Caño de los Becerros: afectados piden indemnización al Estado y que la AN y la Fiscalía investiguen el accidente ( y IV)

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Las pérdidas tanto materiales como humanas que han sufrido los habitantes de Caño de los Becerros los han llevado a exigir justicia y a solicitar a las autoridades regionales que investiguen las causas del accidente. Introducirán un documento en la AN, la Fiscalía General y la ONG Provea con la intención de que se garantice el esclarecimiento del caso y la indemnización a los afectados. Solicitan la renuncia de la directiva de Gasmaca.

Monagas. Luego del accidente del 28 de diciembre en Caño de los Becerros, donde explotaron alrededor de 168 cilindros de gas doméstico, y que dejó 45 heridos y nueve fallecidos, el pueblo tomó la decisión de exigir justicia. Entre las acciones están: que se investiguen las causas del accidente y una indemnización para las víctimas y sus familias. Los afectados han repetido en varias oportunidades que la atención por parte de la empresa Gases de Maturín C. A. (Gasmaca), prestadora del servicio, no ha sido la mejor.

Para el 7 de febrero, un mes y 10 días después del accidente, los habitantes del poblado contaban al equipo de Crónica.Uno que Gasmaca no había tomado las medidas correspondientes en relación con el accidente y que ni siquiera se había iniciado una investigación para determinar las causas del mismo.

Luisana Betancor, presidenta de la empresa, ofreció declaraciones en el programa radial de la gobernadora del estado, Yelitza Santaella, en las que mencionaba que el accidente ocurrió debido a una colilla de cigarro que se encontraba cerca de los cilindros de gas. Esta versión ha sido desmentida por los habitantes de Caño de los Becerros, quienes han reiterado que en el lugar de los hechos “no había nadie fumando”.

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Los afectados por la explosión de los cilindros de Gasmaca afirman que la empresa no se ha hecho responsable del accidente que dejó nueve personas fallecidas y 45 heridos. Foto: Natacha Sánchez

Después de estas declaraciones la necesidad de esclarecer el caso ha crecido en el poblado. Los afectados, además de justicia y atención, quieren dejar claro que no se trató ni de un atentado ni de una colilla de cigarro, lo que desencadenó la explosión fue la fuga de gas de los cilindros, aseguran.

Dicen que fue que alguien estaba fumando. ¿Quién estaba fumando? Ahí nadie estaba fumando, eso es mucha mentira”, puntualizó Oswaldo Bermúdez.

“Los representantes de Gasmaca no han dado la cara nunca”, expresó José González, miembro de la comunidad. José recalcó que los representantes de la empresa regional de gas no han respondido de manera responsable ante la tragedia que vivió el pueblo el pasado mes de diciembre.

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“Para acá solo ha venido gobernación el 31 de diciembre a traer unos colchones que están por ahí, pero Gasmaca no ha traído nada para acá. Lo que hemos recibido ha sido por donaciones de Cáritas”, destacó González.

Luego de mes y medio del siniestro, la gobernación volvió a enviar algunos suministros y medicinas.

Emprenderán acciones

Ante esta situación, la comunidad de manera organizada tomó la decisión de emprender acciones legales para exigir indemnización por parte de la empresa. El domingo 7 de febrero recibieron la visita del abogado Luis Díaz. Entre todos recogieron firmas para redactar un documento que permitiría iniciar el proceso legal.

Luis Díaz, abogado encargado del caso, explicó que las acciones que se van a intentar para lograr la indemnización de los afectados no son personales, sino hacia el Estado o la administración pública, ya que la gobernación tiene poder sobre la empresa de gas por ser accionista mayoritario.

Las acciones que tomaremos no son en contra de la gobernadora ni de un funcionario en particular, se va a demandar es a la administración pública, porque hoy está en el cargo Yelitze Santaella pero mañana se va y la denuncia tiene que continuar, porque no es algo personal y es el Estado como tal el que debe resarcir el daño”, aclaró Díaz.

Díaz subrayó que otras de las solicitudes que han hecho los habitantes de Caño de los Becerros es que se abra una investigación para determinar las causas del accidente. Para esto solicitan que la directiva de la empresa se separe del cargo.

Pedimos la renuncia de la directiva de Gasmaca para que eso no interfiera en la investigación. Se debe abrir una averiguación porque el accidente de Caño de los Becerros no ha sido el único, luego de ese incidente se han producido otros relacionados también con el gas, y para que se realice una buena investigación los involucrados deben apartarse del cargo”, sentenció.

De acuerdo con lo explicado por el profesional del derecho, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece en su artículo 63 que es competencia de la alcaldía proveer el servicio de gas en los municipios “de manera directa o por alguna contratación, con sujeción al régimen general que se establezca en la correspondiente ley nacional”.

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“Cuando yo formé parte del Concejo Municipal en los años 80, había otra forma de distribución del gas. La competencia era a través de la Asociación Civil Fundemos, integrada por las trece alcaldías del estado. Con el pasar de los años se creó Gases de Maturín y se fueron transfiriendo responsabilidades hacia esa empresa. Hoy quien la controla es la Gobernación de Monagas porque es el mayor accionista”, detalló.

Díaz indicó que como parte de las acciones legales que emprenderá el grupo de abogados que asiste el caso viajarán a Caracas. Se tiene previsto introducir un documento en tres instancias: la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República y la ONG Provea.

“La primera medida que debió tomar la autoridad del estado es pedir la renuncia de la directiva de la empresa de gas y someter el caso a investigación. Vamos a ir a Caracas para introducir un documento en tres organismos y vamos a pedir al Ministerio Público que envíen un fiscal para que realice una investigación. El documento estará firmado por cada uno de los afectados”, precisó.

El artículo 140 de la Constitución establece que es responsabilidad del Estado responder por los daños que sufran los ciudadanos “en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública”. Apoyados en este artículos los abogados sostienen que, en conclusión, el Estado debe asumir las consecuencias del daño causado por la prestación de un servicio que no cumple con los procedimientos mínimos de seguridad.

“Ya el problema no es la mala manipulación de los cilindros de gas por parte de la gente, ya se trata del servicio como tal, del mal llenado de los cilindros y de los pocos métodos de seguridad al momento de distribuirlos. Sabemos que de estas acciones legales derivan juicios lentos que no prescriben. En Monagas debe haber una investigación transparente”, puntualizó el abogado.

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