus víctimas.
Las altas tasas de impunidad frente a graves crímenes, el retardo judicial, la degradación del sistema penitenciario, las enormes deficiencias de los distintos cuerpos policiales, el debilitamiento de la investigación policial y judicial son factores que contribuyen a este progresivo deterioro de la calidad de vida en Venezuela. Esta situación muestra la ausencia de una política pública para enfrentar el desafío de la seguridad ciudadana.
La Constitución Nacional establece en su artículo 55 que “toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.” Los hechos asociados a los linchamientos o conatos de violencia están en abierta contradicción con esta obligación constitucional.
En un contexto en el que conviven la inseguridad como problema social y los discursos de mano dura y “justicia por mano propia”, subrayamos que los linchamientos son también una violación a los derechos humanos, que convierte a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas; degenera en una peligrosa anomia que percibe como lógica y justa la contradicción de convertirse en un criminal para castigar la injusticia.
Este tipo de hechos, en lugar de generar algún beneficio a la colectividad, deteriora el esquema de valores y configura una práctica delictiva, en la que dejan de valorarse la vida y derechos del victimario. Estos patrones hostiles pueden desencadenar en la naturalización de la violencia colectiva que degenera en la multiplicación de violaciones de derechos humanos.
Foro por la Vida, hace un llamado urgente para que las autoridades atiendan las causas que generan el profundo deterioro de valores e institucionalidad que vive el país y reconociendo el valor que tiene el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, exige lo siguiente:
1.- El Estado debe desarrollar políticas públicas integrales que incluyan acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo. Este tipo de planes debe hacerse con el mayor consenso político y social, debe basarse en una perspectiva no militarizada del orden público.
2.- El Ministerio Público debe adelantar las investigaciones correspondientes en todos los casos en los que ocurrieron linchamientos o actos violentos contra presuntos delincuentes. Estas investigaciones deben conducir a establecer las responsabilidades de manera conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
3.- Establecer procedimientos que permitan el ejercicio de la contraloría social a todas las autoridades con responsabilidad en la política sobre seguridad ciudadana, para ello deben publicarse de manera regular las cifras oficiales de criminalidad en Venezuela.
Asamblea de Educación
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
Asociación Civil Fuerza
Acción Ciudadana Contra el Sida
Acción Solidaria
Catedra Libre de DDHH de UCLA
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Cepaz
Civilis
CODEHCIU
Convite AC
Espacio Público
FENASOPADRES
Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
OVS Ven Salud
Padres Organizados de Venezuela
Sinergia
Sociedad Hominis Lura
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz)
Unión Afirmativa de Venezuela
Venezuela Diversa A.C
Participa en la conversación