A diferencia de lo ocurrido en 2017, tras la consulta popular de aquel año, en esta ocasión la plenaria de la Asamblea Nacional no recibió un informe detallado del comité organizador. Los diputados tampoco pudieron validar la cifra definitiva de participación, porque no se ha conocido oficialmente. Juan Guaidó cerró el último período ordinario de sesiones de la legislatura y convocó a la instalación de la Comisión Delegada.
Caracas. Algunos de los diputados e integrantes del comité político y del comité organizador de la Consulta Popular del pasado 12 de diciembre han expresado su disconformidad con los alertas que periodistas especializados y analistas políticos han emitido respecto a ese proceso. Esos organizadores han cuestionado las comparaciones hechas en cuanto a la participación, organización y resultados del evento del 12-D con el del 6 de diciembre de 2020, por tratarse, han dicho, de jornadas de distinta naturaleza realizadas en distintos contextos.
Sin embargo, la Consulta Popular del 12-D es comparable –no en el contexto pero sí como proceso– con la consulta popular del 16 de julio de 2017. Veamos qué pasó en la AN de entonces tras la consulta de ese momento.
Dos días después del 16-J de 2017, el martes 18 de julio, la Asamblea Nacional concedió un derecho de palabra a Benjamin Scharifker en nombre de la Comisión de Garantes de la consulta (equivalente al comité organizador), integrada por los rectores de las principales universidades públicas del país.
En esa sesión plenaria, presidida entonces por Julio Borges, los diputados recibieron de manos de Scharifker el informe preliminar de la jornada que había tenido lugar en todo el país y fuera de Venezuela dos días antes.
El documento incluía la preparación de la consulta, su marco legislativo, las incidencias, las auditorías internas, las observaciones internacionales y los resultados hasta la noche del 17 de julio, con 99,01 % de mesas escrutadas (6.841.470 electores en el territorio nacional y 693.789 electores en el exterior). Luego de la exposición de Scharifker, la plenaria aprobó un “Acuerdo sobre los resultados de la consulta popular del 16 de julio de 2017”, que básicamente acogía el mandato ciudadano de desconocer a la ANC y sus decisiones, exhortar a la FAN a cumplir su función constitucional y trazar la ruta para nombrar a los magistrados del TSJ como primer paso para la restitución institucional.
Este martes 15 de diciembre la plenaria dio una discusión sobre la Consulta Popular del pasado 12 de diciembre. Las diferencias entre aquella respuesta del Parlamento a la manifestación ciudadana y la respuesta de hoy son notorias.
El contexto
Primero, la sesión no se dio en el Hemiciclo de Sesiones de la AN. Desde enero de este año el Palacio Legislativo fue tomado por la GNB para uso exclusivo y excluyente del PSUV y de los diputados disidentes de la oposición.
Segundo, la sesión de hoy fue semipresencial. Dada la pandemia y el exilio forzado de tantos parlamentarios de oposición, algunos participaron vía videos pregrabados y otros estuvieron en el Paseo Morichal, en Caracas, sitio escogido por la directiva para la plenaria de hoy.
El informe
Tercero, no hubo ni informe ni vocero del comité organizador de la consulta del 12-D que rindiera un balance a la plenaria. Ni siquiera hubo cifras preliminares de participación, que los diputados pudieran apoyar o aplaudir en sus discursos, pues a la hora del debate parlamentario (1:00 p. m., aproximadamente) no había cifras ciertas sobre esa participación.
Todo lo que había eran las cifras poco claras del primer boletín y un “segundo boletín” emitido la noche del lunes centrado en desglosar en porcentajes la participación digital, que además reconoce un fallo en la cifra de ese campo anunciada el sábado por la noche, y que afecta de manera negativa los resultados globales parciales. Pero sin dar un resultado definitivo del proceso.
Tampoco hubo en esta ocasión observadores nacionales o internacionales conocidos. Según el diputado Freddy Guevara y el dirigente de VP Emilio Graterón, a quienes se les consultó públicamente sobre ese punto durante las ruedas de prensa del propio 12-D, sí había observadores, pero habían pedido no hacerlos públicos por temor. Y, según la magistrada Blanca Rosa Marmol, el proceso era completamente abierto a quien solicitara información; sin embargo, dijo, por no tratarse de una elección, no estaban obligados a verificar cifras.
