Cada preso por motivos políticos tiene una historia que contar, aunque unos fueron más mediáticos que otros. Sus familiares y amigos padecieron con ellos el encierro, al que fueron sometidos injustamente por el gobierno de Nicolás Maduro.

Caracas. 110 presos políticos. 110 personas con nombres y apellidos cuyas vidas quedaron en el limbo durante meses o años. Aunque Jorge Rodríguez leyó 108 nombres, se supone que son 110 los que recibieron la medida presidencial de indulto que ¿sorprendió? a algunos.

De ellos, 25 son diputados reconocidos. Unos con juicios abiertos y otros ciudadanos comunes cuyo delito es pensar distinto al oficialismo. Desde ayer mismo empezaron a ser excarcelados. En Crónica.Uno recopilamos algunas de sus historias porque son personas con familia, con nombre y apellido, y no fichas de intercambio.

Antonia Turbay. Su “delito”: ser vecina de la familia de Iván Simonovis. La abogada de 62 años de edad estuvo presa desde junio de 2019 y tenía boleta de excarcelación desde julio de 2019. “Cuando uno es culpable, uno cumple su condena a lo mejor con orgullo, porque tal vez sí fui a protestar contra el gobierno porque algo no me gustó, pero lo estuve injustamente por algo en lo que no tenía nada que ver, porque es que ni soy amiga de Simonovis. Sí, es mi vecino, lo aprecio porque cuando él estuvo preso sentí mucha compasión por sus hijos que no tenían a su papá, pero yo no tengo nada que ver y me han alejado de mi familia”, dijo Turbay entre lágrimas a los medios.

José Daniel Hernández. Fue detenido por segunda vez el 12 de abril de 2019 en Nuevo Horizonte, municipio Sucre, por varios hombres vestidos de negro, con chalecos antibalas y sin identificación. Iba a casa de Yoelkis Frontado, novia de Nixon Leal, quien también fue detenida. A ambos los acusaron, sin pruebas, de posesión y comercialización de explosivos y asociación para delinquir.

José Daniel, de 31 años, estuvo detenido en 2017, durante las protestas en contra de Nicolás Maduro. El 3 de mayo lo aprehendieron funcionarios del Sebin mientras iba al hospital Domingo Luciani, con Nixon Leal, a entregar medicamentos para los heridos en las manifestaciones. Fue víctima de desaparición forzada durante una semana y también fue víctima de torturas físicas y psicológicas. 

José Daniel Hernández con su familia. Foto: Cortesía familiares

Roberto Marrero. A las 3:00 a. m. del 21 de marzo de 2019, funcionarios del Sebin irrumpieron en la vivienda del secretario de despacho de Juan Guaidó y lo detuvieron. Al abogado lo acusaron de asociación para delinquir, legitimación de capitales, conspiración y tenencia ilícita de armas y explosivos.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, confirmó la detención horas después de que fuera denunciada por los opositores. Reverol declaró que Marrero fue arrestado por su supuesta vinculación con una “célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos”.

Gilber Caro. El 20 de diciembre de 2019 una comisión de las FAES arrestó al diputado en una pizzería de El Paraíso. Se encontraba con su asistente, el periodista Víctor Ugas, quien también fue detenido por segunda vez, pues en 2014 lo arrestaron por publicar unas fotos del exdiputado Robert Serra, en la morgue de Bello Monte. Sin embargo, a Ugas lo excarcelaron el 17 de enero de 2020, luego de permanecer 28 días desaparecido.

Caro estuvo recluido debajo de unas escaleras en el comando de las FAES en Caricuao, sin poder ponerse de pie. Su familia denunció en julio que no le daban comida, agua ni recibía luz solar. 

El parlamentario ha sido detenido tres veces. La primera vez fue el 11 de enero de 2017 en la autopista Regional del Centro, una comisión del Sebin lo interceptó en el peaje de Guacara. Casi seis meses después de su detención lo presentaron ante un tribunal militar por los delitos de traición a la patria y sustracción de efectos de la FANB. Tras un año y cinco meses, el 1° junio de 2018 Maduro ordenó su excarcelación y la de otros 38 presos políticos, y fue juramentado como diputado de la AN.

