La organización Control Ciudadano documentó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el más letal durante el último mes de 2021. El monitoreo fue en 11 estados de Venezuela, en el que destacaron Miranda, Carabobo y Zulia como los más letales.
Caracas. Al menos 51 personas fueron asesinadas en presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado en diciembre de 2021, en 11 estados de Venezuela, según registros de Control Ciudadano.
El monitoreo de la organización indica que algunas de las muertes fueron justificadas por el Estado como “abatidos”, por tratarse de presuntos enfrentamientos con delincuentes, pero tienen características de ejecuciones extrajudiciales, “violando el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso”.
Carabobo y Miranda fueron los estados que más casos registraron, con 11 muertes cada uno; luego Zulia (8) y Trujillo (7). Las otras entidades monitoreadas fueron Bolívar (4), Aragua (3), Anzoátegui (2), Guárico (2), Portuguesa, Nueva Esparta y Monagas con un solo caso.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) destacó como el órgano de seguridad con más casos en los registros, con 16 presuntas ejecuciones. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cometió ocho y la Policía del estado Carabobo, siete.
El análisis de los datos —detalló la organización— muestra que en las presuntas ejecuciones extrajudiciales o enfrentamientos cada vez se involucran más policías estadales como en los casos de Poliaragua, Policarabobo y Polimiranda o las policías municipales como Lagunillas, Guaicaipuro o Sucre..
Control Ciudadano subrayó también que hay procedimientos en los que se reportan “abatidos”, término que emplean las fuerzas de seguridad del Estado para indicar las muertes en supuestos enfrentamientos con delincuentes, en los que participan comisiones mixtas. En diciembre hubo ocho muertes.
La organización asegura que este tipo de operaciones no dejan clara la línea de mando y oficiales responsables de esos hechos, por lo que se dificulta tener claro quiénes serían los responsables en algún caso de violación a los derechos humanos.
“Esto forma parte de la llamada unión militar-policial que se pregona como nueva política de seguridad, cuya actuación en el mes de diciembre dejó un saldo de ocho abatidos”, dijo Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, en una nota de prensa.
En noviembre la organización documentó 73 muertes bajo el registro de “abatidos” en presuntos enfrentamientos, pero con características de una posible ejecución extrajudicial.
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