A días de dar por terminado, formalmente, el año escolar 2025-2026, el retorno a clases tras los sismos en Carabobo enfrenta un ausentismo superior al 85 % por temor a fallas estructurales. Aunque los colegios privados cerraron sus evaluaciones a distancia, la educación pública y superior aún reprograman sus actividades.

Valencia. Con municipios enteros sin actividades escolares, cuatro de ellos paralizados por daños estructurales y una asistencia estudiantil que no alcanza el 15 %, el intento de retomar las clases tras los devastadores sismos registrados el 24 de junio pasado ha chocado contra una pared de incertidumbre en Carabobo.

La crisis no es por apatía académica, sino por trauma: los ingenieros evalúan si los edificios resistirán un nuevo temblor, y las familias se niegan a enviar a sus hijos a las aulas sin un informe técnico que garantice que están a salvo.

El evento telúrico, que golpeó al país con un sismo precursor de magnitud 7.2 y un evento principal de magnitud 7.5 con epicentro cercano a Morón, estado Carabobo, no solo fracturó paredes y dejó escuelas con daños en su planta física. También quebró algo mucho más difícil de reconstruir: la sensación de seguridad dentro de las aulas.

Según cálculos del Sindicato Venezolano del Maestro de Carabobo (Sinvemaca), una filial de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), al menos 425 escuelas solo en Carabobo registraron afectaciones, predominando las grietas y fisuras en aulas de clase.

A casi un mes de la tragedia, el regreso ocurrió a medias. En algunos municipios los pupitres permanecen vacíos. En otros, los docentes esperan a estudiantes que nunca llegan. Hay representantes que prefieren dar por perdido el tramo final del año escolar antes que revivir el terror que sintieron cuando la tierra comenzó a temblar.

El calendario académico se aproxima a su cierre, pero la comunidad educativa parece haber quedado paralizada en aquel 24 de junio.

Año escolar 2024 - 2025
Foto: Crónica Uno

Parálisis educativa regional

En Carabobo existen alrededor de 3000 instituciones educativas entre planteles públicos, privados, municipales, estadales y nacionales. Sin embargo, aún ningún vocero gubernamental ha precisado con certeza cuántas resultaron afectadas estructuralmente por este fenómeno de profundidad superficial, estimada en apenas 13,2 kilómetros, lo que maximizó el impacto.

Los ingenieros continúan en la evaluación de las edificaciones, y cuatro municipios permanecen con las actividades escolares suspendidas debido a los daños registrados: Juan José Mora, Puerto Cabello, Valencia y Naguanagua. En los otros diez donde se autorizó el retorno, la realidad ha distado mucho de la esperado.

Las cifras hablan por sí solas. Juan Tortolero, secretario general de Sintraenseñanza Carabobo, estima que menos del 15 % de los estudiantes asistieron a clases durante el reinicio de actividades. Entre el personal docente, administrativo y obrero la asistencia apenas ronda el 50 %.

Detrás de esos números hay miedo. “Muchos representantes no enviaron a sus hijos porque todavía existe temor, y eso es completamente normal. Nadie puede pedirle tranquilidad a una familia si antes no le demuestra que las escuelas son seguras”, afirmó a Crónica Uno.

Este sentimiento colectivo se respira en las calles. Padres y representantes han dejado claro a través de consultas ciudadanas que preferirán mantener a sus hijos en casa y no acatarán el retorno a las aulas hasta que las autoridades publiquen informes técnicos avalados que certifiquen la seguridad de las instalaciones y disipen el temor a un derrumbe.

La incertidumbre se instaló mucho antes de que el timbre escolar volviera a escucharse. En numerosos hogares, la misma inquietud se repetía ante la inminente vuelta a las aulas por tan solo unos días, mientras la duda sobre la resistencia de los planteles ante un nuevo sismo permanece sin respuesta. Las certezas aún no han llegado con la claridad que la situación exige.

Trauma colectivo y ausentismo

Para Tortolero, el mayor desafío ya no es recuperar los días perdidos del calendario escolar. El verdadero reto será recuperar la confianza. La realidad es que hay niños que se niegan a volver a sus planteles y representantes que prefieren esperar al nuevo ciclo escolar.

Por ello considera indispensable que el retorno a las aulas se acompañe de psicólogos, orientadores y especialistas en atención emocional capaces de abordar a estudiantes, docentes y familias.

A la incertidumbre emocional se suma otra preocupación persistente. Ante la magnitud de la crisis, el Ministerio de Educación se vio obligado a implementar un plan de contingencia diferenciado.

Dicho plan ordenó mantener la suspensión definitiva de actividades en los municipios severamente golpeados por los sismos, y estableció un cronograma de reorganización para el cierre del año escolar 2025-2026 en las zonas no afectadas.

Hasta la fecha no existe un balance definitivo sobre el estado de la infraestructura escolar en Carabobo. Tortolero explica que se habla de una afectación cercana al 30 %.

escuelas
Foto: Crónica Uno / archivo

Sin garantías no hay retorno

El dirigente insistió en que dicha revisión debe realizarse en conjunto entre organismos públicos, colegios de ingenieros, arquitectos y universidades. “La gente necesita confiar en un informe técnico, no solamente en un anuncio.”

