De las reuniones con las autoridades y los productores de Barinas salieron tres alternativas para luchar contra la violencia en el campo: el Consejo Nacional de Seguridad Rural y la Policía Rural, que dependerá de la PNB; y el Comité de Víctimas de la Violencia Rural y Agraria que elevará los casos ante los organismos del Estado.
Barinas. En 2018, nueve eran las invasiones que se contabilizaban en la Asociación de Productores Rurales del estado Barinas (Asobarinas). Algunos casos quedaron en silencio, bien por temor, desconocimiento, o desesperanza. Hoy, son 20 las unidades de producción que han sido asaltadas en la entidad, lo que representa 90 % de registros de violencia rural y agraria de todo el país.
Ese año un grupo de productores sintió la necesidad de organizarse ante la fuerte arremetida por parte de bandas de invasores que amenazaban y destruían todo a su paso. Y esto conllevó a que mujeres y hombres vieran en Asobarinas, fundada el 29 de septiembre de 1954, la institución idónea para que se agruparan dado que ya tenía una representación veraz y legal ante las autoridades del país.
El estado Barinas se ha convertido en los últimos tiempos en el foco de atención por los regulares y sistemáticos casos de invasiones y abigeato que se cometen en contra del sector.
La grave situación una vez más fue expuesta el 1° de abril en una asamblea de ciudadanos a la cual concurrieron, entre otros, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Armando Chacín y el diputado de la Asamblea Nacional Ricardo Sánchez.
Han tenido que transcurrir cuatro largos años para que los preceptos de Asobarinas: “seguridad personal, seguridad jurídica, seguridad patrimonial y seguridad agroalimentaria” fueran escuchados.
En esa reunión del 1° de abril, los afectados con las invasiones de sus predios, así como las víctimas de las extorsiones y otros delitos, relataron a viva voz caso por caso, de los cuales algunos siguen en la palestra ante la opinión pública mientras que otros no.
El directorio de Fedenaga junto con el diputado Sánchez, fueron los encargados de elevar las denuncias plasmadas en un informe ante el alto gobierno.
Hasta ahora, de las reuniones que han sostenido productores con autoridades del Estado se ha tenido como resultado la creación del Comité de Víctimas de la Violencia Rural y Agraria.
Esta figura está constituida por productores barineses que han sido despojados de sus unidades de producción, a quienes se les ha violado los derechos constitucionales como: el debido proceso, del derecho a la defensa, al uso y disfrute de los bienes de su propiedad, del derecho al trabajo, de derechos económicos y hasta el derecho a la vida.
Entre las víctimas se cuentan: Agropecuarias, Boralito y La Morenera; fundos: El 75, Rancho Moderno- Centro de Recría, Camoruco, Santa Teresa, Beraca, El Paraíso; fincas: La Vega, Las Delicias, La Primavera, Delirio, La Nobleza, La Brujita, La Yuca; hatos: Las Palmeras, Las Mercedes, Santa Rita, La Yequera.
De acuerdo con los afectados, hasta ahora las pérdidas son cuantiosas y se puede cuantificar el número de semovientes muertos de hambre o de sed; las viviendas destruidas y quemadas, así como máquinas o insumos robados, trabajadores que pierden sus empleos o los abandonan por temor.
Pero la interrogante es: ¿cómo ponderar la destrucción de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), es decir, para el resguardo de flora y fauna silvestre? ¿O el esfuerzo que realiza un productor para alcanzar rendimientos sostenibles en su unidad de producción? La respuesta es: no hay manera.
El productor y economista Rogelio Peña da ejemplos concretos de las pérdidas que ha tenido el país con esta violencia rural y agraria.
Expuso la disminución de la producción agropecuaria. La de cereales sufrió una reducción de casi 90 % si se compara con el año 2000 y el rebaño nacional cerca de 50 %.
Hace 22 años se contaba con 25 millones de cabezas de ganado, hoy no llegan a 10 millones.
Acciones contundentes
Luego de la reunión del 1° de abril, que se efectuó en Barinas, hubo otra, en Caracas, donde se anunció la creación del Consejo Nacional de Seguridad Rural, entidad que va a establecer las políticas de seguridad en el campo y el combate de los delitos de extorsión, secuestro, abigeato e invasiones ilegales.
Esta es otra de las respuestas a la situación de perturbación que han denunciado los productores de la entidad y que quedó resuelta en este encuentro en el que estuvieron el almirante Remigio Ceballos, titular del MIJ y el presidente del INTI, a quienes les expusieron la situación o el estatus en el que se encuentra su reclamo ante las autoridades.
De este Consejo Nacional de Seguridad Rural se deriva la creación de la Policía Rural, que será un brazo de la Policía Nacional Bolivariana.
Reconocimiento
“Ambas autoridades nos han reconocido como Comité de Víctimas de la Violencia Rural y Agraria. Si hay algún sector del país preocupado por este tema debería de ser el Estado”, manifestó el abogado José Ramón España, presidente de este comité.
