El activista social e integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución señaló que con el Arco Minero se pasa “del rentismo petrolero al rentismo coltanero”.
Caracas. La vida de Santiago Arconada siempre ha estado ligada a las luchas sociales y comunitarias. Fue dirigente sindical de la industria textil y un reconocido luchador social en los años previos a la llegada de Hugo Chávez a la presidencia. Una vez que inicia la revolución bolivariana es nombrado como gerente comunitario de Hidrocapital y, poco después, asesor de Hidroven en la conformación de las mesas técnicas de agua. También fue profesor de la Universidad Indígena de Venezuela.
“Me siento más identificado como militante del proceso bolivariano, que como partícipe de uno de los chavismos en boga”, aclara cuando se le consulta sobre su distanciamiento del gobierno de Maduro.
Luego de la acotación, explica que siempre tuvo un “conflicto permanente” en contra del “poder vertical jerárquico” que se ejerce en las instituciones del Estado. Arconada, quien forma parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, tiene grabada en su memoria la fecha en que ese conflicto se convirtió en una separación: el 24 de febrero de 2016, fecha en la que Maduro, en una alocución, presentó el decreto sobre el Arco Minero.
Fue el momento que yo sentí que tenía que enfrentar concretamente un decreto del Presidente, porque lo consideraba una agresión al pueblo de Venezuela en su conjunto”.
El investigador social explica que sigue militando en el proceso bolivariano y defiende con vehemencia el legado “filosófico histórico” de Hugo Chávez que es “haber resucitado a Bolívar para el pueblo de Venezuela”. Sin embargo, con el mismo ímpetu denuncia que la Constituyente convocada por Maduro es una “usurpación” de la soberanía popular y no deja de admitir que durante la revolución bolivariana se profundizó el rentismo petrolero, se produjo el “desfalco más grande de la historia republicana” y existe una creciente militarización.
¿Cuáles son los mayores peligros del decreto del Arco Minero?
—Es una agresión a todo lo que nos importa: a la vida, a la soberanía, al agua, al aire, a la biodiversidad, a los pueblos indígenas, a la posibilidad de ser pluriétnicos y multiculturales, como dice el preámbulo de la Constitución. El Arco Minero es brincar del rentismo petrolero al rentismo coltanero, sin siquiera haber sistematizado la experiencia.
Cuando llegó el presidente Chávez se habló de tratar de salir de esa dependencia petrolera, sin embargo, pareciera que el modelo rentista se ha mantenido y hasta parece haberse profundizado…
—Yo creo que se ha profundizado y no es que yo lo crea, ahí están los números. En el año 1998, el componente no petrolero de las exportaciones podía alcanzar a un 20 % ó 25 % y en el año presente, o 2016, estamos hablando escasamente de un 4 %. 96 % de las exportaciones totales son de la industria petrolera, ese número no admite discusión.
Según el presidente Maduro, la Constituyente serviría para corregir el modelo rentista. ¿Cree que eso es así?
—Yo he planteado que no podemos reescribir la Constitución a conveniencia. La explicación para un escolar del sexto grado de la diferencia entre el artículo 347 y 348 de la Constitución es relativamente sencilla de hacer. En el 347 se dice: “el pueblo podrá convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”. Dice el pueblo, no el Presidente ni la Asamblea Nacional (AN), dice el pueblo.
Y en el artículo 348 se le pone paticas a ese proceso de preguntarle al pueblo su voluntad de una ANC y establece tres: que el Presidente y el consejo de ministros diga ‘vamos a convocar una ANC’, o sea tenemos la iniciativa para que se active el llamado a ver si se está de acuerdo o no con una Constituyente; las dos terceras partes de la AN y 15 % de los electores. Son tres alternativas para esa posible resolución por parte del pueblo, de que quiero que haya cambio constitucional. Esas tres posibilidades tienen que pasar forzosamente porque el conjunto del pueblo diga si quiere o no ANC. Toda pretensión de convocatoria de ANC alguna que no sea posterior a un referendo en el que se le consulte al pueblo de Venezuela su voluntad, sobre cambiar la Constitución, es una usurpación de la soberanía popular.
