Las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos han estado dirigidas a diputados, alcaldes o gobernadores con potencial para derrotar al oficialismo en esos espacios. El uso de ese recurso administrativo como herramienta política comenzó en 2008.
Caracas. La Contraloría General, en manos del exdiputado del PSUV Elvis Amoroso, dictaminó este martes 23 de febrero la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años contra 28 opositores que habían sido elegidos en 2015 como diputados de la república. La lista está encabezada por el presidente de la AN-2016-2021 y presidente encargado de la república, Juan Guaidó.
Se trata del quinto ciclo de inhabilitaciones de la Contraloría General desde 2008 –año cuando se comenzó a usar esta herramienta de protección de la función pública como una forma de restricción de derechos políticos– que coincide con un año de elecciones (regionales o parlamentarias) y que afecta casi exclusivamente a dirigentes de oposición que son o podrían ser candidatos.
Esta aparente preferencia de la Contraloría por sancionar a dirigentes de oposición llama la atención sobre todo en un país donde el grueso del funcionariado público y de los cargos de elección popular lo han ocupado desde 1999 militantes del oficialismo (MVR y PSUV).
El galimatías del TSJ
En 2008, la primera figura política de oposición inhabilitada para ejercer cargos públicos fue Leopoldo López, quien para ese momento culminaba su gestión como alcalde de Chacao y se perfilaba como inminente ganador de la Alcaldía Metropolitana de Caracas en la elección del 23 de noviembre de 2008. La Contraloría en aquel entonces inhabilitó a López por seis años, lo que le impidió postularse, competir y ser elegido en esa contienda (la oposición entregó la candidatura a Antonio Ledezma, quien ganó con 52,4 % de los votos).
En el año 2011, López era percibido como uno de los dirigentes de oposición favoritos para medirse en las elecciones presidenciales de diciembre del año siguiente, pero su inhabilitación terminaba en 2014. Aun así, López se postuló a las primarias de la oposición (febrero de 2011) y a último minuto declinó su nominación y apoyó a Henrique Capriles como candidato presidencial.
En octubre de 2012, a raíz de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba la suspensión de la inhabilitación contra López por inconstitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia respondió con un galimatías en el que aclaró que las inhabilitaciones que dicta la Contraloría no impiden postularse, competir y ser candidatos en elecciones, sino que impiden ejercer cargos públicos donde se administren fondos públicos.
Tres años después, en julio de 2015, el vicepresidente del PSUV y en aquel momento presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acabó con las dudas y el intento de aclaratoria del TSJ cuando afirmó: “Inhabilitado no puede inscribirse, así de sencillo. No es candidato, no puede ser candidato”.
Inhabilitación y protectorados
A partir del caso de López –y del éxito que significó para el oficialismo el uso de las inhabilitaciones, combinado con la imposición de figuras por encima de gobernadores y alcaldes oficialistas como los “protectorados”– el PSUV ha repetido la receta una y otra vez, en cada año de elecciones regionales o parlamentarias.
¿Por qué inhabilitar a candidatos o potenciales candidatos a elecciones parlamentarias o regionales? Porque es de esos dos espacios de poder político de donde pueden surgir líderes con capacidad de disputar el poder nacional a la presidencia. El diputado, por su capacidad de representación nacional y denuncia pública; y el gobernador, por la posibilidad de presentar una gestión pública con resultados.
Adicionalmente, en la medida en que el chavismo primero y el madurismo después sentían amenazas reales a sus aspiraciones de continuidad o conquista de espacios de gobierno, procedían a la inhabilitación a través de la Contraloría.
El argumento empleado por esa institución para inhabilitar a políticos opositores es generalmente la falta de presentación de la declaración jurada de patrimonio, que aplican a diputados, ya que estos no manejan fondos públicos. Mientras que a gobernadores y alcaldes, por lo general, les arman expedientes por supuestas denuncias de desvío de fondos públicos.
En todo caso, la veracidad de los señalamientos en contra de los dirigentes de oposición es difícil de comprobar, pues en Venezuela las declaraciones juradas de patrimonio son secretas, como secreto es el expediente que arma la Contraloría. En otros países, tanto la declaración como la investigación son públicas.
Inhabilitaciones en 2015
En 2010 la oposición decidió volver a participar en las elecciones parlamentarias –luego del boicot a las de 2005– pero no lucía como una amenaza real a la hegemonía chavista. Entre 2010 y 2011, aunque se inhabilitó a decenas de funcionarios públicos de rango medio y bajo, solo se dictaron tres inhabilitaciones a dirigentes políticos de oposición o disidentes del chavismo: Ernesto Paraqueima, Ramón Martínez y Eduardo Manuitt.
En 2015 la cosa cambió: la oposición era ya una amenaza real que disputaba el control de la Asamblea Nacional en las elecciones pautadas para diciembre de ese año. Según las encuestas más conservadoras, la oposición contaba con el favoritismo de más de 70 % de la población. En efecto, la oposición arrasó en los comicios.
