7523 personas murieron a manos de cuerpos policiales en el 2018, casi 2000 personas más en comparación al año pasado, considerando que fueron 5535, lo que representa un incremento de 36 %. “Condenamos que esta sea la única respuesta de política pública del Gobierno ya que actúan fuera del Estado de Derecho y es una violación a los Derechos Humanos”, dijo Roberto Briceño León.

Caracas. Venezuela se posiciona nuevamente en el 2018 como el país más violento del mundo con 23.047 homicidios durante el año y una tasa de 81,4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superando países como Honduras y El Salvador, que cerraron el año con un promedio de 60 muertes, de acuerdo al reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando una nación presenta un rango mayor de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes lo considera como un territorio en el que se extiende una “epidemia de violencia”. En Venezuela, 88% de sus municipios superan este promedio, es decir,  en 296 de un total de 335.

La investigación del OVV alertó que este año aumentaron considerablemente las muertes por resistencia a la autoridad, lo que en definitiva, según el director de la institución, Roberto Briceño León, son presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Reducir delincuentes, no es reducir la delincuencia. Este incremento dramático representa un aumento en la acción represiva en su peor forma y no un incremento de la seguridad ciudadana. Esto debilita la institucionalidad, imagen y por ende, el respeto hacia los cuerpos de seguridad, aseveró.

7523 personas murieron a manos de cuerpos policiales en el 2018, casi 2000 personas más en comparación al año pasado, considerando que fueron 5535, lo que representa un incremento de 36 %. “Condenamos que esta sea la única respuesta de política pública del Gobierno ya que actúan fuera del Estado de Derecho y es una violación a los derechos humanos, mucho más en un país en el que no existe la pena de muerte”, dijo Roberto Briceño León.

Aragua, además de ser el estado más violento del país, con un promedio de 168 muertes violentas, es decir, duplica la tasa nacional, también es en el que más venezolanos murieron a manos de cuerpos de seguridad, en lugar de bandas delictivas. La tasa de resistencia a la autoridad fue de 73, mientras que el promedio de homicidios a mano de la delincuencia fue de 58.

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El total de homicidios en el país por hampa común se ubicó en 10.422 y 5102 muertes se encuentran en etapa de averiguación. Briceño León explicó que Venezuela ha entrado en una nueva y distinta fase de censura, considerando que el Gobierno no ofrece data desde el 2004. El conteo cada vez es más difícil. Ya no solo observamos la forma tradicional de prohibición de salida de datos. Ahora ni siquiera hay un ingreso de datos a las fuentes oficiales, señaló.

Aunque la violencia en el país disminuyó 13 %, tomando en cuenta que el año pasado murieron 26.616 personas por causas violentas, el OVV apunta que hay una mayor cantidad de cifras negras y la misma crisis política, económica y social del país ha obligado a transformar las métodos de crímenes y delitos. En primer lugar, subrayan que la violencia se ha “generalizado y ruralizado”. Mientras en años anteriores la violencia era un fenómeno concentrado en las grandes ciudades, se ha ido concentrando en ciudades medianas, pequeñas y zonas rurales. “Adoptan modalidades de las bandas de zonas urbanas pero viven un estilo de vida rural. Salen, roban y regresan”, indicó.

Igualmente, estableció que la producción agroalimentaria se ha convertido en el nuevo botín de los delincuentes. “Mientras el empobrecimiento se agudiza, cambian las formas del delito y se incorporan nuevos actores. Surge con fuerza el delito en las zonas rurales, allí donde hay comida”, explicó. Briceño León. Igualmente resaltó que ese empobrecimiento y escasez de efectivo se ha vuelto poco rentable para los delincuentes. “El delito funciona en una relación entre los beneficios que se puedan obtener por delinquir y los riesgos-costos a los cuales está sometido. En el presente, ni siquiera la misma impunidad hace rentable la delincuencia”, comentó.

Por otro lado, reiteró que esta reducción de violencia puede ser resultado de la acción de exterminio policial y las autoridades podrían argumentar que ese es un resultado de sus actuaciones. Por último, atribuyó la emigración como un fenómeno que ha incidido en el decrecimiento de la tasa. Asevera que aunque considera que la mayoría de los 3,3 millones de venezolanos que han emigrado a otras fronteras, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son personas honesta, también cree que han emigrado delincuentes. No obstante, alerta que estos grandes movimientos poblacionales también afectan las modalidades y oportunidades del crimen del país, en cuanto a que los niños y adultos mayores abandonados se convierten “vulnerables a la acción depredadora de las bandas” y los jóvenes son susceptibles a incorporarse, voluntaria o forzosamente, a bandas delictivas, a quienes asumen como su “familia adoptiva”.