Y con la usurpación de la soberanía popular no se negocia, ni se discute, ni se analizan las bases comiciales.
Si yo hubiera dado la pelea porque las bases comiciales fueran democráticas y no fueran corporativas, no fueran fascistas —no digo yo en lo personal, sino colectivamente— le hubiéramos hecho el mayor favor al capitalismo mundial, porque entonces ahí, siendo democrática, pudiera haber pensado la MUD: vamos a cogernos la Constituyente y las elecciones generales que estábamos pidiendo son esas, como estaban diciendo muchos otros por ahí. Eso sería si verdaderamente fuera una elección democrática, universal, directa y secreta: un voto, un ciudadano y no ese cuento chimbo de que hay unos sectores y unas cosas, con las que estoy diciendo, por todo el cañon:
“Te voy a clavar media ANC ya controlada previamente, con resultados previamente controlados, con registros previamente controlados y tú vas a hacer una cosa territorial ahí para meter la coba, en la cual violo descaradamente el principio de la proporcionalidad y le pongo el mismo número de diputados a un municipio con miles de habitantes que a otro que tiene muy poquitos habitantes”.
Por eso es que uno no podía entrar a discutir las bases comiciales, porque lo esencial, lo ético, era en todo momento decir: mientras no se consulte a la voluntad popular sobre el cambio de la Constituyente, eso es usurpación de la soberanía popular, es delito y van presos, en teoría, los que se asociaron para cometer el delito: el Presidente, pasando por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Es tan delito como el plebiscito del 16 [de julio].
[irp posts=”61414″ name=”José Virtuoso: ANC será la “constitucionalización” de una dictadura militar socialista”]¿También lo considera un delito?
—Desde la pretensión de la constitución de un estado paralelo para poder posibilitar las bases reales de una guerra civil: dos estados, dos gobiernos, dos poderes y, cuando sea necesario, dos ejércitos.
¿Cree que ese es un escenario posible en Venezuela?
—Sí. El 16 y el 30 son operaciones paralelas destinadas a posibilitar una guerra civil.
¿Hay manera de evitar esa guerra civil?
—Aislando a quienes quieren esa guerra civil. En el lado del Gobierno quieren la guerra civil los que quieren esconder el desfalco de los 300.000 millones de dólares, en el lado de la MUD quieren la guerra los que dicen: “No basta una derrota electoral”.
Si la MUD se conforma con derrotar al PSUV en unas elecciones eso es efímero, a las siguientes elecciones puede perder el poder, porque el proceso bolivariano puede depurarse de la corrupción y encontrar caminos y la manera de quitarse de encima el lastre de estar empatucados del mayor desfalco de la historia republicana de este país, que no puede dar dos pasos si no se sacude de eso. El mayor logro del proceso bolivariano es habernos imaginado como la posibilidad de una derivación hacia otra parte distinta a la que manda la lógica capitalista, eso es, hoy por hoy, reivindicable.
En un artículo que escribió junto con Edgardo Lander señalan que ante el clima económico que vivimos la reacción popular no ha sido la que se podría haber esperado. ¿Por qué ha sido así?
—La herida que nos causó el bachaqueo es una herida que no está cicatrizada todavía, entre otras cosas porque el bachaqueo no se ha acabado. El gas doméstico también es bachaqueable.
Cuando yo me tengo que confrontar con el dato real de que un compañero que conozco increpa a un dirigente de una UBCh en Valencia, que está a la vista de la cola sacando mercancía que no estaba coordinada ni ordenada, y le pregunta qué van hacer y responden: ‘calla a ese carajo, que si roban arriba, robamos abajo’. El que no comprenda que eso pasó y eso dañó y puso al vecino a colocar en la puerta de su casa tres paquetes de harina Pan y tres paquetes de café, a unos precios que significaban clavarle una puñalada a su vecino… Eso nos pasó y ¿nos vamos a hacer los locos? Sí nos pasó y yo no puedo decir que eso es lo que yo me esperaba, yo me esperaba la exigencia de control popular, que no fue lo que se hizo.
