La organización presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un nuevo informe, donde expone los nefastos efectos que ha tenido el último plan de seguridad del Gobierno para los habitantes de los sectores en los que se ha aplicado.

Caracas. El caso de los 12 campesinos detenidos ilegalmente, desaparecidos y ajusticiados por militares que participaban en la Operación Liberación del Pueblo (OLP) ha reabierto el debate sobre la conveniencia de esta iniciativa. Desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) volvieron a pedir su eliminación, pero no solo por hechos como los ocurridos en la región mirandina, sino también por su impacto en el derecho a la vivienda.

“1.490 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela han sido ‘recuperadas’ durante la ejecución de OLP a nivel nacional”, denunció la agrupación en el informe “La OLP y el derecho a la vivienda” que este viernes presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el que acusó a las autoridades de utilizar la propiedad “como posible mecanismo de castigo para aquellas familias en las que alguno de sus miembros esté presuntamente involucrado en la comisión de delitos”.

Provea, en su reporte, el segundo que presentó al organismo sobre este plan contra el crimen, recordó que los desalojos ocurridos en los urbanismos construidos por el Gobierno van a contracorriente de lo establecido por las Naciones Unidas, la cual ha indicado que es necesario que las personas a ser desalojadas sean notificadas previamente y que se les garantice la posibilidad de recurrir la decisión.

El pasado 27 de julio de 2015, el presidente Nicolás Maduro justificó este tipo de medidas afirmando: “Aquel que utilice su casa de la Misión Vivienda para atracar, para bachaquear o para narcotráfico ya se las voy a quitar”.

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Pero el derecho a la vivienda no solo se ha visto afectado por los desalojos, sino también por otro tipo de actuaciones irregulares, tales como los allanamientos masivos.

Provea, citando cifras del Ministerio del Interior, informó a la CIDH que más de 18.000 viviendas han sido objeto de “inspecciones” o “auditorías” en este año y medio, pero “en ninguno de los casos (…) contaron con una orden judicial. Igualmente, en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos. Se han reportado numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales”.

La organización, que entrevistó a decenas de afectados, también reportó que en muchos de estos casos se produjeron hurtos de enseres e incluso se llegaron a destruir algunas residencias, tal y como ocurrió en el kilómetro 3 de la Carretera Panamericana.

“El OLP criminaliza a los más pobres, pero además, por sus efectos, no solo está impactando negativamente en la garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, sino que también está vulnerando la realización y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. No hay antecedentes en Venezuela de un operativo policial que haya tenido un impacto tan negativo en la garantía del derecho humano a una vivienda adecuada” (sic), sentenció la agrupación.

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