El también abogado, Javier Rondón, explicó que los encuentros con las autoridades fueron como afectados, como víctimas. “Nuestro deber es llevar nuestro mensaje a todos los organismos del Estado. Todas las reuniones son abiertas y públicas”.
En este sentido, manifestaron que este acercamiento con las autoridades permite generar un clima de optimismo entre los productores, de que por fin se pueda lograr la restitución de sus derechos.
Estamos unidos y dando la lucha a nuestro nivel, que no es otro que el del diálogo y acercamiento con las máximas autoridades del Estado con quienes podemos tratar este tema. Esto ha permitido que estemos en un comité”, refirió la productora Marisela Febres.
Mientras que Herlis Monsalve, representante legal de uno de los productores, expresó: “Y es precisamente esta cohesión la que ha permitido que se nos reconozca y que se puedan resolver los casos que se vayan sumando”.
El Gobierno está recibiendo cada uno de los sumarios para su atención. En el caso del estado Barinas, como ya se ha mencionado, son 20 unidades afectadas.
Unos serán resueltos con más prontitud que otros y dependiendo de su estatus. Entre los que pueden tener una resolución más rápida están: Boralito, Las Mercedes, El 75, La Vega, Las Delicias, Las Palmeras, Beraca, Santa Rita.
Existen predios donde los propietarios están cohabitando con los invasores, esos son distintos. Y llevará más tiempo encontrar una solución.
Para el análisis de los casos se estableció una tipología, destacó el productor Rogelio Peña. Por ahora, son tres tipos: productores que están en sus unidades de producción, pero existen ocupantes ilegales; productores que han sido totalmente despojados de sus bienes y ya no están produciendo; y en los que hay ocupaciones sin que medie ningún tipo de procedimiento administrativo de ninguna autoridad pública.
Punto en común y objetivos
Los productores han entendido que tienen puntos en común y pueden defenderse simultáneamente.
“Este es el objetivo, que sirva de organización para la defensa de esos intereses comunes y profesionales de los productores del campo. Si bien es una actividad orientada y asumida por organizaciones gremiales, el comité se constituye en razón de que todos son víctimas de la violencia de grupos organizados que delinquen, siempre acompañados de la destrucción del predio en desmedro de la producción nacional. Así como los agresores se han organizado en bandas criminales, los productores también tienen derecho de hacerlo para defenderse de esos grupos criminales organizados”, manifestó Asdrúbal Piña, representante jurídico de uno de los productores.
Para Jorge Gómez, uno de los 20 productores afectados, hasta ahora no se había desenmascarado a los supuestos líderes campesinos que se han encargado de destruir los predios productivos.
Nuestra bandera es defender los derechos de los pequeños, medianos y grandes productores. El único requisito es que sean garantes de la soberanía agroalimentaria de Venezuela”.
Todos las Zodi activadas
Todas las Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) del país estarán activadas en la lucha contra la violencia rural y agraria.
Esto con el fin de no permitir alteraciones del orden en el campo venezolano ni la toma anárquica e ilegal a las unidades de producción por parte de grupos que se autodenominan campesinos”, indicó el productor Peña.
El asesor jurídico de Fedenaga, Alexis Algarra, en una reciente intervención en televisión el 25 de abril de 2022, explicó los alcances de las medidas que se han adoptado.
Manifestó que este trabajo se hará de una manera integral. “Con la conformación del servicio de Policía Rural, en el cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que se ha solicitado desde hace varios años desde la federación, pues necesitamos que se especialicen en el combate contra la inseguridad en las zonas rurales, esto va a beneficiar a todos”.
Algarra también señaló que: “Se habló de la manera de abordar esto de forma holística, desde el punto de vista no solo represivo sino preventivo y formativo. Se sugirió la conformación de una sala situacional nacional, regional y municipal, con la dirección del Ministerio de Relaciones Interiores y la participación de los gremios ganaderos. Y que cualquier controversia se dirima en el marco de la legalidad”.
El asesor jurídico de Fedenaga puntualizó: “De igual manera, se habló de restitución o indemnización a los productores, que exista una salida justa y correcta, eso ha avanzado de manera metódica y responsable con una comunicación sincera entre el sector privado y el gobierno. Que existan respuestas satisfactorias porque también entendemos que hay situaciones que atender. Estamos hablando de un problema multifactorial”.
¿Dónde están Franyeli y Anderson?
Franyeli Guerrero fue secuestrada el 30 de diciembre de 2021; al momento de redactar este trabajo suman cuatro meses fuera de su hogar. Anderson García también fue plagiado el 20 de enero, es decir, tres meses y diez días en los que se desconoce su paradero.
Dos secuestros en un lapso de 21 días. Desde que ocurrieron estos hechos, la colectividad barinesa se mantiene alerta y preocupada. Varias actividades de protesta se han realizado en distintos municipios de la entidad, como el rayado de vehículos inquiriendo una respuesta.
Sin embargo, es muy poco lo que se ha conocido hasta el día de hoy.
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