El actual presidente del Poder Legislativo hizo un llamado a la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana a que no se mantengan “calladas” frente a la ruptura de la Constitución.

Caracas. El presidente a la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, denunció que la sentencia número 156 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es un “Golpe de Estado” ordenado por el presidente Nicolás Maduro. “Es un golpe de Estado con todas sus letras. Es una dictadura”, sentenció.

Calificó de “basura”  la decisión de máximo tribunal mientras rompía el documento ante las cámaras de televisión. “Es simplemente una basura de quienes han secuestrado la Constitución, los derechos, y al pueblo venezolano”, esgrimió, sosteniendo que la AN tiene la obligación de desconocer cualquier sentencia que vaya contra los principios democráticos: “Este Parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional”.

Recordó que, a diferencia de los magistrados, los diputados a la AN fueron escogidos por 14 millones de venezolanos. “Esos magistrados se designaron solos para destruir a la Constitución, para gobernar fuera de la Ley  y violar la Constitución”, aseveró.

Indicó que la medida judicial le otorga, inconstitucionalmente, todos los poderes al mandatario. “Es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes y dar los contratos, para endeudar al país, y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana”, señaló.

La decisión del TSJ, en la que asume las atribuciones del Parlamento, tiene como objeto permitir al Estado la conformación de empresas mixtas petroleras sin pasar por el Legislativo, lo que incumple la Constitución, que ordena a los diputados revisar los contratos.

Con los decretos de emergencia económica ya el Gobierno se estaba saltando el control de los parlamentarios a los acuerdos. De hecho, a mediados del pasado año, Pdvsa permitió a la petrolera rusa Rosneft elevar su participación en Petromonagas, lo que le facilitó conseguir más ingresos frente a la estrechez que tiene por el comportamiento de los precios del crudo y la menor producción.

En aquel momento, los diputados señalaron que dicho contrato lo tenía que revisar la AN porque de lo contrario es ilegal, pero el Gobierno lo ignoró. Ante la necesidad de más dinero, la industria busca vías para elevar el flujo y una de ellas es dar mayor participación a los socios en las empresas. Por ello, el diputado José Guerra insistió en que “toda ampliación es nula”.

Las decisiones del tribunal, así como los decretos de emergencia, permiten al Estado endeudarse, obviando al Parlamento. Este año el Ejecutivo ha estado tocando las puertas de organismos como la CAF y el BID en la búsqueda de financiamiento, pero esos procesos no fluyen porque la aprobación de esos préstamos necesita del aval de la AN. “Todo endeudamiento que no revise el Parlamento viola la Carta Magna”, apuntó Guerra.

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El llamado a la FANB 

Desde el patio de la AN, Borges también se refirió a los magistrados. “Estos señores de la Sala Constitucional tienen los riñones de creer que ellos en este momento van a pasar por encima del pueblo venezolano y van a seguir negando la realidad de pobreza, de miseria, violencia que vive en el país”, dijo.

Exhortó a los países del mundo a apoyar las decisiones del pueblo venezolano. “Todas las democracias del mundo que prendan las alarmas para apoyar la decisión del pueblo venezolano. Para que nosotros logremos con el voto cambiar esta dictadura por una Venezuela de libertad, de justicia y de democracia”.

Hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a que no se mantengan “calladas” frente a la ruptura de la Constitución. “Nosotros esperamos que nuestra FANB sea el primer guardián de la democracia. La inmensa mayoría de los oficiales están en contra de lo que sucede en Venezuela”, comentó.

Destacó que los oficiales sufren como la mayoría de los venezolanos. “Han matado cientos de oficiales”.

Tras la decisión del TSJ, el presidente de la AN anunció que se realizarán distintas convocatorias para acciones de calle, empezando este sábado 1| de abril. “Para que junto con la protesta del pueblo por el hambre también se haga la manifestación por la falta de la democracia”.

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El primer vicepresidente del Poder Legislativo, Freddy Guevara, llamó a los venezolanos y a todos los diputados a protestar en las calles en defensa de la Constitución: “Es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere de todos nosotros, pueblo, organizaciones de la sociedad civil, partidos y sobre todo los diputados, iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia democrática para enfrentar esta arremetida y recuperar el terreno perdido”.

El secretario general de AD, Henry Ramos Allup, también rechazó la decisión al considerar que viola la “indelegabilidad” de la función pública. Para el expresidente del Parlamento, los magistrados “no solamente se han burlado de la soberanía popular, sino que han interpretado la Constitución contra su propio texto”.

Agresión frente al TSJ 

Después de las declaraciones de Borges, un grupo de diputados integrado por Juan Requesens, Marcos Bozo, Carlos Paparoni y Amelia Belisario acudieron al TSJ para exigirle al máximo juzgado respeto a la Constitución.

Sin embargo, los parlamentarios fueron agredidos al llegar a las cercanías del TSJ por efectivos de la Guardia Nacional, quienes les negaron el paso, iniciándose un forcejeo entre los diputados y los efectivos, reseñó Prensa AN.

¿Cómo se restaron los poderes? 

El 6 de diciembre de 2015, la oposición ganó las elecciones y logró obtener 112 diputados. Pero para Maduro la victoria fue “circunstancial”. A lo largo de ese mes, usó la Habilitante para aprobar un conjunto leyes, y algunos de esos textos le restaron poder a la Asamblea Nacional para revisar las condiciones financieras del endeudamiento del gobierno central. Además, el Parlamento de aquel momento nombró a fines de mes 13 magistrados y 22 suplentes.

En enero de 2016 —y 11 días después de que los diputados llegaron a la AN— el Jefe de Estado aprobó un decreto de emergencia económica, que se ha ido extendiendo. Y mediante esa normativa el mandatario ha impedido a los parlamentarios revisar los créditos adicionales, los contratos de interés público, la Ley de Presupuesto y la Ley Endeudamiento.

En paralelo al decreto de emergencia, el TSJ, bajo el argumento del desacato, ha emitido 56 sentencias que le han restado poder a la Asamblea en todas las áreas. Ahora los magistrados asumen las funciones para legislar.

Foto: Prensa AN



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