La segunda detención fue el 26 de abril de 2019 en un restaurante en Las Mercedes (Caracas). Su abogada y sus familiares tampoco supieron de su paradero inmediatamente. Dos meses después fue excarcelado, el 17 de junio de 2019.

Nicmer Evans. El lunes 13 de julio de 2020, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Evans por supuesta “promoción o inciación al odio”. Los funcionarios llegaron a su residencia con la orden de aprehensión firmada por el tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas.

Esto, luego de que el politólogo deseara “larga vida, para que la justicia del hombre llegue antes que la divina” al constituyente Fidel Madroñero, quien anunció que dio positivo a COVID-19.

Cuatro días después el tribunal 21 de Control Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó la medida privativa de libertad contra el director del portal digital Punto de Corte.

En la audiencia de presentación, acusaron a Evans por el supuesto delito de “promoción al odio” con base en el Art. 20 de la inconstitucional “Ley Contra Odio”.

A Evans lo regresaron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia militar (Dgcim) ubicada en Boleíta, donde estuvo recluido durante 51 días.

Renzo Prieto. El diputado fue detenido el 10 de marzo, por las FAES, en The Hotel, en Caracas. Sus colegas y familiares denunciaron que estuvo incomunicado en el comando de las FAES en Caricuao. Presentó severos problemas de salud en la columna. 

El parlamentario fue detenido, por primera vez, el 10 de mayo de 2014 en un centro comercial de Caracas por funcionarios del Sebin y de la Dgcim. Lo excarcelaron en junio de 2018 como parte del “pacto de reconciliación nacional” propuesto por Nicolás Maduro luego de los resultados del proceso electoral del 20 de mayo de ese año.

Ramón José Medina. El exdiputado junto con José Luis Cartaya y Arnoldo Gabaldón, en 2016, eran de la junta directiva del partido MUD que en ese año intentó realizar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro.

Este proceso fue desechado y a Medina lo acusaron de cometer delitos electorales, entre otros fraude electoral y falsificación de firmas. No estaba detenido, pero tenía prohibición de salida del país y el partido MUD fue inhabilitado. El juicio estaba radicado en Carabobo.

Mariela Magallanes. Diputada a la Asamblea Nacional por el circuito 4 del estado Aragua y miembro del partido La Causa R. Al igual que en los casos de los otros 24 diputados, no hubo proceso legal para allanar su inmunidad parlamentaria. 

A la parlamentaria, el Tribunal Supremo de Justicia le abrió, el 7 de mayo de 2019, un proceso penal por supuesta conspiración y traición, por el intento de insurrección militar del 30 de abril de ese mismo año.

Permaneció refugiada por siete meses en la Embajada de Italia junto con su homólogo, Américo de Grazia. El 30 de noviembre de 2019, fue desterrada de Venezuela y salió del país rumbo a Italia, gracias a un gesto humanitario solicitado por el senador italiano Pier Ferdinando Casini.

Magallanes está casada con un ciudadano italiano con quien tiene dos hijos. Actualmente reside en Lecco, una población a 50 kilómetros al norte de Milán, en donde nació su esposo.

El 6 de marzo de 2020, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la designa como representante del gobierno interino ante Italia.

Enrique Perdomo. Abogado penalista. El 14 de junio de 2019 fue arrestado por el Sebin. El abogado, a solicitud y con autorización de la familia Simonovis, acudió a la residencia “La Ivanera”, en La Florida, Caracas, para constatar que los bienes de la familia no los hubiesen robado. Un mes antes, el comisario Iván Simonovis, había escapado del arresto domiciliario.

