Los diputados opositores que integran el Comité de Postulaciones Electorales sostienen que “el TSJ y el CNE están modelando un proceso electoral a la medida de los intereses del PSUV sin respetar las normas constitucionales y legales mínimas”. Afirman que el Comité se mantiene operativo como espacio de acuerdo político, pero que no han avanzado en ninguna tarea relativa al nombramiento de otro CNE.
Caracas. Los diputados Ángel Medina (PJ), Piero Maroun (AD) y Olivia Lozano (VP), presidente e integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, respectivamente, suscribieron este miércoles en rueda de prensa virtual, el contenido del informe presentado el domingo 19 de julio por la ONG de veeduría electoral, Súmate.
El documento, que fue presentado el pasado 21 de julio ante la plenaria de la Asamblea Nacional, enumera 17 decisiones, acciones y procesos adoptados por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral designado por los magistrados, que en vez de fomentar el voto, rescatar la credibilidad del Poder Electoral y sembrar confianza entre los electores, “podrían agravar el conflicto político”.
Basado en los 17 puntos descritos por Súmate, el diputado Medina recalcó que al día de hoy, “no hay condiciones que permitan a los venezolanos dentro y fuera del país decidir de manera libre” y que las reglas planteadas para el proceso “violentan la Constitución”.
Piero Maroun acusó a la administración de Nicolás Maduro de querer hacer unas elecciones pero sin competir: “El TSJ y el CNE están modelando un proceso a la medida de los intereses del PSUV sin respetar las normas constitucionales y legales mínimas”.
La diputada Lozano, por su parte, enfatizó que en la oposición hay el deseo de participar pero con condiciones: “Somos demócratas y no abstencionistas. Hemos luchado para lograr que el voto sea respetado”.
Las 17 acciones que enturbian el camino al 6-D
El informe presentado por Súmate a la Asamblea Nacional y que fue avalado por el Comité Electoral señala las siguientes irregularidades de cara a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre próximo:
1. La elección de los cinco rectores y 10 suplentes del directorio del CNE por la Sala Constitucional del TSJ, imponiendo entre los designados a dos magistradas de ese máximo tribunal (Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez), usurpando una competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional establecida en el artículo 296 constitucional.
2. La imposición como presidente del directorio del CNE de una de las dos magistradas designadas como rectoras por la Sala Constitucional del TSJ, usurpando con ello la competencia que corresponde a los rectores del CNE en la sesión de instalación de acuerdo con el artículo 36 de la LOPE.
3. La imposición al frente de la Junta Nacional Electoral (JNE) de la magistrada de la Sala Electoral Indira Alfonzo; decisión que viola el artículo 296 constitucional y 44 de la LOPE, según el cual, los tres órganos subalternos del CNE deben estar presididos por los rectores postulados por la sociedad civil. Alfonzo, destaca Súmate, dictó la sentencia 260 de 2015 que impidió la incorporación de los diputados de Amazonas y la sentencia 1 de 2016 que sembró la tesis del desacato.
4. La usurpación de la competencia legislativa de la Asamblea Nacional por parte de la Sala Constitucional del TSJ, que en su sentencia 68 de 2020 ordena al CNE impuesto “asumir el desarrollo normativo” para la elección legislativa, tras desaplicar los artículos de la Constitución que regulan la distribución de cargos en los cuerpos deliberantes.
5. La destitución de las direcciones nacionales de los partidos políticos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), e imposición de juntas directivas ad hoc por la Sala Constitucional del TSJ en las sentencias 71, 72 y 77 de este año. La decisión desconoce a la dirigencia legítima de tres de los cuatro principales partidos de oposición y que, según el diputado Maroun, tienen actualmente 43 % de los diputados en la AN.
6. En el cuerpo de las sentencias 68, 69, 70, 71, 72 y 77 de 2020 de la Sala Constitucional, se observa cómo el TSJ actúa a favor de la parcialidad política en el Ejecutivo y sectores políticos congregados en la denominada Mesa de Dialogo Nacional, y violan el derecho al debido proceso de los afectados, ya que les negó́ la igualdad de oportunidad en la defensa de sus derechos.
7. La aprobación inconstitucional de las “Normas Especiales para las Elecciones a la Asamblea Nacional Período 2021-2026” por el directorio del CNE faltando cinco meses para el 6-D viola el artículo 298 de la Constitución que establece expresamente que: “La ley que regule los procesos electorales no podrá́ modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.
8. El incremento del número de escaños de 167 a 277 curules “viola expresamente los lineamientos para la conformación de la Asamblea Nacional” establecidos en el artículo 186 de la Constitución, según el cual, el número total de escaños no debe exceder los 167: 91 o 92 diputados nominales, electos de acuerdo con la base poblacional de 1,1 %; 72 diputados lista a razón de tres por cada estado y tres diputados indígenas. Al respecto, Medina destacó que en la nueva distribución de diputados por estado, el CNE aplicó “criterios políticos” y puso como ejemplo los casos de tres estados que elegirán 6 diputados cada uno, pero que difieren en el número de sus habitantes hasta por 500.000 personas (Delta Amacuro con 237.000 habitantes, Vargas con 443.000 habitantes y Yaracuy con 766.000 habitantes). “Esto lo que evidencia es que buscan darle ventaja a un sector”, señaló.
