Parlamento tiende un puente con militares rebeldes, exige su libertad y se solidariza con las familias

En el acuerdo, la Asamblea Nacional anuncia investigación contra el director de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, Iván Hernández, por presunta violación de derechos humanos de oficiales detenidos. En el debate, Edgar Zambrano (AD), denunció que los expedientes contra los militares venezolanos los monta “el G-2 cubano al servicio de oscuros intereses”.

Caracas. Son más de 151 los oficiales y civiles asimilados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que han sido detenidos —al menos un tercio en lo que va de año— según la investigación de la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN) por el presunto delito de conspiración. El presidente de la instancia, Edgar Zambrano (AD-Lara) denunció que detrás de todas esas detenciones estarían, por un lado, un conjunto de militares que han intentado hacer valer la letra de la Constitución, y por la otra, “oscuros intereses del G-2 cubano” que sería el ente responsable de montar los expedientes, dijo.

Nuestros militares son señalados por los expedientes montados por el servicio de inteligencia cubano, por supuesta traición a la Patria, motín, sustracción de armamentos, entre otros, afirmó Zambrano. Destacó que un grueso número de los detenidos en las últimas semanas son pilotos de la fuerza aérea y capitanes de la armada y se preguntó si ello no será parte de una trama para poner la defensa aérea y marítima de la nación en manos de “factores exógenos”. Zambrano concluyó afirmando que desde el gobierno “pretenden callar la voz altisonante de quienes tomaron las armas para defender a este pueblo y a la Patria”.

Así lo señaló el diputado este martes ante el pleno de la Asamblea Nacional durante el debate del “acuerdo en solidaridad ante la persecución política y la violación de los derechos humanos contra civiles y oficiales de la Fuerza Armada Nacional”. Desde el título del documento hasta el contenido de las intervenciones constituye un cambio en el discurso de la oposición hacia la Fuerza Armada, pasando de la generalización en las acusaciones de complicidad con el Gobierno, a lo visto hoy: el establecimiento de un puente entre quienes estando dentro de la FANB, se oponen a la violación de la Constitución y son por ello perseguidos.

Franco Cassella (VP-Miranda) expresó la solidaridad del Parlamento con los militares perseguidos y pidió crear una comisión que investigue las denuncias de violación de derechos humanos en su contra formuladas por sus familiares. Luis Barragán (VV-Aragua) afirmó que dentro de los cuarteles hay “muchos militares que se resisten a la situación del país y que respaldan al pueblo”. Y Julio César Moreno (UNT-Falcón) comparó el trato dado durante la etapa democrática a Hugo Chávez y el resto de los militares que lo acompañaron en el intento de golpe de Estado en 1992, con los “malos tratos y violaciones de derechos humanos” contra militares señalados de conspirar contra el gobierno actual.

El acuerdo aprobado por el pleno exige “la inmediata liberación de los presos políticos civiles y militares que hoy son encarcelados por defender o manifestar sus ideales”. Además de exigir respeto al debido proceso y cese de la violación de Derechos Humanos. Ademas, exigen al ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino, “que de forma expedita dé respuesta” a las solicitudes de información del Parlamento sobre los militares y civiles asimilados presos.

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Los diputados también responsabilizaron al Alto Mando Militar “por la complicidad institucional en la violación de los derechos fundamentales de los presos políticos militares” y anuncian la apertura de una investigación al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), General Iván Hernández Dala, al Jefe de Investigaciones del organismo, Coronel José Franco Quintero y su cadena de mando “por la presunta ejecución de torturas y violaciones a los Derechos Humanos de decenas de presos políticos”.

Finalmente, el Poder Legislativo expresa su solidaridad “a todos los miembros de la familia militar cuya actuación ha procurado el cumplimiento de nuestra Constitución”; se compromete a presentar las denuncias recabadas ante las instancias internacionales; y “remitir copia del presente acuerdo a todos los componentes y niveles de nuestra Fuerza Armada Nacional, en aras de hacer llegar el acompañamiento del Poder Legislativo y del pueblo de Venezuela a la situación de nuestra institución castrense”.

A continuación, el listado de militares y civiles asimilados a la FANB presos por razones políticas elaborado por la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional:

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Foto cortesía @AsambleaVE


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