Perdomo Briceño fue presentado el 31 de julio de 2019 ante el tribunal 18 de Control del Área Metropolitana de Caracas, con una acusación por el delito de obstrucción a la justicia, pese a que el Ministerio Público no presentó en el lapso de los 45 días reglamentarios, ninguna actuación. En un año y un mes, jamás se celebró la audiencia preliminar.

Foto: Captura pantalla

Desde agosto de 2019, sus abogados defensores solicitaron su traslado a un centro asistencial, pues el penalista ya presentaba problemas de salud, pero el Sebin nunca ejecutó las órdenes del tribunal.

La familia del abogado había denunciado su crítico estado de salud, pues habría contraído COVID-19 durante su encierro en el Helicoide y además tuvo un infarto que le ocasionó la pérdida de la visión de su ojo izquierdo y comprometida la del ojo derecho. 

Demóstenes Quijada. El asesor de Guaidó, y ciudadano español, estuvo detenido en la sede del Dgcim hasta este martes 1° de septiembre. 

El pasado 2 de abril funcionarios de la Dgcim detuvieron a Demóstenes Quijada luego de allanar su casa. En aquel momento, los funcionarios se llevaron también computadoras, celulares y vehículos de la familia.

Quijada fue imputado por cuatro delitos: terrorismo, tráfico de armas y explosivos, asociación para delinquir y ocultamiento de drogas.

En su momento, su abogado, Joel García, indicó que a su defindido le habían sembrado evidencias como drogas, explosivos y dos granadas. 

Marco Antoima. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc) detuvieron al periodista Marco Antoima en la mañana del sábado 20 de junio de 2020 en Los Palos Grandes, Caracas. La detención se produjo con la orden del tribunal 47 de Control una vez transcurridas 24 horas de la aprehensión de la también periodista Mimi Arriaga.

Espacio Público informó que el Tribunal le imputó el delito del artículo 20 de la insconstitucional “ley contra el odio”, por la supuesta vinculación a la cuenta @VVSinCensura @VVPeriodistas desde donde se difunden mensajes contra Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.

Luisa Mimi Arriaga. La periodista y coordinadora del portal digital 800Noticias, Luisa Mimi Arriaga, la detuvieron el jueves 18 de junio funcionarios del Cicpc en su residencia en El Hatillo, estado Miranda.

La detención a Arriaga ocurre luego de que los efectivos allanaran la vivienda de la comunicadora social llevándosela detenida. Su madre logró llevarle alimentos y verificar que estaba en buen estado salud la tarde del jueves 19 de junio. Al igual que a Antoima, a Arriaga el tribunal le imputó el delito del artículo 20 de la insconstitucional “ley contra el odio”, por la supuesta vinculación a la cuenta @VVSinCensura @VVPeriodistas desde donde se difunden mensajes contra Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.

Tania Rodríguez. El viernes 3 de abril fue detenida en su residencia la dirigente laboral y extrabajadora de Ferrominera del Orinoco. A Rodríguez la sacó de su residencia en el Campo B de Ferrominera una comisión del Conas alegando poseer una orden de detención que, según algunos testigos no confirmados, estaba en blanco, informó Nueva Prensa de Guayana.

Rodríguez es una trabajadora de muchos lustros en la empresa productora de hierro en Guayana, hija además de un conocido dirigente del sector, quien desde hace años viene denunciando una serie de manejos extraños en Ferrominera Orinoco y el detrimento de las condiciones salariales, de seguridad, de trabajo y de vida de los trabajadores de la industria, además de expresarse como contraria a la manipulación política que ha impuesto el chavismo en las empresas básicas de Guayana.

La dirigente está detenida en Ramo Verde y este martes en la tarde aún no había sido liberada.

Fernando Marcano Ferrer. Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) detuvieron en Nueva Esparta, el 26 de abril, al profesor universitario Fernando Antonio Marcano Ferrer por publicar en su cuenta en la red social Facebook mensajes quejándose del gobierno.

Según un reporte de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (Redimain), el profesor presuntamente habría escrito mensajes “instigando a la población a realizar actos vandálicos en instalaciones del estado y comercios en general en la isla de Margarita”, dijo Espacio Público en su página web.

