Human Rights Watch (HRW) informó que las fuerzas de seguridad de Venezuela han cometido abusos contra la población durante un operativo en la frontera. Según la investigación, las víctimas identificaron a la FANB, las FAES, la GNB y el Conas como los cuerpos de seguridad que cometieron los hechos.
Washington. Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido “abusos aberrantes” contra la población durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia, señaló este lunes, 26 de abril, Human Rights Watch.
Distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado Apure, el 21 de marzo, con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela. Durante el operativo ejecutaron al menos a cuatro campesinos, hubo detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados.
Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El 5 de abril, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la detención de 33 personas que serían procesadas ante la jurisdicción militar. Padrino manifestó que se habían desmantelado seis campamentos de “organizaciones terroristas” y que se había “dado de baja” a nueve “terroristas”. También reportó ocho casos de soldados muertos y 34 heridos.
Luego de los enfrentamientos en varias zonas rurales de Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido como el Frente Décimo Martín Villa, al menos 5.800 personas han huido hacia Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Pese al apoyo que prestan organizaciones humanitarias y las autoridades en Arauquita, un municipio colombiano de apenas 50.000 habitantes al que han llegado la mayoría de los desplazados desde Venezuela, los albergues se encuentran hacinados y la asistencia humanitaria es insuficiente.
Además, muchas personas se quedan en casas de amigos y familiares en zonas rurales en el departamento de Arauca, Colombia, donde el acceso a asistencia humanitaria es limitado y muchas veces nulo. Autoridades colombianas también reportaron la llegada de desplazados a los municipios de Arauca y Saravena. Entre 300 y 400 personas se han desplazado forzosamente dentro de Venezuela.
Señalan a funcionarios venezolanos de abusos
Entre marzo y abril Human Rights Watch entrevistó a 68 personas, la mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela y hablaron bajo anonimato. También examinaron información de autoridades colombianas y venezolanas. La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información.
Los venezolanos desplazados manifestaron que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, así como también por los “aberrantes” abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Las fuerzas de seguridad que ellos identificaron como responsables de los abusos incluyen a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Los entrevistados manifestaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas de familias de la localidad de La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa. Testigos indicaron que los agentes no mostraron una orden de allanamiento.
No se ha proporcionado una lista oficial de detenidos ni de su paradero, pero familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos indicaron que inicialmente estuvieron detenidos en una base militar en la ciudad de Guasdualito, y, semanas después, fueron trasladados a un área administrada por militares del Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Santa Ana, en el estado Táchira.
El 25 de marzo, las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria, contó un familiar. Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas.
En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hallaron pruebas de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sus informes implicaron a las mismas fuerzas de seguridad a las que se les atribuyen los abusos en Apure.
La Misión concluyó que las FAES eran responsables de 59 % de todas las muertes causadas por las fuerzas de seguridad desde 2014.
Recomiendan investigar a implicados en abusos
El 26 de marzo, el Fiscal General de Venezuela Tarek Saab designó a dos fiscales “de protección de derechos humanos” para investigar los sucesos en Apure y estableció una comisión conjunta de 12 expertos para investigar los asesinatos en El Ripial.
Según investigaciones de Human Rights Watch el poder judicial venezolano no investiga las evidencias contundentes de violaciones generalizadas de derechos humanos.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela deberían analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en Apure, señaló Human Rights Watch.
También deberían examinar la posible responsabilidad de los comandantes y autoridades del más alto nivel que habrían ordenado los abusos o no habrían adoptado las medidas necesarias para prevenir estos delitos o exigir que los responsables rindan cuentas por sus actos.
Contexto de los ataques en Apure
De acuerdo con las investigaciones de Rights Watch, entre Arauca y Apure operan grupos armados que emplean la violencia para controlar a la población. Los grupos armados han establecido e imponen normas que normalmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos, incluyendo toques de queda, la prohibición de los delitos de violación, robo y homicidio, y la reglamentación de la pesca, el pago de deudas, e incluso los horarios de cierre de los bares.
Varios grupos armados operan tanto en Arauca como en Apure, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización guerrillera de Colombia.
Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades han tolerado a grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos.
En los últimos años, el ELN y los grupos disidentes de las FARC parecen sentirse más seguros y con mayor facilidad para operar abiertamente en Venezuela que en Colombia. Estos grupos han instalado campamentos en Apure.
A principios de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela dio inicio a la Operación Escudo Bolivariano para conmemorar el aniversario del fallecimiento del expresidente venezolano Hugo Chávez y “combatir y expulsar amenazas internas y externas, y grupos armados colombianos”.
Según informaron los medios locales, el 21 de marzo comenzaron los enfrentamientos entre las FANB y el Frente Décimo Martín Villa, que incluyeron ataques aéreos y enfrentamientos armados.
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