El documento traza las violaciones de derechos humanos sufridas por los 33 de Ávalon Spa
Valencia. Las organizaciones por los derechos de la comunidad LGBTQ+ llevaron a cabo este jueves un pancartazo frente a las instalaciones del Ministerio Público de Carabobo, en las cercanías de la avenida Bolívar. Ahí una veintena de manifestantes, en su mayoría del grupo Carabobo LGBT+ no solo protestaron, sino que consignaron un documento en el organismo.
La petición es “sobreseimiento ya”. Así lo grita el grupo a todo pulmón frente a la Fiscalía a pesar de los reclamos de los funcionarios que piden que se retiren de la zona.
Sin embargo, para Jefferson Consoni lo ocurrido con los 33 es una violación a los derechos, pero también una violación a los espacios. Entendiendo así que la comunidad LGBTQ+ no tiene igualdad de sitios para recrearse.
En el documento damos a entender, en línea general, la violación a los derechos humanos, pero más en profundidad es entender que algunos perdieron su trabajo por este suceso”.
De igual modo se destaca el descontento por parte de la comunidad hacia los medios de comunicación. “Lo hicieron por el amarillismo”. Lo dice en referencia al periodista larense Humberto Ambrosino, quien aparece en el documento hecho por los activistas como el que inició la difusión de la información falsa en conjunto con las fotos.
El documento
Entre las denuncias destacan que seis de los trabajadores de Avalon fueron burlados, mientras realizaban sus labores de trabajo. Por ende el activista solicita que se abra una investigación contra el funcionario que dio la orden de llevar a cabo los hechos, así como la cadena de mando.
“Si hoy callamos, puede haber otros 33. Hoy fueron estos, pero mañana puedo ser yo”, expresa Consoni.
Esther González es profesora de la Universidad de Carabobo y pertenece al movimiento Todes Podemos Ser, así como de la Mesa de Mujeres.
Hay una gran cantidad de los 33 que perdieron sus empleos. ¿Cómo se paga eso? ¿Quién va a resarcir esos daños? La justicia tiene que dar respuesta”.
González hace referencia a los cuatro trabajadores vinculados al sector público que al darse a conocer la noticia en redes sociales fueron apartados de sus puestos de trabajo.
¿Vagos y maleantes?
Para la activista es irónico que el gobierno chavista se haga llamar de izquierda y socialista y que los derechos de la comunidad estén tan atrás. “No les basta con negarnos nuestros derechos como el matrimonio para que ahora también nos persigan. Volvimos a los 80 con la Ley de Vagos y Maleantes”.
Eduardo Franco, director de la ONG Manos por la Vida (Mavid), en compañía de Jefferson Consoni entregaron a las 11:00 a. m. el documento de tres páginas dirigido al fiscal superior del estado Carabobo, el cual fue recibido y sellado. “Esperamos que algún día den respuesta sobre esto”.
Sobre las declaraciones anteriores del fiscal general, Tareck William Saab, Franco opina que no tiene suficientemente clara la situación.
El habla de que todos están en libertad, pero eso no es así. Están en un régimen de presentación, por lo que no están en libertad. También habla de tres dueños, eso no es así: es un dueño y dos empleados, que son los masajistas”.
En referencia al sobreseimiento, Franco sigue sin comprender por qué ahora quieren seguir la investigación a los tres miembros del local, en esta oportunidad por temas de condiciones sanitarias. “Es un ensañamiento contra el local, es una violación”.
Pero el pronunciamiento del fiscal general obedece a juicio de Franco a la gran repercusión que ha tenido el caso a nivel nacional como internacional. “Es necesario fijar un precedente, porque si se deja que la Fiscalía haga lo que tiene planificado volveremos a los años 70 y 80”.
Volver a estas épocas representa para la comunidad la desaparición de sitios seguros, como es el caso del Ávalon Spa, el cual de acuerdo con miembros de Carabobo LGBTQ sigue cerrado, lo que representa una violación al trabajo.
Una sociedad tibia
“Esperamos que el fiscal de verdad se documente y que no hubo ningún delito”, dice Franco quien además reveló que el consejo comunal de la zona fue llamado a dar declaración y no tomaron la declaración de los vecinos del local.
Sobre este pronunciamiento el experto en derechos humanos, Julio Castellanos le parece insólito que Saab siendo tan locuaz en otros temas para este sea tan escueto.
“A esta gente se le lesionó su dignidad. Se habla de sobreseimiento, pero es que aún no ocurre. Hablamos de 10 días de violación de derechos humanos”.
En su visión la colectividad carabobeña, independientemente su orientación sexual, debería ser más solidaria con el tema de los 33.
“No hablo solo de la sociedad civil, hablo de los partidos políticos, los sindicatos. Ellos deben ser solidarios, porque esto eventualmente es una escalada que hoy afecta a la comunidad, pero mañana puede afectar el de todos. Al final todos tenemos una intimidad que resguardar”.
Como miembro de Acción Democrática se solidariza con la causa y hace una invitación a los demás partidos a pronunciarse. “Esto es una lucha contra la homofobia de Estado. No es el momento para hablar como algunos partidos políticos que dicen que hay una supuesta ideología de género que está destruyendo a la familia”.
Castellanos lamenta que un suceso como este ocurriera para llevar a la palestra este tipo de temas. En su opinión lo que debió haber ocurrido es que el tema fuera parte del debate público. “¿Era necesaria esta violación para reconocer que a la comunidad se le violan sus derechos?”.
Durante la tarde del jueves 3 de agosto, el fiscal general aseguró que este viernes 4 de agosto se daría el sobreseimiento. El grupo espera que el documento sirva de algo.
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