Todos esos operativos de la Sundde lo que terminaban era en bachaqueo, como fue demostrado reiteradas veces. Que más le puedo decir que lo que dijo el Presidente Maduro de Abastos Bicentenario: eso está podrido. Lamentablemente, el jefe máximo de abastos bicentenario, que era el general Carlos Osorio, fue ascendido y los responsables fueron presuntamente presos. Nadie sabe si siguen presos o parte del acuerdo era pasar un rato por la cárcel para poder disfrutar los millones de la corrupción.
Cuando salió Edmée Betancourt a decir: ‘se han patinado 22.500 millones de dólares’, nadie le dijo mentirosa. La botaron de su puesto pero nadie la llamó mentirosa y si no la llamaron mentirosa ¿Cómo quedó su denuncia? Confirmada y entonces dice la gente abajo ¿y yo qué? Si lo que procede arriba es esa actitud frente al manejo de los bienes públicos, ¿por qué no le voy a cobrar al vecino 10 veces el valor a un paquete de harina Pan?
Ve que la composición del Gobierno es distinta a la de 1998. ¿Hay mayor presencia de militares ahora? ¿Van a tener un papel más preponderante en la dirección del Gobierno?
—Eso es como el número del rentismo. Si tú sacas la nómina de los puestos de dirección del Estado y de los distintos ministerios del Gobierno, en los que hay presencia militar en posiciones dirigentes, eso habla por sí solo y esa es una estadística. Me preocupa que no se tenga claro que cuando un militar llega a una institución pública no se vale el: ‘¡Firme!’ Él llegó a una institución civil y él puede ser militar pero no vale el ¡Firme! y lo que yo lamentaría es que yo he escuchado mucho: ‘¡Párese firme, no pregunte, no discuta!’
Esa es una malformación preocupante en ámbitos como el del servicio de agua potable, el no entender que hay una organización comunitaria desde 1999 y que es desde esa organización comunitaria que el presidente Chávez llegó a decir: “Estoy enamorado de las mesas técnicas de agua”, porque fueron su primera política pública de transformar los problemas del pueblo en motores de organización popular, como efectivamente ha sido el agua y se ha mantenido en el tiempo. Instituciones comunitarias con 10 años de vida y más y algunas, como el consejo comunitario de Antímano, que tienen más que el Gobierno bolivariano porque viene del gobierno municipal de Aristóbulo Istúriz.
Esa organización comunitaria ha tenido una relación con la empresa hidrológica, una relación de procesamiento de información. Eso tiene que seguir ahora independientemente de que el presidente de Hidrocapital sea militar. No coloco una objeción a priori porque sea militar. Tú eres militar y llegaste a una organización civil en la que los términos militares de obediencia ciega, jerárquica, de arriba para abajo no funcionan. Tienes que hablar con la gente y discutir con la gente en otros términos, eso es lo que me parece preocupante.
[irp posts=”61455″ name=”Galindo: “El poder para legislar lo tendrá la Constituyente””]¿El clientelismo no ha debilitado a las organizaciones populares?
—Ese ha sido siempre un planteamiento. Debo decir que cuando arrancaron las organizaciones populares a las que yo me dediqué durante el gobierno bolivariano, que son básicamente las mesas técnicas de agua y los consejos técnicos de agua, el barril de petróleo costaba 7 dólares y producirlo costaba 5, entonces en ese tiempo no tenía mucho sentido ser rentista porque no había renta.
Se funcionaba con entusiasmo, idealismo, con bolivarianismo, con la sensación de que podías producir la respuesta a 40 años de necesidades acumuladas por parte de la población, que tenían que expresarse inmediatamente porque había llegado el presidente Chávez que era la esperanza y había que responder a eso y se respondió. Si no hubiese sido así, el presidente Chávez no gana en el 2006 generando la votación, en términos absolutos, y relativos, que es un récord en la historia.