9. La proyección poblacional presentada por el INE ante la Constituyente y aprobada por ese organismo —aunque esto es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional— “no coinciden con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística publicadas en su página web”; además, dice Súmate, en algunos casos se sobrestima la población de un estado y en otras se proyecta una población inferior a la presentada por el INE.
10. “La creación ilegal de 48 escaños parlamentarios con base en una lista de adjudicación nacional” creada por el directorio del CNE en su normativa “no tiene base constitucional ni legal”, sostiene Súmate. Y agregan que el “CNE no solo viola la Constitución al cambiar la composición del Parlamento y el sistema federal de gobierno, sino que se extralimita en las supuestas competencias que le otorga la Sala Constitucional”.
11. El aumento de los diputados lista en cada estado, de un total de 51 a 96 “no responde a criterios técnicos”, dice Súmate y acota: “No es posible reproducir el proceso de asignación siguiendo fórmulas matemáticas de ningún tipo” pero “es fácil observar que el resultado lleva a sobrerrepresentar a los estados con menor población y a subrepresentar a los estados donde se concentra la mayor cantidad de ciudadanos.
12. “La decisión inconstitucional de elegir 130 diputados por nombre y apellido en 87 circunscripciones nominales, que implica escoger 17 diputados adicionales a los 113 electos en 2015, tampoco responde a criterios técnicos”, señala la ONG. Advierte que al igual que con el aumento de los diputados lista, se busca sobrerrepresentar a los estados con menos población y subrepresentar a los estados con más población: “7 de los 17 nuevos diputados (41,2 %) son asignados a circunscripciones donde el índice poblacional no justifica el incremento, afectando todavía más la ya sesgada distribución de las circunscripciones y cargos nominales a elegir en cada una”.
13. La Asociación Civil Súmate también se refirió a la situación de los diputados indígenas, que según la legislación vigente tienen derecho a tener tres diputados en la cámara. De acuerdo con la norma publicada, las comunidades indígenas seguirán teniendo tres diputados, aunque el número total de la plenaria se elevó a 277. “El cambio afecta el espíritu constitucional, que le otorga un peso a la representación indígena de entre 1,80 % y 1,82 % del total del parlamento, cuando el peso relativo de estos tres diputados indígenas en un nuevo parlamento de 277 escaños disminuiría hasta 1,08 % contrayendo en 67,88 % la influencia total de los diputados por los pueblos originarios en la composición del parlamento”.
14. Sobre los cambios al sistema de transformación de votos en escaños, Súmate señala:
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- No ofrecen un mecanismo claro para determinar el número total de diputados.
- El sistema continúa sobrerrepresentando al partido o coalición ganadora, más aún si los votos del resto de los competidores se dispersan.
- El sistema podría permitir que un partido o coalición obtenga fácilmente la mayoría de los escaños sin ganar la mayoría de los votos totales, si logra que sus votos se concentren en los estados que eligen más diputados.
- Un partido o coalición necesitaría obtener alrededor de 30 % de los votos lista para poder obtener una curul por esa vía, lo cual perjudica a las minorías y partidos pequeños y regionales; el efecto combinado de los cambios introducidos en el sistema y el aumento de la cantidad de diputados diluye el peso que podría obtener un diputado en el nuevo Parlamento.
15. Sobre la jornada especial del Registro Electoral advierte la ONG que:
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- Con el despliegue de 551 puntos, del 13 al 26 de julio no se garantiza la inscripción y actualización de al menos 4,2 millones de ciudadanos: 2,6 millones en edad para inscribirse y 1,6 millones por cambiar su centro de votación en el país, dice Súmate. El diputado Maroun señaló que a esa cifra habría que agregarle al menos 3,7 millones de venezolanos que cumplieron la mayoría de edad en el exterior o que tienen derecho a registrar su nueva residencia en el exterior. “En 14 días con las medidas de confinamiento y restricciones de movilización por la pandemia del COVID-19, es matemáticamente imposible que el CNE pueda cumplir con esta obligación”.
- Además, Súmate advierte que 4,5 % de los 335 municipios y 58,1 % de las 1141 parroquias del país no tienen punto de registro.
- 25 % de las personas no tendrá́ acceso en su propia parroquia a un punto de actualización.
- Mientras 17,7 % de los puntos estaría desplegado en parroquias pro opositoras, 32,8 % de los puntos están en parroquias pro oficialistas.
