Fueron impuestos de medidas como la presentación de 2 o 3 fiadores, entrega vigilada a los padres y presentación ante el alguacilazgo, cada 8, 15 o 30 días, por lo que la libertad no es plena.
Maracay. Luego de 8 días de su detención y 7 de la reclusión de 18 menores de edad en el Servicio Autónomo de Protección al Niño, Niña y Adolescentes del estado Aragua (Sapanna), los 23 jóvenes detenidos entre el 23 y 24 de enero en distintos sectores de la entidad fueron liberados pero con medidas cautelares, como entrega vigilada a los padres o representantes y presentación ante el alguacilazgo cada 8, 15 o 30 días. Las liberaciones se producen, entre otras razones, luego de que los padres consignaran ante los respectivos tribunales, los requisitos de los 2 y 3 fiadores que estos les impusieron.
Los 18 adolescentes que permanecían en Sapanna llegaron al Palacio de Justicia en Maracay con la cabeza rapada y con un uniforme. Allí se reencontraron con las 3 adolescentes femeninas liberadas el pasado 29 de enero en horas de la noche, y con los 2 adolescentes que fueron presentados en la primera audiencia y entregados a sus padres el mismo 24 de enero.
Los acompañaron sus padres y sus abogados defensores, en su mayoría de Foro Penal Aragua, y antes de retirarse a sus hogares, debieron presentarse en una audiencia especial calificada por los abogados como “inaudita, pues no está tipificada en la Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes”.
Extraoficialmente, Crónica.Uno pudo conocer que durante esta audiencia, las dos juezas que actuaron en los procesos, Aliani Castillo y Nunziatina Prodoveccio Tovar, 2da y 1era de control en responsabilidad del adolescente, procedieron a “ilustrar” a sus padres y “leerle la cartilla” a los menores. Además de que se procedió a fotografiarlos y grabarlos, lo que, a juicio de los abogados, contraviene lo previsto en el artículo 65 de la ley, el cual establece lo siguiente:
“Se prohíbe exponer o divulgar, a través de cualquier medio, la imagen de los niños, niñas y adolescentes contra su voluntad o la de su padre, madre, representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones, a través de cualquier medio, que lesionen el honor o la reputación de los niños, niñas y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar”.
De acuerdo con la norma jurídica, esa audiencia especial —que duró aproximadamente una hora— no está establecida en ninguna ley y mucho menos para materializar libertades.
Como se recordará, luego de la marcha del 23 de enero, en Aragua se desató una persecución de los cuerpos policiales que devino en la detención de más de 120 personas, entre ellas, estos menores de edad o adolescentes. La reclusión de 18 jóvenes activó todas las alarmas de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos que exigían la inmediata liberación de los adolescentes.
Aún quedan privados de libertad más de 100 personas, entre ellas 8 mujeres y algunos jóvenes con patologías como diabetes, autismo y retardo global del desarrollo, enviados a centros de reclusión como Alayón, Cuartelito o Tocoroncito, por ejemplo. Estos detenidos, mayores de edad, deberán esperar los 45 días que establece la norma para la audiencia de presentación.
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