En enero el bono de alimentación apenas representaba 10 % de la estructura salarial, lo que garantizaba más prestaciones a los trabajadores, si seguía así hasta finales de año. Sin embargo, en abril esto empezó a cambiar con el segundo aumento de sueldo de 2019, cuando pasó a representar 37,5 %.
Caracas. Desde el año 1999 en Venezuela no se hace una consulta tripartita para fijar el salario mínimo. Así lo decidió el fallecido mandatario Hugo Chávez y lo mantiene su sucesor, Nicolás Maduro. El convenio número 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que el país está suscrito, establece el consenso entre poder público, privados y trabajadores.
El acuerdo es violado, expuso la Comisión de Encuesta de la OIT en un informe divulgado el 3 de octubre de este año. La decisión unilateral del Ejecutivo arrastra años de malestar entre los trabajadores, quienes hasta ahora no han obtenido respuestas a las principales demandas que llevan a las calles en días de manifestaciones.
En 2018, y antes de ese año, el bono de alimentación restó peso al salario. Las autoridades aplicaron ajustes en los cuales el cestaticket ocupaba un porcentaje mayor. La medida impacta de forma directa en la liquidación de las prestaciones sociales y las utilidades que reciben los trabajadores a final de año. Por ejemplo, en enero del año pasado el salario mínimo representaba 45,26 % del sueldo, mientras que el bono de alimentación era 54,74 %. La fórmula no ha cambiado desde entonces y, pese a que entre enero y abril de 2019 el salario superaba la bonificación, el último ajuste aplicado en octubre volvió a darle peso al cestaticket.
El país ha retrocedido en materia salarial
El abogado laboral León Arismendi explica que estas prácticas que han mantenido las administraciones Chávez-Maduro están plagadas de arbitrariedades. “Lo que se paga como cestaticket no tiene carácter salarial y no incide sobre ningún beneficio como vacaciones, prestaciones sociales, aguinaldo y utilidades, por ejemplo. Estos beneficios se ven reducidos en la misma proporción en la que crece la bonificación”, dice en entrevista a Crónica.Uno.
En enero el bono de alimentación apenas representaba 10 % de la estructura salarial, lo que garantizaba más prestaciones a los trabajadores si seguía así hasta fin de año. Sin embargo, en abril esto empezó a cambiar con el segundo aumento de sueldo de 2019, cuando pasó a ser 37,5 %. En octubre la fórmula salarial se mantiene en 50-50, 50 % salario y 50 % cestaticket.
El artículo 3° de la Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras establece: “La determinación del régimen dietético de una comida balanceada estará a cargo del órgano competente en materia de nutrición, el cual ejercerá la supervisión y recomendaciones que estime pertinentes (…)”. Esta bonificación está pensada para que cubra una comida diaria del trabajador. Actualmente el cestaticket equivale a 5000 bolívares diarios; un almuerzo ejecutivo en promedio cuesta unos 70.000 bolívares. El bono de alimentación estaba 14 veces por debajo de lo que requería un empleado hasta el 30 de octubre para cubrir una comida al día.
En el artículo 1° de la ley que rige el cestaticket se aclara que este es un “beneficio de alimentación para proteger y defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores en materia alimentaria, a fin de fortalecer su salud, prevenir las enfermedades ocupacionales y propender a una mayor productividad laboral”. No obstante, cerca de 24 % de la población venezolana no se alimenta adecuadamente. Así lo alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en un informe publicado en julio: “6,8 millones de venezolanos pasan hambre” y existe “alto riesgo” de llegar a una emergencia en la seguridad alimentaria.
El especialista León Arismendi explica que en materia salarial el país retrocedió hasta antes de 1997. El expresidente Hugo Chávez se arrogó las facultades para decidir unilateralmente los ajustes de sueldo mínimo, y ya para el año 2000 la consulta tripartita no formaba parte de la agenda nacional. La Lottt exigía la consulta, sin embargo, esta ley quedó derogada en la reforma de hace siete años, y ahora la nación solo está sujeta al convenio 26 de la OIT que así lo establece.
“La ley que se derogó en 2012 era más amplia y, en lugar de favorecer la consulta, lo que hubo fue un retroceso hacia antes de 1997. La Lottt anterior a la reforma del 97 había previsto comisiones paritarias por sectores de la economía. En el 97 se pactó que era obligatorio reunir en enero de cada año una comisión tripartita para acordar el monto del salario mínimo. Si había acuerdo, el gobierno tomaba esa recomendación. Eso se hizo así en enero del 97 y del 98. En el 99, cuando el ministro de Trabajo era Leopoldo Puchi, hubo diálogo, no igual, pero hubo acuerdos. De allí en adelante se acabó el diálogo tripartito y el difunto Chávez dictaba un decreto. Pasamos de un modelo mal que bien, donde se convenía, a un modelo en el cual el Ejecutivo lo impone unilateralmente y eso es violatorio de la Constitución. Son reglas básicas de la democracia”, dice Arismendi.
* Los porcentajes reflejados en la infografía representan el valor que tienen el bono de alimentación y el salario en la estructura. No equivalen al los aumentos porcentuales que han sido aplicados en lo que va de año.
A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro define como “plenipotenciaria” exclusivamente a la Asamblea Nacional Constituyente, en la práctica el Poder Ejecutivo ha minado el terreno con facultades que recibe de la extensión del estado de excepción desde enero de 2016. A través de este mecanismo, que se ha prorrogado unas 17 veces en los últimos 3 años, el Gobierno decide el rumbo de la nación sin la participación del sector empresarial ni de los trabajadores.
Maduro se presenta como el presidente obrero por ser un extrabajador del Metro de Caracas, sin profesión universitaria; sin embargo, los sindicalistas y gremios no lo ven como un defensor de sus derechos y lo responsabilizan de mantener “salarios de hambre”.
La inflación devora los beneficios
Las prestaciones sociales también han sido devoradas por la inflación. Por esa razón los economistas y gremios empresariales exigen medidas estructurales que ataquen el problema. Desde finales de 2017 cualquier aumento salarial es aplastado por la hiperinflación.
Arismendi recuerda que en la reforma de la Ley del Trabajo del 97 todo lo que era subsidio se incorporó al salario. El Gobierno ha decidido la estructura sin tomar en cuenta la ley, lo que, asegura, va en perjuicio de los trabajadores. El ticket de alimentación no debería representar más de 20 % del salario. “Si aumentan los ingresos no salariales, las prestaciones sociales disminuyen, y ese el es principal ahorro del trabajador”, explica.
A la fecha, el cestaticket representa unos 5 dólares al mes, a diferencia de los 7 dólares que valía el 14 de octubre, cuando se aplicó el último aumento salarial. La canasta alimentaria de los trabajadores supera los 200 dólares. La firma de análisis financiero Ecoanalítica ha dicho que una familia de 4 miembros necesita unos 700 dólares para cubrir gastos básicos al mes. Ni el bono de alimentación, ni el salario mínimo llegan de cerca a alguno de estos indicadores, lo que ha derivado en una población empobrecida en más de 80 %, según la Encovi 2017, y un flujo masivo de migrantes, que hoy superan los 4 millones en el mundo.
Diciembre, el mes en que se pagan las utilidades, ya no emociona a los trabajadores, y tampoco los días en los que se decreta aumento salarial.
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