Alejandro Lizardi Alegría. El dirigente estudiantil y militante de Primero Justicia fue detenido en una manifestación, el 11 de marzo de 2017, en el estado Barinas. Le dictaron arresto domiciliario. 

Lenard García. Dirigente estudiantil detenido el 26 de mayo de 2017.

Eduardo Betancourt de Lima. El 3 de mayo de 2018 Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó que estaban privados de libertad 11 directivos de Banesco, entre ellos Batancourt, quien es gerente de la entidad.

William Antonio Cabaña Ortega. Fue detenido el 2 de enero de 2018 por funcionarios del Conas. Fue acusado de delitos de uso indebido de condecoraciones e insignias militares y de poseer carnet militar falso. Su hijo, Frank Cabaña, fue detenido por supuesta complicidad con Óscar Pérez.

Antonio Pérez Cisneros. Fue visto por última vez el 14 de enero de 2018, en la procesión de la Divina Pastora, en Barquisimeto. Dos días después el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó acerca de la detención de seis personas, supuestamente vinculadas con Óscar Pérez.

Williams Sequera Aguado. Médico cirujano. Fue detenido por la Dgcim el 15 de enero de 2018.  El ministro Reverol lo acusó de estar implicado con Óscar Pérez y su grupo, pues el exfuncionario asesinado se había refugiado en la vivienda de Sequera.

Su familia denunció a los medios de comunicación que fue víctima de torturas y en consecuencia perdió la audición del oído izquierdo, tuvo desprendimiento de riñón y laceraciones en los pies.

El 5 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del médico y de los presos políticos civiles y militares, que se encontraban recluidos en la cárcel de Ramo Verde.

Hugo Bastidas. Concejal del municipio Rafael Rangel, del estado Trujillo. Fue detenido el 11 de abril de 2018 por funcionarios del Sebin. Lo acusaron de instigación al odio y como evidencia le decomisaron supuestos panfletos con mensajes en contra del gobierno de Maduro. El 26 de junio de 2018 le otorgaron medida de arresto domiciliario.

José Luis Santamaría: Técnico en electrónica, detenido el 24 de julio de 2014. Le imputaron traición a la patria, instigación a la rebelión, ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y sustracción de efectos pertenecientes a la Fanb. 

Luis Felipe Leal Fernández: Fue detenido en abril de 2018 en los Valles del Tuy. Según el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol colaboró en la participación del incendio ocurrido en los galpones de CorpoMiranda el pasado 2 de abril, en la ciudad de Los Teques, estado Miranda.

Régulo Castro: Fue implicado en la Operación Gedeon II, indicó el ministro Reverol. La Fiscalía Militar les imputó el delito de Rebelión Militar, instigación a la rebelión.

Vasco Da Costa: Fue detenido el 16 de abril de 2018. Le imputaron traición a la patria, instigación a la rebelión, ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sustracción de efectos pertenecientes a la Fanb.

Fue torturado en prisión y producto de las torturas desarrolló un tipo de cáncer en el ojo izquierdo. El 17 de octubre de 2019 el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, otorgó medidas y Da Costa estaba en esa lista, pero sus familiares denunciaron que la medida no se ejecutó porque presuntamente un militar lo impidió. 

Alonso Mora: El chef y paramédico fue detenido el 15 de abril de 2018, durante un allanamiento en su vivienda. Era amigo del exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez, quien fue asesinado en enero del mismo año. Ha sido víctima de torturas, al igual que su mascota: Bambán. El golden retriever fue mutilado, torturado y asesinado y posteriormente mostraron el video a Mora. 

secuestrado

Carlos Aristimuño: Fue detenido en abril de 2018, también involucrado en la Operación Gedeón II. Sus familiares han denunciado que víctima de las torturas estuvo en delicado estado de salud físico y mental.

Foto principal: Cortesía Sandy Guillén

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