Los obstáculos incluyen inhabilitaciones de los candidatos, retraso en la entrega del cronograma electoral y la posterior destitución de las autoridades escogidas por los electores.
Caracas. No será la primera vez. El Gobierno ya aplica y asoma algunos de los obstáculos que colocará a la oposición en la vía para las elecciones regionales que se realizarán en el mes de octubre. El chavismo tiene la necesidad valerse de viejos y nuevos “trucos” para lograr frenar la tendencia reflejada por las encuestadoras, que apuntan a que la oposición podría hacerse con 18 de las 23 gobernaciones en disputa. “Tengo el pálpito de que vamos a ganar las 23 gobernaciones (…) se imaginan a la oposición con una Gobernación, habría trancas todo el día”, dijo el presidente Maduro este martes.
La primera de estas artimañas fue “adelantar” los comicios regionales, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había anunciado para el 10 diciembre. Este adelanto es relativo, si se considera que las votaciones se debían hacer el año pasado. Para esto, el Gobierno se valió de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que “ordenó” al Poder Electoral realizar los comicios en octubre.
El árbitro electoral anunció que acataba la decisión de la Constituyente y que los partidos debían inscribir candidatos los dos días siguientes (domingo 13 y lunes 14 de agosto) mientras que las sustituciones de candidatos en la boleta electoral, solo podrían hacerse hasta el martes 15 de agosto. La decisión favorecía al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que propuso la medida en la Constituyente, y por lo tanto tenía sus candidatos listos, escogidos por la cúpula del partido, mientras que la oposición, que había anunciado que escogería a sus aspirantes por primarias, debió correr para lograr postular nombres en todas las regiones.
“La intención era agarrarnos fuera de base, pero no fue así porque estábamos preparados y logramos postular candidatos en todos los estados”, indicó el ingeniero Félix Arroyo, encargado de hacer las postulaciones por AD. El técnico agregó que ahora la oposición podrá hacer las primarias que tiene previstas el 10 de septiembre y sustituir a sus candidatos en la boleta —aunque ya no se modificará la foto de los que se postularon en un principio— cuando estén definidos sus aspirantes unitarios.
Una trampa adicional fue la resolución del CNE de prohibir que la tarjeta de la Unidad —el conocido emblema de la “manito”— pudiera inscribir abanderados en 7 estados, por el supuesto “fraude” de la MUD durante la solicitud del revocatorio el año pasado. “La idea era que inscribiéramos candidatos en los demás estados y después anular la tarjeta de la Unidad, la más votada en 2015. Esto iba a producir muchos votos nulos, porque el emblema iba a permanecer en el tarjetón, por eso decidimos no postular con la tarjeta unitaria”, agregó Arroyo.
El retraso en el cronograma
A pesar de que el CNE acortó el tiempo para las regionales, a dos meses de los comicios se desconoce la fecha en que se realizará las elecciones y el cronograma de las votaciones. Esto viola el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) que establece que, con la convocatoria a los comicios, también se debe dar a conocer el cronograma del proceso.
Conocer el cronograma del proceso es algo que ha tomado mayor importancia, tras la decisión del CNE de cambiar la empresa proveedora de servicios tecnológicos, luego de que Smartmatic, que trabajó con el Poder Electoral durante 13 años, denunciara que el ente electoral “manipuló” los datos de participación de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Conocer la fecha de cada una de las casi 20 auditorías que se suelen hacer en los comicios es clave para que la oposición se prepare para hacer estas revisiones y garantizar la transparencia del proceso.
Una de los aspectos fundamentales, por ejemplo, será que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tenga testigos en la sala de totalización para que no haya dudas sobre la cifra que arrojen las elecciones. También serán importantes las revisiones de la base de datos biométrica (captahuellas), la auditoría del software y de la producción de las máquinas de votación, la auditoría del software de totalización, la auditoría ciudadana con las papeletas contra las actas.
