Abogados cuestionan que a los detenidos en las protestas se les impone la defensa pública.
Lima. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió de parte de varias ONG venezolanas las denuncias sobre como el acceso gratuito a la asistencia jurídica se ha convertido en un instrumento de retaliación política, situación acentuada en el marco de las protestas iniciadas hace tres meses contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Marianna Romero, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, expuso ante la CIDH en Lima, Perú, cómo a los detenidos en las protestas se les sugiere contar con la Defensa Pública y no con activistas de DDHH para que sus casos se “resuelvan” más rápido.
“En 2017, con los nuevos casos de personas detenidas por manifestar, hemos podido documentar como otra vez se intenta imponerles la Defensa Pública alegándoles que ‘te irá mejor’”, dijo Romero.
A su juicio, esto responde a que hará menos probable que se puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos en la represión hacia los manifestantes.
Hay una persona, cuya identidad mantenemos en reserva, con más de 60 días privada de libertad. Nadie tuvo acceso a él, ni sus abogados, y el día que lo liberaron, lo llevaron directo a un tribunal para enfrentar un juicio y el abogado acusador le sugirió que eligiera un defensor público ‘para que salgamos de esto más fácil’. ¿Entonces de qué justicia se habla?”, se preguntó Romero.
Mencionó el caso de la juez María Lourdes Afiuni, “cuya audiencia empezó sin tener su abogado presente, y el juez del caso ordenó que tuviera Defensa Pública. Eso fue una violación completa a su derecho al debido proceso”.
También se recordó a la Comisión, encabezada por el abogado peruano y relator para Venezuela, Francisco José Eguiguren, que la actual titular de la Defensa Pública, Susana Barreiro, fue la jueza que condenó a casi 14 años de prisión al líder opositor venezolano, Leopoldo López, en un juicio cuestionado por las violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa del político de Voluntad Popular.
Cantidad sobre calidad
Ante la CIDH, el secretario ejecutivo de DDHH de Venezuela, Larry Devoe, manifestó como un logro que dos millones de venezolanos han tenido acceso a la Defensa Pública.
Pero Romero tiene dudas sobre el valor de ese dato. “De qué sirve cuando se observa un acceso irregular a la justicia. No vemos que haya realmente condiciones para que se pueda hablar de debido proceso, que se cumplan las garantías, que las personas sean presentadas ante su juez natural. ¿Cuál es la garantía de ese acceso gratuito a la justicia cuando hay un andamiaje institucional que lo que busca es obstaculizar la justicia?”.
Advirtió con preocupación que desde 2016 vieron los primeros casos de personas que eran presentadas ante la justicia militar. “Ahora vemos la intensificación de esa práctica completamente con fines políticos”.
Explica que la justicia militar “es una dependencia del poder político, por lo tanto, ahí se están tomando decisiones políticas para perjudicar a cualquier persona que manifiesta una opinión crítica o disidente al gobierno nacional”.
Esto “demuestra la falta de independencia del sistema de justicia, que se utiliza con fines políticos. Todo el aparato y el andamiaje institucional, incluyendo la justicia, es utilizado como instrumento político”, concluyó.
Foto referencial: Francisco Bruzco
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