El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis, el Observatorio de Conflictividad Social y Espacio Público también denunciarán el agravamiento de la situación de las garantías fundamentales, en particular de los derechos a la alimentación y a la salud, al cual responsabilizarán por el éxodo de venezolanos.
Caracas. “Todas las personas son iguales ante la ley”. Así empieza el artículo 21 de la Constitución de 1999, el cual continúa prohibiendo expresamente “discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”; y ordenando a las autoridades garantizar “las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva”.
Sin embargo, para cuatro organizaciones de Derechos Humanos, esta disposición de la Carta Magna viene siendo vulnerada por el Gobierno de manera sistemática desde hace casi tres lustros y dicha violación se ha sofisticado en los últimos meses con mecanismos como el polémico carnet de la Patria o las cajas de comida que entregan los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); y así se lo harán saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su próximo período de sesiones, que se realizará en la Universidad de Colorado (EE. UU.).
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Espacio Público explicarán, el próximo 7 de octubre, a los miembros de la instancia hemisférica cómo el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha conseguido someter a parte de la población gracias al carnet y las cajas de alimentos.
“El carnet de la Patria no es otra cosa más que una mutación de la lista Tascón”, denunció la directora del Centro, Ligia Bolívar, quien explicó que en un país donde la escasez de alimentos y medicinas supera 80% y en el que hay una hiperinflación que hace prohibitivo adquirir productos importados para la mayoría de los ciudadanos, las autoridades han conseguido que la posibilidad de obtener o dejar de obtener determinados productos vitales, dependiendo de la disposición de los ciudadanos a apoyarlos o no, se ha convertido en un mecanismo de control social muy efectivo.
En similares términos se pronunció Marco Antonio Ponce, del OVCS, quien afirmó:
Cada día que pasa el Gobierno pretende vincular el disfrute de más derechos y beneficios a la posesión del carnet y tenemos denuncias de ciudadanos a los que se les han negado atención médica o alimentos por no poseerlo e incluso teniéndolo, presuntamente por sus ideas políticas, lo cual es discriminatorio”.
En el marco de las medidas económicas, el Presidente Maduro anunció que los venezolanos propietarios de vehículos que quieran seguirse beneficiando, aunque sea parcialmente, del subsidio a la gasolina deberán presentar la tarjeta; de lo contrario, tendrán que pagar el combustible a “precios internacionales”.
En la pasada campaña electoral el mandatario dejó en claro a los electores que votar por él era un requisito para seguir recibiendo cualquier beneficio social. “Yo le hago un llamado a todos los que tienen carnet de la Patria, (…) esto es dando y dando (…) 16.500 carnetizados y quiero protegerlos a todos, pero yo los llamo a votar el 20 de mayo a todos con el carnet de la Patria”, espetó en un mitín en Carabobo.
De mal en peor
Durante la audiencia las agrupaciones aprovecharán para informarle a los comisionados sobre el agravamiento de la crisis humanitaria que afronta el país, a la cual atribuyen no solo el incesante éxodo de ciudadanos sino también el aumento de la conflictividad.
La crisis social se ha ido agudizando con el paso de los meses y eso ha obligado a los ciudadanos a tomar las calles. En el primer semestre del año tenemos contabilizadas 7000 protestas y de mantenerse esta tendencia podríamos cerrar el año con más protestas que las 9000 del año pasado”, adelantó Ponce, quien informó que denunciarán que no solo las manifestaciones se mantienen sino también la respuesta de las autoridades.
“Ante el malestar social la respuesta del Gobierno sigue siendo la misma: represión”, dijo el activista, quien reveló que hasta ahora 14 personas han fallecido durante la represión a las protestas ocurridas este año, 98 % de las cuales son en reclamo por derechos sociales.
“De los 14 casos, tenemos relatos de testigos que atribuyen la responsabilidad a grupos paramilitares en siete de ellos”, remató.
Por su cuenta
Además de la audiencia sobre el carnet y de los Clap, la CIDH celebrará otras dos sobre Venezuela, una de las cuales la fijó ella misma y tiene que ver con la situación de las personas detenidas durante la actual crisis política.
Durante las protestas de 2017 más de 5000 personas fueron aprehendidas por participar en las mismas o por la sospecha de haber participado. Aunque la mayoría se encuentra en la actualidad en las calles, tras las rejas están 242 presos políticos.
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