El canciller Jorge Arreaza acudió este lunes a la instancia con sede en Ginebra y allí acusó al alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, de mentir al afirmar que el Gobierno ha cometido “crímenes contra la humanidad” durante las recientes protestas. Acusaciones que, sin embargo, fueron avaladas por víctimas y colaboradores de la removida fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en un acto posterior.

Caracas. La suspensión de “los derechos membresía al Consejo de Derechos Humanos de Venezuela”; es decir su expulsión de la instancia a la que ingresó en 2013, solicitó la organización no gubernamental UN Watch a la Asamblea General de Naciones Unidas, por considerar que el país está lejos de ser un modelo o un ejemplo en la materia de defensa y protección de las garantías fundamentales.

La agrupación, la cual tiene el carácter de “entidad consultiva especial”, realizó la petición en un proyecto de resolución que presentó la semana pasada y en el cual expresó su “indignación ante el número alarmante de muertes de civiles causadas por la escalada en la violencia perpetrada por las fuerzas del Gobierno” de Nicolás Maduro; y por los hallazgos que realizó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el cual en un informe difundido la semana pasada “documentó el uso sistemático del exceso de fuerza y detenciones arbitrarias contra manifestantes, y patrones de otras violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo redadas violentas en casas, tortura y maltrato de aquellos detenidos en conexión con las protestas; el uso de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes sin previo aviso; el uso sistemático y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional, la Policía Nacional y las fuerzas policiales locales, para inspirar el miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran a instituciones públicas a presentar sus peticiones”.

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Pero UN Watch no solo pidió a la ONU que saque a Venezuela del Consejo, sino que inste a las autoridades “a la liberación inmediata de todas las personas detenidas de forma arbitraria, incluyendo a todos los presos políticos”, a que cese “la intimidación, la persecución y los arrestos arbitrarios de individuos incluyendo líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas”; y a que “hagan su mayor esfuerzo para prevenir un deterioro aún mayor de la crisis y a que promueva una solución pacífica garantizando la seguridad de todos los civiles y la estabilidad del país”.

Haciendo amigos

Como estaba previsto el canciller Jorge Arreaza acudió este lunes al Consejo y allí arremetió contra el alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein, a quien acusó de “mentir” y de “ofender a su país” acusándolo de graves delitos “sin tener datos y sin rigor metodológico”.

El jefe de la diplomacia venezolana aseveró que los hechos de violencia ocurridos en el país en los últimos meses fueron responsabilidad de la oposición y de Estados Unidos.

“La mayoría de estas muertes son directamente atribuibles al accionar violento de los grupos antigubernamentales”, dijo sin explicar cómo sus adversarios y los agentes externos consiguieron que las fuerzas de seguridad cometieran 25 de las 121 muertes ocurridas durante la ola de protestas, según datos de la Fiscalía.

La réplica

La versión oficial no se quedó sin respuesta, pues UN Watch organizó un evento en el que participaron el director de Actuación Procesal del Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz, Zair Mundaray; el exembajador venezolano ante ONU, Diego Arria; y familiares de presos políticos como la esposa de Yon Goicoechea, Rosa Valentini.

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Durante el foro, Mundaray dijo que el Ministerio Público presidido por la Fiscal General removida por la Constituyente respalda el contenido del informe del Alto Comisionado e incluso considera que la situación actual del país “aún es peor” que lo descrito en el documento.

“En Venezuela no se castigan las violaciones a los Derechos Humanos sino que se les premia sonoramente”, denunció el funcionario, quien puso como ejemplo los casos del coronel Bladimir Lugo, responsable de la seguridad del Palacio Federal Legislativo; y de los generales Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional; y Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a los que quiso la Fiscalía durante las últimas semanas de la gestión de Ortega Díaz quiso procesar como responsables de abusos y excesos policiales y militares ocurridos durante las manifestaciones, pero el Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se lo impidieron.

Para Mundaray la polémica Operación de Liberación del Pueblo (OLP), el último plan contra el crimen en el que participan efectivos castrenses, fue un “ensayo preliminar” para responder al descontento social con extrema dureza y sin ningún tipo de control. Tras informar que desde la puesta en marcha de esta iniciativa, en agosto de 2015, 505 venezolanos fueron asesinados, el funcionario indicó que “antes de la toma militar del Ministerio Público (el 5 de agosto cuando la Constituyente destituyó a Ortega Díaz) habíamos procesado a 112 funcionarios policiales y militares y teníamos investigados a 1074 funcionarios por violaciones a los Derechos Humanos”.

Asimismo denunció que en el país se gesta “la imposición de un modelo político en el que  predomina una forma de pensamiento único y en función de ello se han alineado la totalidad de las instituciones y para el logro de ese objetivo se han usado una serie de mecanismos de control social que comportan la vulneración de derechos fundamentales” y puso como ejemplo la caja que venden los Comités Locales de Abastecimiento Locales (CLAP), donde sino se es miembro de un consejo comunal, se tiene un carnet de la patria o se es miembro de los CLAP se corre el riesgo de no recibir los alimentos.

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“Los ciudadanos más pobres no pueden decidir qué comer ni cuándo. Estas decisiones están en manos del Gobierno”, denunció, al tiempo que admitió que se usa la justicia penal para perseguir a la disidencia, mediante la construcción de casos y la siembra de evidencias; y puso como ejemplo los procesos contra Yon Goicoechea, Braulio Jatar o Gilbert Caro.

Por su parte, el exembajador venezolano en la ONU, Diego Arria, se mostró confiado que con esta información, más la suministrada por el Alto Comisionado y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, algún país que haya suscrito el Estatuto de Roma denunciara al presidente Nicolás Maduro o a otros funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional.

“Haré todo lo que sea necesario para que los Padrinos (por el Ministro de la Defensa), los Maduro y los Cabellos del mundo terminen en la plácida ciudad de La Haya”, concluyó en referencia a la sede del juzgado internacional.

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