En las casi dos décadas que tiene el organismo en funcionamiento no había abierto investigaciones sobre Latinoamérica. Pues, su labor se había enfocado en graves violaciones a los Derechos Humanos en África, Asia y Medio Oriente. El proceso en Venezuela se anticipa será largo y complejo, por lo que habrá que tener paciencia.
Caracas. Los venezolanos no podrán olvidarse fácilmente del 2021. Pero no solo porque fue el segundo año bajo la pandemia del COVID-19. Tampoco por la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Carabobo, la tercera reconversión monetaria, o las “megaelecciones” del 21 de noviembre. De manera inesperada, este año se produjo el histórico anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de que abriría una investigación. Con este procedimiento, la CPI buscará esclarecer la verdad sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2017.
“El Fiscal ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela I y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”. El anuncio no lo hizo el despacho que encabeza el jurista británico Karim Khan, sino que forma parte de un acuerdo de cooperación que éste firmó con Nicolás Maduro al concluir su visita al país a principios de noviembre pasado y cuyo contenido fue leído a Venezuela, y el mundo, en un acto en el Palacio de Miraflores.
Para la región
La decisión reviste de gran trascendencia para las víctimas y sus familiares. Pues, se abren las puertas para que un organismo independiente las escuche y para que esclarezcan los hechos que los afectaron. No hay que olvidar los exhortos previos que han hecho instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Los familiares de víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos tienen el derecho de conocer la verdad. Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer”, reza ,la doctrina de la Corte IDH.
Pero la noticia no solo resulta de importancia para los afectados directamente por la actuación gubernamental. La indagación sirve de precedente para el resto de la región. ¿La razón? “Es la primera vez en diecinueve años desde su entrada en vigor que el organismo fijará su mirada en unos sucesos ocurridos en el continente americano”, recordó la organización Acceso a la Justicia.
La ONG también enfatizó en que, hasta ahora, el grueso de las treinta investigaciones en su mayoría se han enfocado en África. Otra parte de las indagaciones, aunque en menor medida, se han dado en Asia y Medio Oriente. Mientras que la totalidad de los juicios se han centrado en el continente africano.
Antecedentes regionales
Sobre América Latina, la CPI procesó desde 2004 las denuncias de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en Colombia. Esto a propósito del conflicto con las guerrillas y los paramilitares. Pero a finales de octubre de este decidió cerrar el expediente. Entonces, el organismo resaltó que en el Estado vecino estaban tomando las medidas necesarias para investigar, identificar y sancionar a los eventuales responsables de dichas violaciones a los Derechos Humanos. Lo mismo ocurrió con una denuncia sobre los sucesos ocurridos tras el golpe que en 2009 depuso a Manuel Zelaya.
Sin embargo, la Fiscalía de la CPI tiene otros dos asuntos relacionados con la región. Uno que el Gobierno de Maduro presentó en 2020 y que versa sobre las vulneraciones a las garantías fundamentales que habrían causado las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto a personalidades e instituciones públicas venezolanas por atentar contra la democracia y los Derechos Humanos en el país. Y, el último, es un caso relacionado con Bolivia.
Largo y complicado
La noticia de Khan, aunque importante, es solo el inicio de un proceso que puede demorar años y que se antoja complejo. Así lo advirtió Gonzalo Himiob, del Foro Penal Venezolano, quien declaró: “Es un proceso largo y no va a rendir frutos de manera inmediata. Hay que decir con honestidad que no todos los casos que nos puedan parecer emblemáticos avanzarán a fases posteriores”.
La velocidad de las investigaciones dependerá de la colaboración de las autoridades venezolanas con la Fiscalía de La Haya. Sin necesidad de recurrir a otros casos como el de Sudán, cuyo Gobierno se negó durante años a ejecutar una orden de captura contra quien fuera su presidente, Omar Al Bashir, las primeras reacciones de altos funcionarios venezolanos al anuncio de la investigación no dan muchos motivos para el optimismo.
“El lawfare se ha aplicado contra Venezuela. Debemos analizar la decisión adelantada por organismos multilaterales de Naciones Unidas, para avanzar en presuntas investigaciones en contra de Venezuela, usando como excusa los Derechos Humanos. Para lograr lo que, por otras vías, violentas, golpistas, militares y mercenarias no han logrado”, declaró el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab el 24 de noviembre de 2021.
El fiscal de la CPI ha dejado en claro que su investigación solo tiene un fin. Para Kham, la meta es hallar la verdad y castigar a los presuntos responsables de delitos como la persecución, encarcelación y tortura. Además, ha insistido en que “no está en negociación un cambio de régimen”.
Estrategia oficial
A lo largo de 2021 las autoridades intentaron eludir la supervisión de la CPI. Para esto implementaron decisiones como la reforma del Código de Justicia Militar, para evitar que enjuicien a civiles en tribunales castrenses. Casi en paralelo se dio la orden de sacar a los “presos políticos” del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). A esto se sumaron los giros en los casos del concejal Fernando Albán, David Vallenilla o Juan Pablo Pernalete. También el fiscal Tarek William Saab anunció que 820 policías y militares están siendo procesados y de que 210 ya han sido condenados por violar Derechos Humanos.
Sin embargo, estas medidas, en especial las adoptadas por el Poder Judicial, se antojan insuficientes. ¿La razón? Hasta ahora se han limitado a los autores materiales de los crímenes, pero no a sus superiores, como ordena el Estatuto de Roma. La estrategia del Estado parece enfocarse en señalar que los delitos que investigará la CPI fueron hechos “aislados” y no una política sistemática. No obstante, la extensión de los mismos en el tiempo y en la geografía pone en duda esta teoría. Al menos así lo estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en sus dos informes sobre Venezuela.
Participa en la conversación