Condiciones electorales para el 6-D son peores que las de 2018

Comisionado de la ONU preocupado por condiciones electorales en Venezuela, condiciones electorales

Al desconocimiento del sistema automatizado que se utilizará, se añade la profundización en la violación a la Constitución, el “secuestro” de las tarjetas partidistas, la pandemia del COVID-19 y la escasez de gasolina.

Caracas. Luego del contundente triunfo electoral de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del gobierno de Maduro han ido desmejorando las condiciones electorales en el país y transformando los comicios en procesos no competitivos, en los que se hace muy cuesta arriba a los adversarios poder repetir la victoria de hace cinco años, a pesar del rechazo hacia el Gobierno que revelan distintos sondeos de opinión.

El politólogo y especialista en el área electoral, Jesús Castellanos, considera que las condiciones de las cuestionadas elecciones parlamentarias, convocadas para el próximo 6-D, son peores que las de las presidenciales de mayo de 2018, que fueron desconocidas por buena parte de la comunidad internacional y que provocaron que al año siguiente más de 50 países reconocieran a Juan Guaidó como presidente encargado del país.

“El régimen venezolano era considerado como un sistema híbrido, con características de autoritarismo competitivo. Después de las elecciones de 2015 se pasa a una nueva etapa no democrática en Venezuela, que se afianza en 2018 con el no reconocimiento de las elecciones presidenciales, convirtiéndose en un régimen autoritario cada vez más puro con altos niveles de violaciones de derechos humanos”, indicó el experto.

Al hacer una comparación con las reglas del proceso de 2015 son evidentes varias diferencias. Los partidos de la oposición podían usar sus tarjetas para postular candidatos e incluso tuvieron oportunidad de hacer uso de una tarjeta unitaria MUD. Luego de esos comicios, estas tarjetas fueron inhabilitadas por el CNE y traspasadas a dirigentes cercanos al Gobierno mediante sentencias del TSJ. “Había un respeto parcial al pluralismo político, donde partidos como la MUD y los de la alianza estaban reconocidos”, recuerda Castellanos.

La otra gran diferencia está en el sistema automatizado de votación. En 2015 tanto el hardware (soporte físico), como el software (soporte informático) eran conocidos por los partidos y sus técnicos electorales. En esta ocasión, a dos meses y medio de las elecciones, las organizaciones políticas desconocen los detalles del sistema automatizado que se va a utilizar, y ni siquiera tienen certeza de cómo se van a hacer las auditorías del mismo.

Este domingo, la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, indicó que la “presencialidad” de estas revisiones iba a estar “condicionada” por la pandemia, por lo que podría limitarse el número de técnicos que asistirán a este proceso. “En 2015 las auditorías contaron, no solo con los partidos políticos, sino también con la observación electoral nacional y con expertos externos, como la UCV”, precisó Castellanos.

A esto se agrega la violación de la Constitución y las leyes que se agudizó con las más recientes decisiones del TSJ y el CNE. Luego de desconocer al Poder Legislativo casi desde sus inicios, el máximo juzgado designó a los rectores del CNE, argumentando una “omisión legislativa”. Aunque se siguió un proceso similar en comicios pasados, Castellanos indica que los rectores anteriores, al menos, tenían mayor experticia en procesos electorales. “Existía una directiva del CNE con alguna experiencia electoral, donde la mayoría de sus miembros tenían años como rectores del organismo”.

El TSJ facultó al CNE para modificar el sistema electoral venezolano (algo que para varios juristas viola la Constitución al usurpar funciones del Poder Legislativo), lo que hizo este organismo a menos de seis meses de los comicios, violando lo establecido en artículo 298 la Carta Magna. Entre los cambios estuvo aumentar en 66 % el número de diputados, sin criterio técnico o legal, y violando lo que señala la Carta Magna en su artículo 186 sobre la base poblacional de 1,1 % que se debe utilizar para establecer el número de legisladores que conforman el Parlamento. “En 2015 Las reglas de juego eran básicamente las definidas en la Constitución y las leyes electorales, y no en definiciones inconstitucionales e ilegales hechas por el CNE”, señala el politólogo.

De igual manera, el experto se refiere al Registro Electoral (RE). En el 2015, el CNE activó una jornada de inscripción y actualización de datos entre el 2 de febrero y el 8 de julio; cinco meses, con un total de 1568 puntos dispuestos en todos los municipios del país. Este 2020, la jornada especial del RE fue establecida del 13 al 26 de julio, 14 días, con 551 centros que no llegan a abarcar los 335 municipios de Venezuela en su totalidad. “Estaba razonablemente actualizado y hubo una jornada de inscripción y actualización lo suficientemente extensa en el tiempo y en el territorio que permitió la incorporación de gran parte de los venezolanos con derecho al voto que no formaban parte de dicha base de datos”, expresó el experto sobre los comicios de 2015.

