La Sala Constitucional descartó la acción que un abogado interpuso contra la designación los ex diputados del PSUV, y lo multó con Bs. 8.850 por “irrespetuoso”.
Juan Francisco Alonso
Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue blindándose contra la Asamblea Nacional y esta semana rechazó la primera denuncia contra la elección de los magistrados que el anterior Parlamento, controlado por el chavismo, realizó a finales de diciembre; y además multó a quien presentó la acción.
El decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia 225, en la cual desechó la demanda de nulidad que el abogado Robert Rodríguez Noriega interpuso el 13 de enero contra la escogencia de los magistrados principales Calixto Ortega (Sala Constitucional) y Juan Luis Ibarra, Yanina Karabin (Sala Penal) y del suplente de la Sala Penal, Juan Carlos Cuenca, por considerar que la misma no contenía más que “suposiciones y señalamientos ligeros e infundados”
En el fallo redactado por la presidenta de la instancia, magistrada Gladys Gutiérrez, además se acusó al profesional del Derecho de presentar un escrito donde “se pone en tela de juicio la solvencia ética y moral, y la capacidad jurídica de distintos magistrados, siendo expresiones que sin ningún tipo de rigurosidad jurídica se traen a colación, y cuyo único fin es descalificar e irrespetar a los actuales magistrados de este Alto Tribunal”; y por ello lo multó con 50 unidades tributarias (8.850 bolívares actualmente).
Rodríguez en su demanda afirmó que el Comité de Postulaciones Judiciales y la anterior AN violaron la Ley Orgánica del TSJ al designar a Ortega porque “se desconocen cuáles fueron sus méritos académicos como profesor, especialidad en el área constitucional y la experiencia mínima de 15 años a que se refiere el numeral 3 del artículo 263 de la Constitución”.
Fuentes del Consejo Moral Republicano admitieron que ellos le advirtieron al Parlamento que el hoy magistrado no presentó soportes que sustenten el currículo que consignó al candidatearse.
Por su parte, sobre Karabin e Ibarra recordó que están incursos en “situación de inhabilidad”, por no gozar de reconocida honorabilidad, por haber sido sancionados. Aunque fue en el caso de Cuenca donde se expresó con más dureza, pues no dudó en tacharlo de “totalmente bochornoso”, porque el ahora magistrado había sido destituido de su cargo de Juez Civil y Mercantil por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en 2005; y por lo tanto no podía volver a ingresar al Poder Judicial.
Si Rodríguez no paga la multa, la misma crecerá, advirtió la Sala en su dictamen.
Otra más
Pero la acción anterior no es la primera demanda contra las designaciones hechas en diciembre, pues el abogado Otoniel Pautt interpuso otra el 7 de enero en la Sala Político Administrativa, pero esta no es contra la elección de algunos magistrados sino de los 13 principales y de los 21 suplentes.
La acción sin embargo será analizada por la Sala Constitucional, pues la Político Administrativa declinó conocerla en su sentencia 393 alegando “visto que las designaciones de los magistrados de este máximo tribunal responden a una competencia en ejecución directa de la Constitución y, siendo que conforme a nuestro ordenamiento jurídico se reserva de manera exclusiva a la jurisdicción constitucional el control concentrado de la constitucionalidad (…) se considera que la Sala Constitucional es la llamada para conocer y decidir el presente caso”.
Pautt solicitó dejar sin efecto los nombramientos por considerar que los mismos se realizaron sin cumplir los lapsos previstos en el artículo 71 de la Ley Orgánica del TSJ.
Foto: Archivo
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