AN acordó investigar caso Odebrecht y rechazó “bloqueo” a sus funciones

La comisión de Contraloría del Parlamento investigará las denuncias de sobornos a funcionarios públicos para la contratación de obras de infraestructura.

Caracas. La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) iniciará una investigación por las “diferentes denuncias de sobornos en obras de infraestructura” incluyendo las relacionadas con la constructora Odebrecht, cuyas autoridades admitieron haber pagado $98 millones en coimas en Venezuela. “Se mueren los niños de desnutrición y el dinero se va en corrupción”, se lamentó el presidente de la instancia del Legislativo, Juan Guaidó (MUD).

Durante el debate abundaron las denuncias de irregularidades por sobornos, sobreprecios o retrasos en obras relacionadas con la constructora brasileña. Guaidó habló de cinco obras de la empresa, todas inconclusas, por las que se pagaron $16 mil millones. Destacó el caso del Metro Guarenas-Guatire, que el Presidente Maduro prometió para el 2016.  “¿Dónde están los reales? ¿Se los robaron?”, cuestionó.

Durante el debate, sin embargo, no se mencionaron las informaciones del periódico estadounidense Wall Street Journal que insinúan que partidos de la oposición también recibieron estos pagos.

Guaidó indicó que la investigación llegará “hasta las últimas consecuencias”.

La sesión duró 2 horas y 35 minutos, un lapso muy por debajo del usual, pues el presidente de la AN, Julio Borges, fue estricto en el respeto al tiempo de los derechos de palabra de los 12 legisladores que intervinieron.

Los diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) volvieron a ausentarse del debate. El diputado Willian Gil (PSUV) fue el encargado de explicar los motivos.

“El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la ilegitimidad de esta junta directiva. Exigimos que no se siga violando la Constitución y se sumen al diálogo”, expresó en medio de los abucheos de diputados y seguidores de la oposición.

[irp posts=”44406″ name=”Maduro instó a la conformación de consejos productivos de trabajadores en Pdvsa”]

El diputado Julio Montoya (MUD) aseveró que en Venezuela hay un “cementerio de obras inconclusas”. Señaló que la Fiscalía no ha investigado las denuncias de sobornos en Pdvsa por más de mil millones de dólares. Mencionó proyectos asignados a la Odebrecht que presentan retrasos, como los trabajos de las líneas 2 y 5 del Metro de Caracas o el saneamiento del río Tuy: “Todo esto generó un escándalo en Brasil y aquí no se investiga”.

“La corrupción no es admisible venga de donde venga”, sostuvo Guaidó.

Oscar Ronderos (MUD) habló de la investigación a 10 obras que se hizo en la comisión de Administración y Servicios resaltando que 5 fueron asignadas a la empresa brasileña. Señaló que hubo casos en que la inversión inicial sufrió incrementos de más del 2900 %: “Quedaron Bs. 20 mil millones por ejecutar y 8 mil millones en deudas con la Odebrecht”.

Indicó que todos los países de Latinoamérica iniciaron una investigación menos Venezuela: “Lo que queda por determinar son los funcionarios que recibieron los sobornos”.

El jefe de la bancada de la MUD, Stalin González, recordó que, de acuerdo con los exministros Héctor Navarro y Jorge Giordani, la corrupción en los últimos años ronda los $300 mil millones, 33 % de los ingresos del país. “La corrupción está en todos los niveles del estado”.

“Cerca del desenlace”

Los parlamentarios de la MUD también aprobaron un acuerdo en el que rechazan el “bloqueo” contra el Parlamento y se exige el “cese inmediato” de las acciones que restringen la libertad personal o de tránsito de los legisladores, así como los ataques a la inmunidad parlamentaria consagrada en la Constitución.

“La inmunidad es un mecanismo de protección para que el pueblo siga teniendo su voz en sus parlamentarios”, apuntó la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano.

Los diputados mencionaron el caso de la detención del diputado Gilber Caro, así como de los diputados Rosmitt Mantilla, Renzo Pietro y Gilberto Sojo a quienes también les fue violada esta prerrogativa constitucional. Denunciaron el retiro del pasaporte al presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, lo que le impide cumplir sus funciones fuera del país y los casos de amenazas e intimidación de los legisladores Delsa Solórzano y Juan Requesens.

“Son torpes, no se dan cuenta que pronto los que van a necesitar la inmunidad parlamentaria son ellos”, indicó Henry Ramos Allup, quien cerró el debate.

Como es costumbre, el expresidente del Parlamento no reparó en adjetivos al Ejecutivo al que calificó de “forajidos, hampones y zánganos”. Señaló que “no son cosas del imperio” las denuncias de casos de corrupción. “A cada uno de los vagabundos civiles y militares se les premia con ascensos y cargos”.

También se refirió a la sentencia número 07 de la Sala Constitucional en la que se amenaza con prisión a los legisladores. “Esta cosa no es que es de vergüenza sino que avergüenza el sentido común”. Afirmó que “estamos más cerca del desenlace de lo que el propio Gobierno piensa”.

Foto referencial: Miguel González


Participa en la conversación