Al uso de recursos públicos e intimidación a electores que han sido característicos de los procesos electorales pasados, se le añade ahora el anuncio del posible “acompañamiento” de los electores por funcionarios militares, lo que podría violar el derecho al sufragio directo, libre y secreto establecido en la Constitución y tratados internacionales.

A esto se añaden dos situaciones que complican la realización de los comicios y la capacidad de los electores para ejercer su derecho al voto y de los candidatos para realizar su actividad de campaña: la COVID-19 y la escasez de gasolina. “Obviamente, conforme a esto las condiciones electorales de 2020 no solo son peores que las de 2015, sino también que las de 2018. Las cuales ya eran bastante graves”, concluyó Castellanos.

Promesas del Gobierno

El pasado 2 de septiembre el canciller Jorge Arreaza envió una carta a la Unión Europea y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que solicitó a esos organismos, por primera vez en 14 años, venir como veedores de los comicios. Sin embargo, la UE respondió que el tiempo es insuficiente para enviar una misión electoral el 6-D, por lo que si celebran los comicios ese día, como lo ha reiterado el Gobierno, no habrá tampoco ninguna mejora con respecto a elecciones anteriores.

En el documento, el Gobierno se comprometió con garantías como la cobertura equilibrada de los candidatos en los medios, no usar recursos del Estado en la campaña, la no implementación de puntos partidistas el día de la elección y el uso de la tinta indeleble en las elecciones. A pesar de esto, el Gobierno ha continuado usando los medios y recursos públicos para promocionar a sus candidatos, mientras que la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, señaló este domingo que no estaba contemplado usar la tinta indeleble, y que el organismo tampoco ha “evaluado” el tema de los famosos “puntos rojos” alrededor de los centros electorales.

En una entrevista dada a Venezolana de Televisión, Alfonzo también se refirió al tema de la pandemia asegurando que el organismo tomará medidas para mantener el distanciamiento físico entre los votantes y asomó la posibilidad de que las votaciones se prolonguen por dos días, lo que exigiría nuevas garantías sobre la transparencia y la integridad del proceso. Sobre la escasez de combustible señaló: “Estamos conversando con organizaciones políticas para ver cómo las podemos apoyar. Sabemos que la movilización de ellas también se hace determinante en la movilización de candidatos”.

Condiciones mínimas

Ante estas condiciones han sido diversas las respuestas de las organizaciones políticas de oposición. Los grupos de la oposición que ganaron la AN en 2015 y decidieron abstenerse en 2018, indicaron que las condiciones no permiten tener una elección competitiva y denunciaron que el 6-D será un “fraude” electoral.

El dirigente Henrique Capriles, por su parte, indicó que está en conversaciones con el Gobierno en procura de mejoras en las condiciones electorales, y aunque hizo un llamado a “participar” también ha dicho que si no hay observación internacional, el proceso queda “muy comprometido”. Un tercer sector asociado a la llamada Mesa de Diálogo Nacional ya ha mostrado su disposición a participar con las condiciones actuales.

Para el politólogo Jesús Castellanos, unas elecciones medianamente competitivas en Venezuela deben tener las siguientes condiciones:

  1. Un árbitro imparcial, nombrado conforme al ordenamiento constitucional y legal.
  2. Garantía real de pluralismo político en donde se permita participar a los partidos políticos y no “remedos” activados tras las sentencias del TSJ (Salas Constitucional y Electoral) o por decisiones administrativas del CNE. En la misma línea, finalizar con las inhabilitaciones administrativas de la Contraloría General de la República y permitir la legalización de grupos como Vente Venezuela y Marea Socialista (hasta el momento se ha torpedeado su inscripción).
  3. Crear un compromiso de respeto al ordenamiento legal, de paz, de no persecución política y de no coacción o coerción electoral (incluye el no uso del carnet de la Patria y Cajas Clap con motivos electorales)
  4. Establecer un nuevo proceso de inscripción y actualización del RE realmente inclusivo que permita la incorporación de más dos millones de venezolanos con derecho al voto que aún no forman parte del RE.
  5. Presencia de algún tipo de asesoría electoral internacional rigurosa, conforme a estándares internacionales.
  6. Activación real y exhaustiva de la observación electoral nacional.
  7. Información y auditorías exhaustivas y rigurosas del sistema automatizado de votación.

Foto: Luis Miguel Cáceres/Archivo Crónica Uno


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