La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece responsabilidades civiles y penales a los encargados en el país de garantizar la salud de los niños, niñas y adolescentes con insuficiencia renal.

Caracas. No borra las muertes de casi 10 niños, ocurridas en 2017, como consecuencia de la insalubridad existente en el J. M. de Los Ríos. Sin embargo, el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya dictado unas medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los niños que se encuentran en el área de Nefrología del hospital José Manuel de Los Ríos, ya establece medidas civiles y penales a los responsables, en este caso, el Estado venezolano.

Las organizaciones Cecodap, Centros Comunitarios de Aprendizaje y Prepara Familia, instaron entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017 medidas preventivas frente al desabastecimiento de medicamentos esenciales.

La solicitud la hicieron inicialmente ante el Tribunal de Protección del Niños, Niña y Adolescentes de Caracas. Sin embargo, el juez argumentó que no se habían presentado pruebas que indicaran desabastecimiento y aclaró que el Gobierno ya había emitido un Decreto de Emergencia Económica para proteger a la población en cuestión.

El dato

En el J. M. de Los Ríos hay actualmente 22 niños que necesitan someterse a tratamientos de diálisis.

En estos momentos, de las 16 máquinas, funcionan 6, de las cuales 1 es para casos positivos, es decir, para los niños que además están contaminado con Hepatitis C.

Una de las denuncias con la que se reforzó la petición de medida cautelar, es que demostraron que en el hospital existían graves deficiencias en el mantenimiento y suministro de agua potable, que las máquinas de gases venenosos del laboratorio y el aire acondicionado no funcionan y que hubo casos de filtraciones de aguas negras en las áreas de Nefrología, Neurocirugía y hasta en los quirófanos.

Tras la solicitud de ambas asociaciones, la comisión consideró que los menores que se encuentran en el área de Nefrología se hallan en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. En este sentido, consideró que las autoridades deben proporcionar un tratamiento médico que tome en cuenta, entre otros aspectos, el acceso a los medicamentos y procedimientos requeridos conforme a las recomendaciones de los expertos correspondientes.

Cabe destacar que los solicitantes de la medida destacaron que los niños y niñas con insuficiencia renal crónica no pueden acceder a trasplante de riñón desde que en mayo de 2017 el Ministerio de Salud suspendiera el programa en todo el país, y que las transfusiones tampoco se pueden garantizar por existir un déficit en los bancos de sangre.

Ante esta situación, los pacientes con estas patologías no tendrían otra alternativa que la diálisis.

Otros casos reportados a la CIDH fueron: 1. A finales de enero de 2018 ingresaron al hospital menores provenientes de diferentes partes del país con malaria y sarampión, pudiendo ocasionarse contagios y 2. entre el 21 y 22 de enero, seis niños habrían fallecido en este puesto asistencial luego de que las máquinas de oxígeno a las que estaban conectados se apagaron por un fallo eléctrico. En su último escrito, los solicitantes de las medidas también informaron que entre enero y febrero de 2018 fallecieron dos pacientes —uno de ellos infante— por difteria y sarampión, respectivamente.

Lee también
El hospital J.M. de Los Ríos lleva un mes sin quirófanos

Según Carlos Trapani, abogado de Cecodap, el Estado no puede pasar inadvertidos estos casos, pues se trata de derechos. “Son acciones que por omisión o por acción tendrán responsabilidades civiles, penales y administrativas, incluso para los jueces que, conociendo estos casos, se negaron a la protección de estos pequeños”.

La cifra

En promedio, el servicio de Nefrología pediátrica atiende 8500 consultas por año, de las cuales 2125 corresponden a pacientes crónicos.

Trapani aclaró que para los afectados por el fallecimiento de los niños hay una indemnización patrimonial del Estado, pues esas muertes se originaron por un mal servicio del hospital, en donde no hay medicinas, no hay tomógrafos, resonador, no hay reactivos para las pruebas, no hay mantenimiento preventivo.

Estamos hablando de que el Estado debe reconocer el problema y que, además, en estos momentos, no puede garantizar la atención. Por eso recomendamos a los organismos la cooperación internacional, es una cuestión de justicia para los niños. No pueden seguir negándose a dar respuestas. Tarde o temprano deben reconocer.

Respuestas a las protestas

Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, habló de las recientes acciones de los papás, quienes el pasado martes se encadenaron en las puertas del J. M. de Los Ríos.

Luego de esa acción, dijo, llegaron camiones pero no sabemos con qué tipo de medicamentos. Lo que sabemos es que después de la protesta llamaron a los padres, sin la asistencia nuestra, a una reunión en el Ministerio de Salud. Se reunieron con el viceministro Exavier Campos. Sin embargo, no hay fecha concreta de la llegada de los medicamentos. Les hicieron promesas y nada. Pero bueno, esto de las medidas es algo favorable, porque tienen que actuar a favor de los niños, no puede haber más muertes.

Martínez destacó que se va a crear una comisión con los padres para hacerle seguimiento al caso, pues necesitan inventariar la situación interna del hospital y en cuanto al hecho de proteger a niños con otras patologías, no descartó pedir la ampliación de las medidas.

Testimonios

Padres de pacientes no dan abasto para comprar medicinas y mantener el tratamiento de sus hijos:

Foto y video: Mabel Sarmiento



Participa en la conversación