El fiscal general designado por la Constituyente anunció la creación de una oficina que recibirá las denuncias de ciudadanos que hayan sido extorsionados por fiscales, así como el inicio de investigaciones por el uso de niños en manifestaciones y una revisión de los casos relacionados con muertes en barricadas y crímenes de odio.

Caracas. La entrega de los procesos que la justicia militar tiene contra civiles que participaron en la ola de protestas que en la actualidad sacude a Venezuela solicitará el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien consideró que su antecesora, Luisa Ortega Díaz, “hizo poco al respecto”.

El anuncio lo hizo el funcionario en su segunda rueda de prensa, celebrada este viernes, donde informó que tras una revisión “preliminar” realizada junto con la Corte Marcial, se encontraron con 72 casos de venezolanos que no siendo miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han sido presentados e imputados por jueces castrenses, a pesar de que el artículo 261 de la Constitución establece: La comisión de delitos comunes, violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.

Hemos revisado un grupo de casos para que la jurisdicción militar decline ante la penal ordinaria. Es nuestra intención que esto ocurra lo más pronto posible, afirmó Saab, quien agregó: Corresponde al TSJ dirimir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales; y en ese sentido en cada caso de civiles que hayan sido presentados ante tribunales militares y acusados por un delito militar se solicitará ante el TSJ que dirima si efectivamente corresponde a esa jurisdicción conocer ese delito.

Pese a que el Fiscal provisorio consideró que la gestión anterior del Ministerio Público hizo poco para corregir esta situación irregular, la cual ha sido cuestionada por organismos internacionales, en las últimas semanas, fiscales interpusieron al menos una docena de solicitudes ante los tribunales penales ordinarios o militares para conseguir que los primeros asumieran las causas y que los segundos se desprendieran de los mismos, pero ninguna petición fue respondida positivamente.

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El caso del magistrado designado por la Asamblea Nacional, Ángel Zerpa, fue uno de los últimos.

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En su comparecencia de este viernes, Saab realizó numerosos anuncios, entre ellos la creación de una oficina especial que se encargará de recibir las denuncias de ciudadanos que hayan sido víctimas de la red de “extorsión y chantaje” que, aseguró, opera en ese organismo.

Se ha tasado en dólares no solamente si imputas o no a un ciudadano culpable o inocente, pero también ha tasado en dólares si acusas o no a esa persona y tasado en dólares si terminas sobreseyendo o no la causa, reiteró, al tiempo que agregó: Para que hayan hecho esto funcionarios de esta institución debieron haber tenido un mal ejemplo de máximas autoridades y también seguramente la complicidad de algunos cuerpos policiales.

Tras asegurar que la reestructuración que hará en el organismo también permitirá que “esa red que se enquistó aquí salga a flote no solo en términos de indicios, sino con plenas pruebas”, Saab alertó: “Funcionario que consigamos en esta actitud les puedo asegurar que lo vamos a poner a la orden de los tribunales y vamos colocar su nombre y apellido para que toda la nación lo sepan (…) quienes estaban en eso que cesen en su función o que pongan sus cargos a la orden de una buena vez”.

Instantes antes, al referirse a los cambios que sufrirá el Ministerio Público, el fiscal general provisorio los justificó afirmando que estos buscan “simplificar” y “optimizar” la función del organismo garante de la legalidad.

“Vamos a revisar la pertinencia, por ejemplo, de nada más y nada menos que de 250 cargos directivos y de alto nivel” y de “más de 12.000 funcionarios”.

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Asimismo, anunció que ordenó la apertura de investigaciones por la tala y quema de árboles en las protestas y el uso de niños en estas. Tras revelar que la razón que le adujeron para que no hubiera ninguna averiguación en ambos casos fue que nadie formuló una denuncia, Saab calificó de “excusa baladí” la misma y recordó que su ahora despacho puede iniciar investigaciones de oficio, por noticia criminis.

Contra Ortega Díaz

Como en su primera intervención, el fiscal provisorio fustigó con dureza la actuación de su antecesora, en particular en los últimos meses; pero en esta ocasión dejó entrever algunas irregularidades, como la creación de la Gaceta Fiscal, la cual dijo “se hizo con fines inconfesables”.

Consultado sobre el anuncio de Ortega Díaz de que continuará las investigaciones de casos como Odebrecht y de violaciones a los Derechos Humanos que venía llevando, Saab se mofó diciendo: “¿Las va a adelantar desde dónde? ¿Desde una ONG? por que aquí no ¿Desde su casa? Las únicas personas con competencia para adelantar averiguaciones con carácter de Estado y oficiales desde el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Defensoría del Pueblo son quienes están en el ejercicio de su cargo”.

Foto: AVN



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