Este fin de semana, Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación y también vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial de Venezuela, informó que el 5 de mayo próximo se inicia el censo de esta nueva misión, creada a finales de enero de este año y dirigida a la tercera edad.

Caracas. Rosa Torres no tiene jubilación. Solo recibe la pensión de 18.000 bolívares mensuales. Es costurera, vive en El Valle y cada mes va al centro de Caracas a retirar el beneficio por la taquilla del banco Exterior, en la avenida Universidad. Con el dinero en la mano medio puede comprar verduras, huevos y queso.

“Eso es para un momentico, dos días de comida, si acaso”, dijo. No compra el medio cartón de huevos sino la unidad: a veces seis huevos, a veces tres.

De su trabajo como costurera no se queja. Con 35 años en el oficio pudo comprar su casa en la calle 14 y educar a tres hijos.

Ahora no le llega mucho trabajo. Los encargos por lo general son para remendar ropa y sábanas.

Hace tiempo que no sabe lo que es comerse un dulce, mucho menos una hamburguesa. “Pensé que a mis 62 estaría más tranquila, pero qué va. Ni siquiera puedo consentir a los nietos”.

Rosa forma parte de los 1,7 millones de pensionados que existen en Venezuela —cifra de Luis Cano, coordinador del Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados— y que hoy viven en condiciones de extrema vulnerabilidad: sin comida y sin medicinas.

Ese 1,7 está dentro de los 4,7 millones de pensionados y jubilados de la administración pública, a los que el gobierno de Nicolás Maduro en vez de proteger —como manda el artículo 30 de la Constitución, que habla de una vejez digna— lo que hace es humillar más con la propuesta de la Misión Chamba Mayor, creada el pasado mes de enero y que ahora se proponen activar con el censo a iniciarse el próximo 5 de mayo en las plazas Bolívar del país.

Cano aclaró que los diferentes gremios y sindicatos de la administración pública ya tienen un plan bajo la manga para cuando llegue la transición política y tiene que ver con la incorporación de los jubilados, aún con capacidad productiva, para reactivar la economía:

Ahora hay mucho deterioro, no hay oficina del estado en pleno funcionamiento. Falta personal, la gente se retira por los bajos sueldos y emigra del país. Por eso nosotros pensamos que esa población puede ser útil para el rescate. Pero no de la manera como lo dice el Gobierno, que es como una burla para el adulto mayor. No dice qué beneficios económicos y laborales tendrán una vez se incorporen a esa misión, sostuvo.

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A Rosa se le consultó precisamente eso: ¿Estaría dispuesta a inscribirse en la Misión Chamba Mayor?

Su respuesta fue parca: “Eso me parece una burla”.

Lo que dijo Istúriz este fin de semana, durante la asamblea informativa realizada en la Sala Uno de Parque Central, es que en las comunidades existen muchos adultos mayores, “con capacidades y ganas de seguir siendo útiles al país, pero necesitamos saber quiénes son, dónde están, qué hacen y cómo podemos reincorporarlos a la vida productiva, según las necesidades que tengan en sus sectores y el talento que demuestren”.

Puso como ejemplo que en los sectores populares cuentan con muchos albañiles, costureras, cocineras que pueden integrarse como instructores en las escuelas de artes y oficios que ya funcionan, así como en las que se piensan crear para las distintas parroquias.

Más allá de la visión oficialista, en Venezuela los adultos mayores no viven tranquilamente. Hacen colas para todo lo que necesitan, caminan largos trechos para llegar del hospital o del banco hasta sus casas. Les pagan la mitad de la pensión, incluso con billetes de baja denominación que ni siquiera les aceptan en el transporte público. Pasan noches en cola para comprar una bombona de gas. Viven miseria, sufren depresiones y estados de soledad agobiantes.

Sus ingresos son simbólicos frente al costo de la vida diaria. Cano insiste, por ende, que los beneficios laborales deben dolarizarse:

La canasta básica pasa de los dos millones de bolívares y aquí una pensión es de 18.000. No llegamos a los 4 dólares, pudiéramos llegar a los 6,9 dólares. Son los ingresos más bajos, como en Haití y en Cuba. En Argentina son 250 dólares, al igual que en Chile. Aquí nos dicen que hay una guerra económica. Pero eso es algo que hemos denunciando desde 2009, cuando ese argumento no existía y el barril del petróleo estaba por encima de los 100 dólares. Ya para esa época nos quejábamos porque no había alimentos ni medicinas.

Ahora, el Gobierno lanza la promesa de la chamba mayor y no fija salarios. Solo dice que estudian varias ideas, entre ellas el pago de un bono único para las personas jubiladas y pensionadas, que por razones legales no pueden ser incluidas en nómina nuevamente.

No se trata de ocupar a la gente en algo. Será lo mismo que la juvenil, una copia barata. Aquí el pensionado y el jubilado no tienen más ingreso y, por tanto, su vulnerabilidad es más grande, destacó.

Solo en Caracas existen 51.851 adultos mayores con discapacidades que limitan su movilidad y autocuidado. El Conapdis maneja una data nacional de 380.392 venezolanos, todos con cuidados especiales.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 9,71 % de la población venezolana —lo que equivale a más de 3,2 millones de personas— es de la tercera edad. Se trata de una población desmejorada, desmembrada familiarmente y con un pronóstico de vida incierto. 

Muchos pasan sus horas sentados a las afueras de las entidades bancarias. Foto: Luis Morillo

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