El abogado del dirigente político asevera que el aislamiento es un método sistemático que ha ido aplicando el Sebin a los presos políticos.

Caracas. 15 días tiene Roberto Marrero sin recibir visitas de sus familiares y abogados. “Los funcionarios del Sebin nos dicen que esperan órdenes superiores. O sea, órdenes presidenciales. Recordemos que el Sebin es un ente adscrito a la vicepresidencia, la cual se reporta a Maduro”, dijo Joel García, abogado de Marrero.

La última vez que sus allegados y equipo defensor lo vieron fue el pasado 28 de marzo durante su audiencia de presentación, en donde lo acusaron por los presuntos delitos de asociación para delinquir, legitimización de capitales, conspiración y tenencia ilícita de armas y explosivos.

Marrero es abogado, dirigente de Voluntad Popular y jefe de despacho de quien se proclamó como presidente encargado ante la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó. Desde el 21 de marzo se encuentra detenido arbitrariamente en El Helicoide.

Este método de aislamiento por parte del Sebin impuesto hacia los reclusos no es nuevo, según afirma García, quien también es abogado del diputado Juan Requesens, detenido igualmente en El Helicoide desde agosto de 2018.

“Juan pudo ver a sus familiares luego de dos meses. Esta incomunicación viola todas las leyes venezolanas”, acotó García.

Por otro lado, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, manifestó ayer 11 de abril que en la información recogida del teléfono de Marrero se encontró una supuesta planificación terrorista, que pretendía apropiarse de fondos de Venezuela y realizar atentados. Además, lo culpó de las fallas en los suministros de electricidad y agua.

A este nuevo grupo de acción, que, de acuerdo a su criterio es la “más gigantesca operación política y financiera que se ha perpetrado en Venezuela” lo denominó Cocoon 2.0 y supuestamente lo integran: Juan Guaidó, Freddy Guevara, Leopoldo López, Octavio Lara, Carlos Vecchio, Enrique Sánchez Falcón, Fernando Martínez Mottola, Gerardo Blyde, Gustavo Tarre, José Ignacio Hernández, Juan Andrés Mejía, Juan Carlos Gutierrez, Julio Castillo, Sergio Vergara, Victorino, Gina Montiel, Ricardo Hausmann, Douglas Barrios, Mike Penfold, José Joaquín Da Silva, Luis Vezga Godoy y Tuto Quiroga.

Según Rodríguez en el transcurso de las investigaciones y por confesión voluntaria de Marrero este grupo contrató a extranjeros con el objetivo de “atacar instituciones públicas del país y dirigentes del chavismo”.

Para Joel García esta supuesta confesión no tiene validez. “Para que una confesión sea legítima debe ser realizada ante un tribunal con la presencia de un juez, el Ministerio Público y su defensa”, dijo.

El artículo 49 de la Constitución establece que “ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. Además, también estipula que la confesión solo tendrá validez si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Igualmente, García explicó que Rodríguez no debería manejar esa información, pues esto  significa que el Ministerio Público está violando la ley,  de acuerdo al artículo 285 donde señala que entre las atribuciones de la Fiscalía se encuentra “ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”.

La audiencia preliminar de Marrero correspondería realizarse la segunda semana de mayo luego que transcurran los 45 días de investigación. Igualmente, el pasado 22 de marzo, diputados ante la Asamblea Nacional informaron que el caso de Marrero será llevado a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) y la Unión Interparlamentaria.

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