El mandato
Cuarto, en consecuencia la plenaria de este martes, en lugar de fijar una hoja de ruta a seguir con el mandato que recibió directamente del ciudadano, se limitó a aprobar un “Acuerdo de reconocimiento a la gran manifestación democrática del pueblo de Venezuela en la consulta popular del 12 de diciembre de 2020”.
Este acuerdo estuvo más bien centrado en: ratificar el desconocimiento del Parlamento a la votación y los resultados del 6 de diciembre sobre la elección de una nueva Asamblea Nacional, resaltar la alta abstención que se registró en esa fecha y solicitar a la comunidad internacional que desconozca a la Asamblea Nacional que de acuerdo con el CNE (designado de manera inconstitucional) resultó electa ese día.
El acuerdo aprobado “reconoce el extraordinario trabajo del comité organizador” y sostiene que la Consulta Popular “contó con una elevada participación de los ciudadanos”, que hubo “masiva participación dentro y fuera del país” y que en consecuencia la AN acuerda “refrendar el resultado de la consulta del 12-D”.
¿Cuál es ese resultado? No se dijo en la sesión ni en el debate, ni lo contiene el acuerdo.
De hecho, la plenaria tampoco discutió en esta ocasión la esperada reforma del Estatuto para la Transición que le permitiría a los diputados elegidos en 2015 continuar en sus funciones hasta que se logre la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y competitivas, según lo anunció Guaidó este domingo. Voceros parlamentarios han admitido que aún no hay consenso sobre esa ruta, lo que podría estar retrasando la aprobación de la reforma.
Los voceros
Quinto: un elemento simbólico, que en el debate parlamentario no es menor, tiene que ver con los voceros que tomaron la palabra para exaltar el evento y respaldar el acuerdo.
En 2017 tomaron la palabra los jefes de fracción o los subjefes políticos de los partidos de oposición: Tomás Guanipa (PJ), Juan Guaidó (VP), Enrique Márquez (UNT), Américo de Grazia (LCR), Juan Pablo García (VV) y Williams Dávila (AD).
En esta oportunidad intervinieron Guillermo Palacios (VP), diputado suplente de Edgar Zambrano, que es de AD; Arnoldo Benítez (LCR), diputado suplente de Mariela Magallanes, del mismo partido; Oneida Guaipo (AD), suplente incorporada como principal, y Juan Pablo Guanipa (PJ), primer vicepresidente de la AN y miembro de la junta directiva nacional de su partido, el único de los voceros con cierto rango político.
Otros puntos
En la plenaria de este martes también se aprobó:
- Un acuerdo “en rechazo a los sucesos del naufragio de refugiados venezolanos fallecidos en las costas de Güiria”. En el mismo se compromete a Juan Guaidó y a su comisionado para las relaciones exteriores, Julio Borges, a ejercer las acciones diplomáticas y solicitar las investigaciones internacionales requeridas para que el suceso no quede impune.
- Un acuerdo por el 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue aprovechado por el comisionado presidencial para esta materia, Humberto Prado, para ofrecer un detallado balance de las gestiones de esa oficina y de la AN para la protección de los derechos humanos de los venezolanos, entre las que destacan la emisión de 15 informes específicos y la veeduría sobre Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la visita in loco de la Comisión a la frontera colombo-venezolana, la visita y el informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU, y el avance del caso venezolano en la CPI.
- El respaldo de la plenaria al decreto de estado de alarma dictado por Guaidó “como medida de protección del estado Zulia” tras el desbordamiento de varios ríos en esa entidad.
- Al cierre, el presidente de la AN y encargado de la República (artículo 233 constitucional), Juan Guaidó, dio por culminado el último período ordinario de sesiones del último año de esta legislatura 2016-2021, conforme al artículo 219 constitucional y convocó a la instalación de la Comisión Delegada para mañana miércoles 16 de diciembre. Esta comisión tiene la potestad de convocar sesiones extraordinarias hasta el 4 de enero de 2021.
Foto principal Tairy Gamboa, Crónica.Uno
Participa en la conversación