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Minería y narcotráfico como fuentes de homicidio

Los estados Bolívar y Sucre se encuentran entre las cinco entidades más peligrosas del país. Briceño León explica que esto se debe a que en estas regiones se manejan dos de los negocios ilícitos más grandes de Venezuela. En el caso de Bolívar, dos de sus municipios encabezan la tasa de muertes violentas en el país: Callao con 619,8 y Roscío, cuya capital es Guasipati, con 458,1. Superando el promedio de este estado que se ubicó en 107. En ambos lugares hay presencia de minería ilegal, lo que a su vez, en este año, el Observatorio determinó que ha colocado como nueva víctima a la población indígena, no solo por la promulgación de medidas gubernamentales que autorizan la explotación minera en sus territorios sino por la invasión de grupos armados nacionales y extranjeros y la carencia de protección por parte del Estado.

En total, son 20 municipios que superan una tasa de 200 homicidios por cada 100 mil habitantes. Entre ellos, dos pertenecen al estado Sucre, entidad que, por primera vez, se ubicó entre las cinco entidades más peligrosas. Briceño León lo atribuyó al incremento del crimen organizado en cuanto al narcotráfico. Sus puertos se han convertido en las principales puertas de salidas de droga del país. Este es el único estado en el que 24 % del móvil del suceso ocurrió por venganza. Aunque su tasa promedio de asesinato fue de 97, en los municipios Andrés Eloy Blanco y Valdez superó los 200. De hecho, de los 14 municipios que componen este Estado, solo 4 están por debajo de la media. En cuanto a Valdez explicó que se ubica en la Península de Paria, lugar donde se han establecido las principales banda de narcotráfico y Andrés Eloy Blanco ya que limita con la Troncal 10, una de las carreteras más importantes del oriente del país. Aseveró que allí las banda controlan el paso de mercancías.

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Las carreteras solo dan paso a los delincuentes

Briceño León explicó que este año se evidenció la presencia y el control de la delincuencia en las principales carreteras del país, aumentando los robos y asaltos a los transportistas que trasladan alimentos para distribuirlos por el país, lo cual ha repercutido en la estructura de costos y oferta de los productos. En el caso de la Troncal 10, que es una carretera masiva que atraviesa Sucre, Monagas y Bolívar, señaló que los comerciantes han denunciado que que viajan con las puertas de sus cavas amarradas para que las bandas observen que no tienen mercancía. Además, aseveró que por primera vez se notó un incremento de violencia en la zona central del país como los estados Cojedes, Guárico y Carabobo.

La «paz criminal» en estados fronterizos

La presencia de fuerzas militares, grupos guerrilleros y cuerpos de seguridad del Estado ha generado una especie de «paz criminal» en Táchira y Zulia, de acuerdo a Briceño León. En estas entidades hubo una disminución del delito. Mientras que Trujillo, que históricamente no tenía presencia de violencia duplicó la tasa de Táchira con 73 muertes violentas en comparación con el otro estado andino en el que se determinó un promedio de 34.

Por otro lado, Miranda (124) y Distrito Capital (100), pertenecen a las cinco entidades más peligrosas del país. Siendo los municipios Sucre y Libertador los más violentos. En el caso de Miranda las bandas delictivas también se han mudado des las zonas urbanas, en este caso, a la costa, a los sectores de Barlovento, Higuerote y Río Chico. Y, aunque Mérida sea el estado menos violento del país, su promedio de 25 muertes por cada cien mil habitantes, duplica los estándares de la OMS y, Nueva Esparta que es el segundo con menos homicidios con una tasa de 30, triplica los parámetros internacionales.

El OVV manifestó que ante el desamparo que resulta de la pérdida del Estado de Derecho y de las libertades públicas es necesario «profundizar nuestras convicciones democráticas, defender nuestros derechos ciudadanos y promover esos valores y comportamientos que históricamente nos han definido como pueblo solidario, ingenioso y promotor de justicia y libertad». Igualmente, aseveraron que la violencia actual puede ser prevenida y controlada. «No es una fatalidad irreversible», concluyeron.


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