- Los puntos de registro están distribuidos de manera desproporcionada: en ciudades y grandes ciudades, que aglutinan a 55 % de la población, fueron asignados 36,9 % de los puntos; en ciudades intermedias o pequeñas, que contienen 25 % de la población, fueron asignados el 18,7 % de los puntos; y por el contrario, en las poblaciones rurales y los centros poblados medianos y pequeños, que contienen 20 % de la población fueron asignados 44,5 % de los puntos.
- 25 % de los puntos fueron ubicados en lugares que podrían afectar la imparcialidad del proceso como sedes de misiones educativas, puestos policiales o de Guardia Nacional, bases de Misión Vivienda; o en sitios que podrían tener altos riesgo de contagio por COVID-19 como ambulatorios de Barrio Adentro, CDI o Centros Sanitarios.
16. “A cuatro meses y medio de la elección, el directorio del CNE no ha informado nada sobre los avances para asegurar que “la votación sea automatizada”, luego de la pérdida de más de 40.000 máquinas de votación por el incendio de marzo de este año. El CNE, recuerda Súmate, está obligado por la legislación a informar sobre la apertura de licitaciones y del software a utilizar. “No es una buena práctica que estando a cuatro meses de los comicios, ni los ciudadanos, ni los candidatos, tengan claridad sobre la forma cómo se votaría en las Elecciones Parlamentarias”.
17. Finalmente, sobre el cronograma electoral Súmate alerta que:
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- Se hizo la convocatoria y se publicó el cronograma en fechas diferentes (1° de julio y 10 de julio, respectivamente) lo cual viola el articulo 42 de la Lopre que exige publicarlo el mismo día de la convocatoria.
- En consecuencia, las primeras actividades del cronograma se desarrollaron sin que la ciudadanía tuviera acceso a los lapsos, procesos y fechas, uno de esos procesos, advirtió Maroun, fue el de registro de grupos de electores, proceso del cual no hay documentación: “pasó por debajo de la mesa el periodo para la constitución de movimientos de electores ¿cómo se recogen 100.000 firmas y se validan en medio de la pandemia? Evidentemente, eso no se hizo, pero seguramente saldrá el CNE y dirá que sí”, vaticinó el diputado.
- El cronograma publicado en la web del CNE, tiene diferencias con el primer cronograma difundido de forma extraoficial por el organismo comicial, lo que viola la norma que indica que una vez iniciado el proceso, el cronograma no se puede modificar.
- Más del 50 % de las actividades dispuestas en el cronograma implican movilización masiva de ciudadanos y/o funcionarios del CNE, lo cual es un riesgo de contagio en el contexto de la pandemia por COVID-19.
- El cronograma establece que la elección de los miembros de mesa y juntas electorales se realizará mañana 23 de julio, pero según la Lopre y la LOPE ese proceso debió cumplirse en el primer trimestre del año.
- Solo se establecen 15 días de campaña electoral, pese a que ese proceso implica promoción de candidatos en un contexto con pocos medios de comunicación, variaciones del sistema asignación de escaños, posibles cambios en el sistema automatizado y el contexto de movilidad restringida por COVID-19.
- El cronograma tiene 12 actividades menos que en 2015 y 26 actividades menos que en 2018, tareas que fueron eliminadas o fusionadas sin justificación técnica.
El comité como espacio de acuerdo político
El presidente del Comité de Postulaciones Electorales, Ángel Medina, suscribió el detallado informe de la ONG y recalcó que todos los cambios y violaciones a la ley y a la Constitución revelan que las actuaciones del TSJ y el CNE se guiaron “por impulsos claramente políticos”.
Concluyó que las autoridades del Poder Electoral nombradas por el TSJ “modificaron las normas para que la opción política de quienes están en el poder tenga ventaja en el proceso electoral” y abogó por la restitución de “reglas claras y justas para garantizar una elección verdaderamente libre”.
Maroun no dejó de mencionar el hecho de que el TSJ que impuso a la directiva del CNE “es ilegítimo de origen y de desempeño” porque parte de sus integrantes fueron designados en diciembre de 2015 por la anterior legislatura en un proceso que violentó lo establecido en la Constitución y porque a lo largo de estos cuatro años y medio han usurpado las competencias de la Asamblea Nacional.
Con respecto a la vigencia de Comité de Postulaciones, aunque Guaidó señaló el pasado 14 de junio que ese ente continuaría sus tareas y designaría a un CNE, Medina admitió que desde ese momento se han mantenido operativos y en comunicación pero no para designar a un nuevo CNE, sino como “espacio de acuerdo político” y que su permanencia es una decisión que adoptará la junta directiva de la Asamblea Nacional.
“El comité esta allí y hemos entendido que es un espacio de acuerdo político para crear reales condiciones electorales. El comité y su continuidad están bajo una discusión y decisión de la juntad directiva de la AN. Básicamente, lo que hemos hecho es mantener su vigencia. No se ha avanzado en otra cosa en espera a la decisión de la junta directiva de la AN y esperamos esa indicación de cuál es la estrategia”, admitió Medina.
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