Salazar Carreño, primo del exembajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez; y el empresario José Enrique Luongo, detenido el pasado sábado, están a la orden del tribunal sexto de control de Caracas, los acusan por los delitos de legitimación de capitales, asocación  para delinquir y corrupción impropia.

Caracas. “El Ministerio Público no adelanta una información previa a una acción judicial”, así fue como el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, respondió al referirse a la posibilidad de imputar por los casos de corrupción en Pdvsa a Rafael Ramírez, quien hasta hace horas era el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y quien fuera el hombre fuete de Hugo Chávez.

Pero la cautela de Saab no ha sido tal frente a Diego Salazar Carreño, hoy detenido y primo hermano del funcionario que tuvo durante más de una década el poder del petróleo en Venezuela antes de ser enviado a Naciones Unidas.

Para el Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la “trama nauseabunda de Andorra” tiene a Salazar Carreño como el personaje central, que habría lavado desde el 2006 —cuando Ramírez estaba en pleno ejercicio como Ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa— más de 4200 millones de euros que pertenecían a los venezolanos.

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La detención del familiar de Ramírez es “el cierre de una época y el inicio de otra”, según Saab, quien aseguró que esta “trama” tiene a unos 40 implicados.

Salazar Carreño y el empresario José Enrique Luongo, detenido el pasado sábado, están a la orden del tribunal sexto de control de Caracas. La acusación fiscal es por los delitos de legitimación de capitales, asocación para delinquir y corrupción impropia.

Saab ratificó que Luongo habría transferido 192 millones de euros blanqueados a una cuenta de Salazar Carreño.

Nervis Villalobos: el “segundo cabecilla”

El fiscal general informó que pedirán a las autoridades españolas la extradición de Nervis Villalobos, el exviceministro de Energía Eléctrica detenido en la nación ibérica y a quien no dudó en precalificar como “el segundo cabecilla” de la “novela negra” de Andorra, la banca privada a donde iría a parar el dinero sucio producto de las comisiones cobradas a cambio de contratos con Pdvsa.

“Aparece como el segundo cabecilla de esta organización criminal”, sentenció Saab, quien expresó su deseo de lograr la colaboración del Ministerio Público de España para que “facilite el trabajo de extradición de este ciudadano”.

Dijo que Villalobos lideró la compra de Lacteos Los Andes por parte de Pdvsa en 2008, operación que le costó a la nación más de 201 millones 500 mil dólares, a través de una empresa fantasma. El entonces funcionario de Pdvsa habría cobrado una comisión de 10 millones de dólares.

El ex alto funcionario, detenido en España, estaría vinculado con “13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 la cantidad de 196.918.224 euros”, según Saab.

Luisa Ortega Díaz “protegió a la mafia de Andorra”

Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la ANC, sería una de las “corresponsables de esta trama asquerosa de Andorra”, estimó Saab, porque habría ordenado cerrar el expediente.

“Aquí se hizo un aguaje de investigar”, dijo sobre su antecesora, a quien ni siquiera quiso nombrar. La acusó de “enterrar el expediente” sobre las comisiones cobradas desde Pdvsa y “echarle tierra” al caso contra el primo hermano de Rafael Ramírez.

“Qué vergüenza y qué situación tan nauseabunda”, dijo al referirse a la supuesta actuación de Ortega Díaz. “El antiguo Ministerio Publico protegió a Diego Salazar y a toda su mafia delictiva”, apuntó.

El buque fantasma que casi volaba

“Navegaba y volaba”. La ironía la usó el fiscal nombrado por la Constituyente para referirse a la orden de captura contra seis exfuncionarios de Pdvsa que alquilaron un “buque fantasma”, para lucrarse con el dinero del patrimonio público.

El caso está en manos del tribunal 1° de control. Las solicitudes de aprehensión son contra Romer Antonio Valdez Prieto, expresidente de Pdvsa Servicios, Jesús Figueroa, Lionel Euclides Valdez, Adelso Molero, Elías Roa y Rafael Rodríguez.

Ellos habrían alquilado el barco Petro Saudi Saturn, propiedad de una empresa fantasma registrada en Barbados, en el año 2010 para la explotación de gas Costa Afuera en el marco del Proyecto Mariscal Sucre.

Explicó que se firmó por 7 años —cuando lo normal es una contratación de 3 años— y por un monto de 461.000 dólares diarios de alquiler. Resaltó que embarcaciones en mejor estado cobraban 350.000 dólares al día.

El daño patrimonial fue de 1175 millones 300.000 dólares “que se pagarían aún cuando el barco  estuviera inoperativo”.

“Estuvo 60 % del tiempo inoperativo”, acoto Tarek William Saab, quien informó que los delitos perpetrados serían peculado doloso, asociación  para delinquir y evasión de proceso licitatorio.

Foto: AVN



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