El clientelismo es otra cosa, cuando el Ejecutivo siembra clientes no puede cosechar che guevaras ¿Cómo se siembran clientes? Se siembran diciendo lo que dice el ministro [Ricardo] Molina de que la gente que no esté con el Gobierno no vaya a buscar las bolsas del Clap, o no vaya a la Misión Vivienda Venezuela. Eso es una manifestación abierta de peculado de uso. Es decir, estoy utilizando los recursos del presupuesto nacional para incrementar el poder político del partido al que pertenezco.
¿Eso no lo hizo el presidente Chávez también?
—No.
¿Nunca usó los recursos públicos a favor del partido?
—Yo no conozco que lo haya hecho y puedo pensar en expresiones que expresen directamente el sentimiento contrario. El sentimiento de que los derechos del pueblo a exigirle al Gobierno, de una manera no sesgada políticamente, los beneficios —para hablar en los términos clientelares que estamos criticando— era totalmente un discurso distinto. El presidente Chávez jamás llegó a decir algo como lo del ministro Molina.
¿Cómo evalúa el papel de la Fiscal General?
—Ella fue la que el 31 de marzo asumió la responsabilidad histórica de decir que estábamos ante la ruptura del orden constitucional y que las sentencias 155 y 156 eran un cambio del modelo de estado que estaba planteado en la Constitución y tanta fuerza tuvo que, en horas, el Presidente montó el Consejo Nacional de Defensa que terminó exhortando a una instancia constitucional del TSJ, que no puede revisar sus sentencias. No solo las revisó, sino que las cambió y produjo las sentencias 157 y158 que, dejando el daño, lo maquillaron, pero significaban mucho.
Había hablado un poder del Estado, el Ministerio Público (MP), y había dicho: ‘esto no está bien, aquí se ha roto el hilo constitucional’, ese personaje, ese día, cobró para mí la autoridad necesaria porque estaba diciendo lo que había que decir ese día. De ahí en adelante intentó enfrentar la ANC convocada por el presidente Maduro y a ese CNE concreto. Frente a ese llamado ella dijo: ‘unidad’ y eso era lo que había que decir en ese momento y había que apoyarla y yo la apoyé.
Nosotros seguimos esperando, los que demandamos al gobierno del Presidente Maduro por el Arco Minero, seguimos esperando su opinión como fiscal en el juicio del Arco porque es tremendamente importante en la solicitud de nulidad por inconstitucional e ilegal del decreto. Esa es una expectativa que tenemos y yo tengo otra adicional, que tiene que ver con el hecho de que es poseedora de una información que fue a buscar a Brasil, sobre hechos abiertos de corrupción en Venezuela por parte de empresas brasileñas y que tienen la obligatoriedad de ser conocidos por el pueblo de Venezuela.
¿No le dijeron nada? ¿Todo el mundo salió bien? ¿Nadie se cogió media puya? Muy bien, esa es una información muy buena y nos alegraría, pero si hay bastante corrupción, aquí estamos esperando.
[irp posts=”61134″ name=”Esposa y suegra del exministro El Troudi primeras citadas por la Fiscalía por el caso Odebrecht”]Mientras hablábamos salió la información de que se imputó a dos personas por el caso de Odebrecht…
—Felicito esa información, es lo que estaba esperando en buena fe.
Se trataría de dos personas vinculadas al exministro Haiman El troudi.
—Yo pienso que, a partir de esas denuncias, el pueblo de Venezuela recuperará el derecho a saber qué hicieron con su plata.
¿Hay más personas del proceso bolivariano que sienten descontento o desacuerdo pero no lo plantean por temor?
—Nosotros pensamos que la posición frente a esa Constituyente convocada de una manera violatoria de la soberanía popular, es la abstención activa y el voto nulo. Significa que el que pueda, porque no lo van a botar porque no está trabajando para el Gobierno, no ir a votar no debe convalidar esa farsa y violación de la soberanía popular. El que tenga, por la razón que sea, que ir a votar y sepa en su fuero interno que está transgrediéndose el orden constitucional y hay una violación de la soberanía, que vote nulo.
Foto: Yolvik Chacón
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