La Fiscal General volvió a criticar un fallo de la Sala Constitucional, pero en esta ocasión no se quedó simplemente con los cuestionamientos sino que le pidió rectificar y ajustarse a las directrices del fallecido Hugo Chávez.
Caracas. Por segunda vez en dos meses, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, cuestionó un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero a diferencia de la primera ocasión, en esta no solo se quedó en las palabras, sino que interpuso una solicitud de aclaratoria, con la cual persigue que el dictamen se ajuste a la letra y espíritu de la Constitución y a las directrices del fallecido Hugo Chávez.
Al mediodía de este jueves, la jefa del Ministerio Público (MP) sorprendió a propios y extraños al acudir al máximo juzgado para interponer una acción contra la sentencia número 378, con la cual la intérprete de la Carta Magna avaló que la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro pueda ser elegida sin necesidad de someterla a un referendo previo, por considerar que la misma “es un retroceso en materia de Derechos Humanos”.
“Nuestra Constitución establece la progresividad de los Derechos Humanos y en ningún caso pueden ser desmejorados. Si nosotros aprobamos la Constitución en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo, a través de varios procesos de referendo, en consecuencia no se puede ir hacia atrás. Ahora se pretende vulnerar la progresividad de los DDHH mediante un proceso constituyente donde la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión. Eso vulnera la progresividad de los Derechos Humanos consagrados en esta Constitución”, afirmó, al tiempo que agregó que en el actual proceso los venezolanos “deben tener más participación o igual a la que tuvieron en 1999, porque de lo contrario sería un retroceso”.
Ortega Díaz pidió igualmente a la Sala que aclare “si se puede modificar el texto constitucional sin la aprobación del pueblo venezolano que es el único depositario del poder constituyente originario”.
En el dictamen la instancia no despejó la duda sobre si la eventual reforma o nueva Carta Magna que la instancia producirá debe ser sometida a las urnas para su aprobación. Esto en virtud de que ni el artículo 347, 348 y 349 señalan nada al respecto, pese a que tanto para las enmiendas como para las reformas sí establece esa obligación.
A finales de marzo, la Fiscal General cuestionó los fallos 155 y 156, los cuales en la práctica liquidaron a la Asamblea Nacional, por considerar que representaban una “ruptura del orden constitucional”. Pese al calado de la declaración no actuó contra ellas, pero tampoco ha aclarado si considera que la violación constitucional fue superada con las aclaratorias que la instancia judicial emitió días después.
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¿Volvimos al pasado?
Ortega Díaz también acusó a los magistrados de atentar contra la democracia protagónica y desenterrar el modelo representativo previsto en la derogada Constitución de 1961.
“¿Perdió vigencia la democracia participativa y protagónica y se revivió o está renovada la extinta democracia representativa? Porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participativa y protagónica, lo que le costó mucho al pueblo venezolano”, declaró, mientras esgrimía y leía algunos artículos del texto fundamental vigente.
Pero como si la llamada “Bicha” no fuera suficiente, la Fiscal apeló a las palabras del padre de esta, el fallecido presidente Hugo Chávez:
“Convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta. ¿Acaso le tenemos miedo a la soberanía popular? ¿No hablamos de democracia pues? La soberanía no es nuestra. No es del presidente de la República, no es del Congreso, aunque lo llamen soberano, no es de la Corte Suprema de Justicia ni de los tribunales. El único soberano aquí en la tierra es el pueblo venezolano”, dijo, al tiempo que agregó: “Es el pueblo el que debe participar y no ser reducido a una mínima expresión”.
Asimismo, solicitó a la Sala que le aclare: si el artículo 5 establece que la “soberanía reside en el pueblo”, entonces cómo es posible que en su sentencia 378 los poderes constituidos tengan más posibilidades de activar una Constituyente que los electores.
Los argumentos de Ortega Díaz son similares a los que esgrimió este domingo la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien declaró: “Ninguna Asamblea puede catalogarse como Constituyente si primero no bebe de la soberanía popular. Sus bases comiciales deben pasar por la aprobación universal y directa de todo el país. Es impensable elegir constituyentistas si todo el pueblo no aprobó antes cuáles serán los términos y condiciones de esa elección. Y luego, esos señores deberán volver a someter a la aprobación popular el producto de su labor”.
Por sorpresa
La decisión de la Fiscal General de acudir al TSJ era conocida solo por sus más estrechos colaboradores. Los periodistas fueron convocados minutos antes de que la funcionaria dejara su despacho frente a la plaza Parque Carabobo para ir a la sede judicial de la esquina de Dos Pilitas, todo esto para evitar que se repitiera un situación como la de la semana pasada, cuando una extraña falla eléctrica dejó sin luz al edificio principal del MP y forzó a cambiar la locación de su anterior comparecencia ante los medios.
Sin embargo, en el máximo juzgado otros problemas se presentaron. Personal de seguridad trató de impedir el acceso de algunos periodistas, incluso algunos de la Fiscalía, pero la intervención de funcionarios tanto del TSJ como del Ministerio Público permitieron superar el percance.
Foto: Ministerio Público
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