Arroyo aseveró que la oposición se prepara para un eventual retraso del cronograma que implique que las revisiones se tengan que hacer en tiempo reducido. “Nos estamos preparando. Si tenemos que hacer 3 ó 4 auditorías al día lo haremos”. Los técnicos de la MUD coinciden en que si se hacen estas revisiones y se cuenta con testigos en las mesas de votación no hay manera de que el Gobierno pueda hacer un fraude electoral sin ser detectado, pues se trata del mismo sistema que permitió a la MUD obtener dos tercios del Parlamento en los comicios de 2015.
Las inhabilitaciones, una vieja táctica
Los otros obstáculos ya han sido utilizados por el Gobierno en procesos anteriores. En primer lugar, está el uso de recursos y medios de comunicación públicos para promover a los aspirantes del Gobierno y atacar a los aspirantes de la Unidad.
En segundo lugar está la inhabilitación de los dirigentes de la MUD. Esta estrategia ya tiene meses en marcha. En abril de este año, la Contraloría General de la República inhabilitó por 15 años, para el ejercicio de cargos públicos, al gobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien no podrá aspirar a la reelección. La diputada Adriana D’Elia, quien se perfilaba como la sucesora de Capriles también fue inhabilitada por el mismo tiempo, a pocos días de las inscripciones de los aspirantes. El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, también fue inhabilitado por 15 años, mientras que al diputado Luis Lipa se le impuso la misma medida, por 13 años, luego de que se postuló como aspirante a la Gobernación de Apure.
Arroyo señaló que en estos casos, la Unidad Democrática simplemente sustituirá la postulación unitaria por otro nombre que decida la alianza. El problema se presenta si la inhabilitación se hace a menos de 10 días de los comicios, cuando ya no les está permitido a las organizaciones sustituir a sus aspirantes. “Si se llega hacer eso, pues va ser muy notoria la estrategia y es algo que todo el mundo va a reclamar”, expresó Arroyo.
La última “trampa” es la que viene después de las elecciones y también es conocida por el país: el encarcelamiento de los funcionarios electos y la anulación de las instituciones o dependencias que gane la oposición.
El primer ejemplo fue el de la alcaldía Metropolitana de Caracas luego de que fuera ganada por el opositor Antonio Ledezma en 2008. La Asamblea Nacional de la época, dominada por el chavismo, aprobó una Ley quitándole muchas de sus competencias y en 2015 el Gobierno arrestó al alcalde, acusándolo de formar parte de una conspiración contra el Gobierno. Ledezma permanece detenido y su sustituta, Helen Fernández, comanda una institución con competencias muy mermadas.
El constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseveró que los aspirantes a las gobernaciones deben contar con una “carta de buena conducta” de la Constituyente y aseveró que dirigentes de la MUD que se inscribieron ante el CNE, como Juan Requesens (Táchira), Carlos Paparoni (Mérida), José Manuel Olivares (Vargas) e Ismael García (Aragua) “no serán candidatos”.
En el caso de la Asamblea Nacional (AN) lo que se hizo fue anular, en la práctica, a un poder del Estado. El Gobierno se valió de “decretos de emergencias”, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —que controla el chavismo— y la instalación de la cuestionada ANC para anular las decisiones del Legislativo y despojarlo de sus competencias. De esta forma, las leyes que aprueba la AN no son publicadas en Gaceta Oficial ni acatadas por los otros poderes, el Gobierno no cumple con lo previsto en la Constitución y no se somete al Control del Parlamento, al punto de que juristas independientes señalan que en la práctica el Parlamento está “disuelto”.
Recientemente, Maduro usó otra táctica. Valiéndose del TSJ el Gobierno ha destituido, inhabilitado o apresado a 12 alcaldes opositores, mientras que casi la mitad de las autoridades municipales de la MUD tienen algún tipo de proceso judicial en su contra. Juristas y dirigentes de la Mesa no descartan que la ANC decida acabar con la figura de las gobernaciones en favor de algún tipo de “estado comunal”.
“Puede ser que al final no hagan las elecciones, pero si no inscribíamos candidatos las iban a hacer más rápido y suspenderlas les va a traer un costo político más alto”, argumentó Arroyo.
Foto referencial: Cristian Hernández
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