En julio de ese año la Contraloría General procedió a inhabilitar políticamente por un año a dos alcaldes opositores por no haber presentado oportunamente su declaración jurada de patrimonio. Se trató de Enzo Scarano y Daniel Ceballos, firmes precandidatos a diputados; ambos se encontraban presos y cumpliendo una condena por no haber recogido la basura durante los días de 2014 que duró la protesta conocida como La Salida.
La Contraloría metió en la lista a otros tres potenciales candidatos a la AN: la exdiputada María Corina Machado, a quien inhabilitó por un año; así como a los exgobernadores del Zulia Pablo Pérez y Manuel Rosales, inhabilitados por 15 y siete años, respectivamente, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos.
El contraste entre 2017 y 2018
En 2017 correspondían las elecciones regionales y municipales. La Contraloría General procedió:
- Enzo Scarano inhabilitado nuevamente en febrero, pero esta vez por 15 años.
- El gobernador en ejercicio de Miranda, Henrique Capriles, por 15 años, a partir de abril.
- La exsecretaria de gobierno de Miranda, diputada de la oposición y favorita de la oposición para ser candidata a la gobernación de Miranda, Adriana D’Elía, por 15 años a partir de agosto.
Además, los alcaldes opositores David Smolansky y Ramón Muchacho fueron condenados con sentencia firme por el TSJ en agosto de 2017 por no impedir las protestas opositoras de ese año en sus municipios. Dicha sentencias los inhabilitaban automáticamente para postularse. Ambos se exiliaron.
En cambio, en 2018 la única elección prevista constitucionalmente era la presidencial (aunque luego se incluyó al final del año una elección para concejos municipales), y ante el llamado de la oposición a no participar ni presentar candidatos, la Contraloría no encontró a quién inhabilitar.
Antes, por el contrario, la estrategia política del gobierno era lograr la mayor participación e inscripción de candidatos posible para la votación pautada de manera unilateral para mayo de ese año. Todos los contendores de Maduro pudieron inscribirse sin inconvenientes.
La piedra en el zapato
Llegó 2019, que si bien no era un año electoral, fue el año de la irrupción del gobierno interino, una piedra en el zapato de la administración de Maduro.
Entonces la Contraloría volvió a tomar medidas y en marzo de 2019 inhabilitó a Juan Guaidó por 15 años. La razón sería el “haber mentido en su declaración de patrimonio y no declarar recursos para viajes y alojamiento dentro y fuera del país”.
En agosto de ese año volvió al ataque con la inhabilitación por 15 años de Antonio Ledezma, Julio Borges, Germán Ferrer, Luisa Ortega y Tomás Guanipa, todos en el exilio, “por ocultar información patrimonial”. En ese mismo acto, el contralor Amoroso dictó inhabilitaciones por 15 años contra todos los integrantes de la junta directiva ad hoc de Pdvsa, que había nombrado Juan Guaidó por esos días.
Y en junio de 2020, en un acto rezagado, el contralor inhabilitó por 15 años al exalcalde de Chacao Ramón Muchacho.
Retan al contralor a presentar su declaración
Es quizá por ese historial que la mayoría de los diputados inhabilitados en la resolución de este martes, por supuestamente no haber presentado su declaración jurada de bienes, se tomaron la medida como parte de la persecución política en su contra.
De todas las reacciones, destaca en particular la de Luis Florido, quien el pasado 22 de enero publicó en sus redes sociales que intentaba ingresar a la página de la Contraloría General para hacer su declaración jurada, pero el sistema lo tenía bloqueado. Este miércoles, tras conocer la inhabilitación en su contra, informó que el 26 de enero, tras verse impedido de ingresar al portal, autorizó a sus abogados para que hicieran la declaración jurada en su nombre, de manera presencial en la sede de la Contraloría dentro de los lapsos de ley. Aún así fue sancionado.
Guaidó por su parte escribió en su cuenta de Twiiter: “Mi compromiso es con los venezolanos, por lograr recuperar la democracia en nuestro país. Amenacen todo lo que quieran que nosotros seguimos aquí trabajando”.
Los otros 26 sancionados por la Contraloría General con inhabilitación por 15 años son Marcos Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Américo de Grazia, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco, Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Germán Ferrer, Jesús Paparoni, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores, Juan Pablo Guanipa y José Manuel Olivares, todos diputados electos en el año 2015.
Montoya replicó que la medida en su contra no impedirá que continúe con sus denuncias e investigaciones de corrupción en el gobierno. Magallanes dijo que ese tipo de medidas es una motivación para continuar su trabajo por recuperar la democracia. Mientras, Carlos Berrizbeitia retó al contralor en sus redes sociales: “Amoroso: vamos a publicar nuestra declaraciones de bienes, mostremos a todos el origen de los mismos y comparemos la forma de vida que llevamos”.
Foto principal cortesía @PartidoPSUV
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