Este miércoles, los trabajadores de Corpoelec acudieron en marcha hasta el Ministerio del Trabajo, en Plaza Caracas, para pedir que se reanuden las discusiones de las cláusulas colectivas. Joaquín Malavé, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec, asegura que la compañía elude las propuestas y reclamos de un gremio sobre el cual pesa el servicio de energía eléctrica. Denuncian que no disponen de ingresos para movilizarse y cubrir sus puestos.
Caracas. Los empleados del sector eléctrico no se quedan atrás en los reclamos al Gobierno. Dos semanas después de los anuncios económicos, los trabajadores de Corpoelec tomaron la Plaza Miranda, en el centro de Caracas, para exigir que se reactive la discusión del contrato colectivo que cobija a unos 50.000 profesionales y técnicos. Quienes forman parte del gremio aseguran que su labor está ensombrecida por la falta de inversión y mantenimiento de un sistema que, en lugar de brindar claridad, deja al país en penumbra. No se trata de una lectura aislada, desarticulada de la realidad del país: más de 60% de la red eléctrica está deteriorada y los trabajadores de la estatal de energía no disponen de ingresos para movilizarse y cubrir sus puestos, según dijeron.
Joaquín Malavé, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec, asegura que la compañía elude las propuestas y reclamos de un gremio sobre el cual pesa el servicio nacional de energía eléctrica.
Los afectados retratan con frases sencillas una realidad que encarcela a las familias venezolanas.
No hay luz porque el Estado no hace la inversión necesaria para la transmisión, distribución y comercialización del servicio”, sentenciaban en pancartas batientes que reproducían el drama de la oscuridad que arropa a todo el país.
Solo en la Región Capital, precisaron expertos, existen 20 estaciones de distribución de energía que requieren mantenimiento. Algunas, incluso, están abandonadas, como ocurre en Santa Teresa del Tuy, cuyas instalaciones han sido objeto de vandalismo en reiteradas ocasiones. Los trabajadores cuestionan la precaria formación del personal que recién ingresa.
Hasta la fecha, los trabajadores de Corpoelec no han obtenido información formal en torno a una discusión de contrato que el Gobierno detuvo antes de su concertación. Más de 22.000 trabajadores activos parecen unidos por una misma causa: el aumento de salario que el Estado les adeuda desde hace un año. Los reclamos del sector eléctrico se intensifican en un contexto económico en el cual el Gobierno intenta imponer como modelo los ingresos de la Administración Pública.
Entre enero y agosto de este año el crecimiento de los precios acumula un alza de 34.680,7 %, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Solo en el octavo mes de 2018, los venezolanos enfrentaron una inflación diaria de 4 %. De acuerdo con cálculos del parlamento, la inflación anualizada, entre agosto de 2017 y 2018, es de 200.005 %, una cifra que engorda conforme avanza la “maxidevaluación” aupada por el paquete de medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro.
“Protestamos para solicitar el reinicio de la discusión de nuestro contrato colectivo. De cara a la crisis eléctrica que paraliza el país, hemos hecho varias propuestas que se han arrojado por la borda. El Gobierno no ha planificado los mantenimientos preventivos ni correctivos de la red eléctrica ni de los sistemas de generación ni de transmisión”, se cuestiona Joaquín Malavé, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec.
Una queja que descuella en medio de las políticas que resienten los trabajadores es la mora de las empresas públicas con la estatal de energía. La situación, explican los voceros, va más allá del sector residencial. El Sindicato de Trabajadores de Corpoelec hace énfasis en la deuda que tienen la CVG Venalum y el Metro de Caracas con Corpoelec, cuyo servicio no pagan desde hace tres años.
A propósito de los reclamos, el presidente de la Federación Eléctrica de Venezuela, Ángel Navas, esboza un retrato de dejadez a escala nacional. Hay, dice, una situación de falla y deterioro atribuible al déficit presupuestario: más de la mitad de la nómina de Corpoelec se ha ido de la compañía por el deterioro económico de las condiciones laborales.
Exigimos que se instale la negociación laboral para discutir y adaptar los beneficios laborales a la nueva realidad económica, que supone una adaptación de las tablas salariales”, pidió.
El malestar generado por las fallas eléctricas no solo ocurre en los hogares, también se reproduce en las calles. La situación limita las actividades bancarias, los servicios de salud y la movilización en el transporte subterráneo, como ocurre en Caracas, una ciudad que no queda al margen de los problemas que arrinconan entidades como Maracaibo y San Cristóbal. En agosto por lo menos cinco apagones paralizaron la capital del país.
Los trabajadores insisten en ajustar la póliza de seguro, reanudar los servicios de los comedores, la dotación de uniformes y suministro de medicinas e implementos de trabajo. Y aspiran a ganar, por lo menos, 2.700 bolívares soberanos más una prima de 10% por antigüedad.
De acuerdo con la firma Ecoanalítica, la proyección de la inflación para el cierre de 2018 es de 1.400.000 %, muy por encima de los previsto por el Fondo Monetario Internacional para Venezuela: 1.000.000 %; un panorama que se traga cualquier pretensión de aumento.
Un problema que cobra importancia es la falta de transformadores eléctricos para su reposición. Aseguran que Corpoelec perdió capacidad para sustituir los convertidores de energía que son vendidos en dólares. Se trata de un drama que deja a muchas comunidades sin el servicio y que obliga a las familias de clase media a costear los equipos dañados por una avería.
“Hay una situación muy fuerte, al reducirse el mantenimiento por falta de presupuesto, recursos, divisas, fallan los repuestos e insumos que componen el sistema eléctrico”, sostiene el presidente de la Federación Eléctrica de Venezuela.
Solo en julio, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 2.163 protestas, de las cuales 286 fueron detonadas por el deterioro de los servicios básicos. Durante ese mes, ocurrieron 45 protestas por la falta de electricidad y cada día se registraron por lo menos 10 manifestaciones por servicios. Las fallas en el suministro de agua, cortes continuos del servicio eléctrico e irregularidades en la distribución del gas doméstico afectan la vida cotidiana de las familias y el desenvolvimiento de las actividades económicas, educativas, servicios de salud y recreación.
Fotos: Julio Materano / Archivo
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