No obstante, la falta de un boletín centralizado por parte de la Zona Educativa sobre el estatus de clausura de cada plantel ha prolongado la zozobra.

Desde Naguanagua, la alcaldesa Elizabeth Niño reportó unas cuatro escuelas afectadas sin especificar el tipo de daño, aunque sí precisó que se trata de edificaciones antiguas que superan los 70 años de construcción.

Asimismo, aseguró que tres de esos cuatro centros ya están siendo intervenidos para su reparación. En medio de esta crisis, en Naguanagua se han realizado unas 775 inspecciones a edificaciones, lo que abarca el 77 % de las infraestructuras del municipio.

Por su parte, en San Diego, León Jurado reportó que las clases ya habían concluido días antes del terremoto, al menos en las escuelas municipales bajo su jurisdicción.

Solo asistirán en fechas puntuales aquellos estudiantes que avanzan a un nuevo ciclo educativo, ya sea para el paso a bachillerato o la graduación final. Respecto al estado general de los planteles, indicó no poseer esa información, pues le corresponde directamente a la Zona Educativa Carabobo.

Incertidumbre en la educación superior

En los colegios privados la decisión tomó otro rumbo. José Manuel Bolívar, presidente de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada (Andiep), explica que la mayoría de las instituciones afiliadas optó por cerrar el proceso de evaluación utilizando el porcentaje ya desarrollado durante el año lectivo.

En la mayoría de los casos, cerca del 75 % del contenido académico ya había sido evaluado y apenas restaba un 5 % del programa. Sin embargo, la decisión no obedeció únicamente a criterios académicos.

“La educación del siglo XXI prioriza el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Lo más importante en este momento no son los contenidos que pudieron quedar pendientes.”

Lo que sí lamentan es haber suspendido proyectos, exposiciones, presentaciones culturales y actividades que tradicionalmente marcan el cierre del año escolar. Más allá de las calificaciones, Andiep considera fundamental que los estudiantes vuelvan a encontrarse antes de iniciar un nuevo período académico.

La intención es organizar actividades presenciales, preferiblemente en espacios abiertos, donde niños y adolescentes puedan compartir lo vivido, expresar su temor y comenzar a procesar emocionalmente una experiencia difícil de olvidar. Psicólogos, psicopedagogos y equipos de orientación se mantienen activos acompañando a las comunidades educativas en este proceso.

Reorganización en el campus

La incertidumbre alcanzó también a la educación superior. La Universidad de Carabobo decidió reanudar de forma progresiva sus actividades académicas y administrativas. Según informó la rectora Jessy Divo de Romero, algunas facultades retomarán clases de manera escalonada según las decisiones de cada consejo facultativo.

Ingeniería y Ciencias de la Salud, por ejemplo, reiniciarán actividades el próximo 20 de julio en los campus de Bárbula y La Morita, los actos de grado se concentraron para el 29 de julio.

Cada facultad ajustó su cronograma considerando las particularidades de sus programas y las condiciones derivadas de la emergencia.

No obstante, estos ajustes no han sentado del todo bien en la comunidad universitaria. Eylin Peña, estudiante de Derecho, considera absurdo tener que esperar nuevamente un largo período para reactivarse.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas solo los estudiantes de cuarto y quinto año pudieron volver a las aulas; el resto deberá esperar hasta los primeros días de octubre para reincorporarse al recinto educativo.

Carabobo
Fotografía: archivo

¿Sin plan de contingencia?

Los retrasos se han vuelto habituales en la Universidad de Carabobo. Algo similar ocurrió en 2025 tras las elecciones presidenciales que desataron una ola de protestas, e inicios de 2026 la extracción de Nicolás Maduro también trajo consigo interrupciones.

“No entendemos cómo es posible que existiendo un aula virtual la universidad no se pueda organizar para hacer esa migración. Somos estudiantes que ya muchos terminamos el segundo lapso. Luego cuando avanzamos a cuarto año las autoridades nunca logran reorganizar los cronogramas para que los tiempos lectivos sean los correctos y… ¿Sabes qué significa eso? Que tenemos exámenes todas las semanas y eso genera un desgaste que a ellos no les importa”, dijo un estudiante que pidió mantener su identidad en el anonimato.

Algunos profesores han planteado a las autoridades la opción de acudir a las aulas únicamente a presentar exámenes pendientes y entregar las notas de evaluaciones pasadas.

El cierre del año escolar 2025-2026 queda así marcado no por los promedios ni por los actos de grado, sino por la urgencia de reparar techos, sanar traumas y reconstruir la fe en las instituciones.

La verdadera prueba para Carabobo no se responderá en un examen final, sino en la capacidad del Estado y la sociedad para garantizar que, al abrir el próximo ciclo lectivo, las aulas vuelvan a ser el refugio seguro que nunca debieron dejar de ser.

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