La decisión la adoptó la juez Yannelis del Valle Soto Lugo el pasado 22 de febrero, atendiendo una solicitud que el Ministerio Público formuló luego de que se difundiera la información de que el llamado “pran” de Vista Hermosa había sido herido en una playa en Margarita.

Caracas. A una cárcel como un preso más. Allí volverá Wilmer José Brizuela, alias “Wilmito”, luego de que el Tribunal 2 de Ejecución de Carabobo decidiera la “revocatoria del régimen de confianza tutelado” que la ministra de los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, le otorgara en diciembre pasado al delincuente condenado por homicidio.

El conocido como “el pran” de la cárcel de Vista Hermosa (Bolívar) volvió a ocupar los titulares a finales de febrero, cuando se difundió la información de que había sido herido durante un tiroteo registrado en una playa en la isla de Margarita (Nueva Esparta), en lugar de seguir en la cárcel de Tocuyito (Carabobo) cumpliendo su condena de 14 años y 10 meses de prisión por el asesinato en 2010 de María Gabriela Casado, hermana de la entonces jueza rectora de Bolívar, Mariela Casado.

El 23 de febrero, en declaraciones a Últimas Noticias, la ministra Varela negó que Brizuela hubiera sido herido en el tiroteo en la playa neoespartana, pues indicó que seguía tras las rejas, pero no en la prisión carabobeña sino en la antigua cárcel de La Planta, donde funciona el Centro de Régimen Especial “Simón Bolívar”, puesto que el pasado 18 de diciembre ella le otorgó el beneficio del “régimen de confianza tutelado” previsto en el artículo 161 del Código Orgánico Penitenciario, porque había trabajado y estudiado durante su tiempo de reclusión.

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El régimen de confianza tutelado es una figura polémica. De acuerdo con la norma antes citada, “consiste en la ubicación de un penado o penada en una unidad de producción o un área especial del recinto penitenciario, donde continuará con el cumplimiento de la pena mientras le sea otorgado por el juez o jueza de ejecución algún beneficio para el cual reúne los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)”.

Pero el problema es que el artículo 162 del instrumento da al Ministro con competencia penitenciaria y no a los jueces la potestad de decidir si otorga o no el beneficio a un reo.

Pese a las explicaciones de Varela, el caso provocó revuelo en el Poder Judicial y por ello la jueza Yannelis Soto Lugo decidió actuar, pero no solo ella. El pasado 3 de marzo, la fiscal Ruthsaly Alvarez solicitó a la jueza que le informara el “lugar de reclusión actual” de Brizuela y si algún tribunal de Carabobo le otorgó a este “algún beneficio o fórmula alternativa de cumplimiento de pena”.

Por último, pidió que lo presente ante el Tribunal 2 de Control de Bolívar para enfrentar otro proceso por el asesinato en 2014 del teniente Lewis Antonio Ruda durante un motín en la cárcel de Vista Hermosa.

La petición figura en el oficio 09-F14-0075-2017.

Otro cómputo

La jueza Soto no solo dictó otra orden de captura contra alias “Wilmito” —pues sobre él pesa una de 2015 dictada por el Tribunal 2 de Control de Bolívar por el caso del militar muerto en el motín de Vista Hermosa— sino que también anunció la “reforma y actualización del cómputo de ejecución de la pena”.

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Brizuela fue condenado en febrero de 2014 a 14 años y 10 meses de cárcel por los asesinatos de María Gabriela Casado y Manuel Enrique Gutiérrez. De acuerdo con las investigaciones, el criminal quería asesinar a la entonces jueza rectora de Bolívar, Mariela Casado, porque esta se negó a favorecerlo en los distintos casos que tenía pendientes, pero los sicarios a los que encargó el crimen erraron.

Pese a la gravedad del crimen, la conmoción que causó y a que resultó reincidente, a alias “Wilmito” no le dieron pena máxima y además Varela se desdijo.

“Por homicidio, secuestro, corrupción y delitos de lesa humanidad jamás tramitamos beneficios (…) No estamos aquí para amparar a personas que han arrebatado la vida de otra”, aseguró en febrero de 2014 la ministra a El Universal, al negar la posibilidad de que desde su despacho se estuvieran tramitando beneficios para el condenado.

En declaraciones a Crónica.Uno, la exjueza Casado se manifestó sorprendida por la decisión y le envió el siguiente mensaje a la ministra del Servicio Penitenciario: “¿Cómo se le dio ese beneficio a alguien que cometió un crimen tan alarmante si dijo que no se le daría?”.

Fuentes judiciales confirmaron que Brizuela ya se encuentra en Tocorón (Aragua).

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