La Sala Plena mantuvo un reunión extraordinaria este viernes, en la cual no participó ninguno de los tres magistrados no alineados con el Gobierno para tocar el asunto. La decisión se oficializará en la próximas horas, aseguraron los confidentes.
Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parece no estar dispuesto a dejar que sea la Asamblea Nacional Constituyente la que decida la suerte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y por ello se alista para removerla de su cargo, aunque de manera temporal.
La información la suministraron fuentes del máximo juzgado, las cuales aseguraron que la Sala Plena se apresta a declarar que hay méritos para autorizar el enjuiciamiento de la jefa del Ministerio Público, por presuntamente incurrir en “faltas graves” al asegurar que no participó en el cuestionado proceso de designación de magistrados celebrado en diciembre de 2015; y por lo tanto la suspenderá del cargo.
“Este viernes se celebró una reunión extraordinaria para analizar el proyecto de sentencia elaborado por la presidenta de la Sala de Casación Social, Marjorie Calderón, y el mismo contó el visto bueno de la mayoría. La reunión fue muy breve porque la Sala Constitucional tenía la audiencia relacionada con el Alcalde de Palavecino (Lara)”, explicó un confidente, el cual aseguró: “La decisión será publicada en los próximos días”.
Los magistrados Marisela Godoy (Sala Social) y Danilo Mojica (Sala Civil) no participaron en la reunión, pues ni siquiera fueron convocados. Fuentes cercanas a los funcionarios indicaron que ellos fueron citados para una reunión plenaria el próximo 9 de agosto.
Por su parte, el magistrado el Inocencio Figueroa (Sala Político Administrativa) no tampoco fue llamado, porque él previamente se inhibió de conocer el asunto alegando amistad con Ortega Díaz.
Fuentes indicaron que la decisión no se oficializó este viernes para no “restarle brillo” a la instalación de la Constituyente, celebrada este mismo viernes.
Incluso personas allegadas a la vicefiscal designada por la Sala Constitucional, Katherine Haringhton, aseguraron que la decisión contra Ortega Díaz ya es un hecho.
Una vez que se materialice la decisión Ortega Díaz no podrá continuar ejerciendo su cargo, en virtud de lo establecido en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual prevé: “Cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario quedará suspendido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante el proceso”.
Desde el Ministerio Público rechazaron hacer comentarios hasta tanto el TSJ no oficializara la decisión. Sin embargo, en una reciente entrevista a un diario brasileño la Fiscal General adelantó que no reconocería un eventual fallo en su contra.
“No reconoceré ninguna decisión pronunciada por estos magistrados ilegítimos que además están incursos en causales de recusación, porque yo los denuncié por ser ilegítimos y a otros les he pedido antejuicio de mérito. Ellos no son mis jueces naturales y no merecen tal alta investidura”, afirmó, al tiempo que agregó: “Ellos (por los magistrados) se han arrojado la condición de ser una corte celestial. La Asamblea Nacional fue electa de manera por el pueblo y dentro de sus atribuciones está la selección de los magistrados, es decir que la elección de estos funcionarios es de segundo grado, pero ahora ellos se arrojan la potestad de disolver a quien eligió el pueblo. Se colocaron por encima del pueblo, es un supra poder y por eso no voy a acatar ninguna decisión de ellos”.
La decisión la adoptó el TSJ justo el mismo día que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas de protección a favor de Ortega Díaz y de los trabajadores del Ministerio Público.
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