El texto otorga títulos de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda y plantea indemnizar a los propietarios de los terrenos de los urbanismos.
Carlos Crespo/@CarlosCrespoR
Caracas. Este miércoles fue sancionada, finalmente, la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y Otros Programas Habitacionales del Sector Público en la Asamblea Nacional (AN), luego de que la bancada del Gran Polo Patriótico (GPP) lograra retrasar su sanción, en dos oportunidades, la semana pasada. “El pueblo no quiere vivienda regalada, sino pagarla”, indicó el diputado de la “Bancada de la Patria”, Ricardo Molina, quien fue el encargado de salvar el voto en la aprobación final de la Ley.
El pasado miércoles la ley no pudo ser sancionada por falta de quórum. Durante la discusión unos 30 diputados de la MUD se retiraron del hemiciclo, lo que fue aprovechado por los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que también abandonaron el salón logrando la suspensión de la sesión.
El episodio fue muy criticado en las redes sociales y provocó que el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba se disculpara en nombre de la oposición. Al otro día el Psuv también se valió del reglamento interno del Parlamento para retrasar la sanción al recordar que la Ley había sido modificada durante el debate y debía enviarse a la Comisión de Administración y Servicios antes de su aprobación final.
Los diputados de la MUD acusaron al partido de Gobierno de no querer que se apruebe el texto legal, que otorga la propiedad a las casas y condona la deuda de los actuales beneficiarios de la Gmvv con el Estado venezolano, porque el Ejecutivo desea “chantajear” a las personas amenazándolas con quitarles las viviendas si no votan por el oficialismo en los comicios. “Estoy seguro de que ustedes son propietarios de, por lo menos, una vivienda, ¿Por qué el pueblo venezolano no tiene el mismo derecho que ustedes?”, preguntó el diputado Oscar Ronderos (MUD).
El texto da un plazo de 6 meses al Gobierno para otorgar la propiedad a los beneficiarios y da la potestad a la las alcaldías y gobernaciones de formalizar este beneficio, si no lo hace el Ministerio de la Vivienda. También establece una comisión especial que hará un inventario de los urbanismos y los terrenos y contempla indemnizar a los propietarios de las tierras en las que se construyeron las casas
Esta es la cuarta Ley sancionada por la AN con lo que ya duplica, en tres meses, el número de leyes que el anterior Parlamento, dominado por el Psuv, envió al ejecutivo en seis meses. El presidente decidirá si firma la Ley, la devuelve a la AN con observaciones o la envía al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Foto: Cristian Hernández
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