La Corte chilena dijo que “en ningún momento” los venezolanos expulsados tuvieron la oportunidad de defenderse, ser oídos o aportar pruebas por los hechos que se les imputaron.

Caracas. La Corte de Apelaciones de Iquique, en Chile, acogió cinco recursos de amparo presentados por el Instituto de Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y abogados particulares en representación de los venezolanos que llegaron a Chile por pasos irregulares. La Corte ordenó dejar sin efecto la expulsión del territorio nacional chileno. 

El 10 de febrero, 138 personas migrantes y refugiadas fueron deportadas de Chile en la región de Tarapacá. La mayoría eran venezolanos que habían cruzado la zona fronteriza entre Bolivia y Chile por pasos no habilitados. Iban en búsqueda de protección internacional en medio de la crisis humanitaria del país. Estas expulsiones formaron parte del plan gubernamental Colchane, que consiste en devoluciones y control y militarización de la frontera.

El fallo de la Corte establece que las acciones adoptadas por la Intendencia Regional de Tarapacá carecen de fundamento legal: no hubo derecho a la defensa, investigación ni un procedimiento legal, racional y justo que antecedieran la medida de expulsión dictada por la autoridad migratoria chilena.

La Intendencia Regional de Tarapacá dispuso la expulsión de los amparados, sin que haya sido concluida alguna investigación en su contra y mucho menos se hubiera dictado alguna sentencia en relación con el ingreso clandestino al país, sino valiéndose tan solo de sus actuaciones administrativas carentes de fundamento y vulneratorias del derecho a la defensa constitucionalmente protegida, se lee en el fallo. 

La Corte señala que esta medida constituye una violación de la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución: “Ya que en ningún momento se ha brindado a los amparados la oportunidad de defenderse, ser oído, aportar pruebas en los hechos que se le imputan, y solo después de haber cumplido con este mandato legal es que puede la administración, en uso de su facultad sancionadora, y siempre dentro de los límites que establezca la Constitución y las leyes, dictar las medidas que se encuentren dentro de sus competencias”. 

A inicios de febrero habían llegado 1800 migrantes y refugiados a Colchane, una comuna ubicada en el altiplano andino en el norte de Chile, en la región de Tarapacá. Esta situación generó una alerta en el Gobierno de Chile y el 9 de febrero tres ministros visitaron la comuna y anunciaron el Plan Colchane. 

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de asistencia al migrante han dicho que se debe privilegiar la política de protección y con perspectiva humanitaria ante la situación en Colchane. 

Desde 2015, por la emergencia humanitaria compleja, han huido 5,4 millones de venezolanos, esto se ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento del mundo. En Chile viven 457.324 migrantes y refugiados venezolanos. Durante la pandemia, entre 500 y 700 venezolanos siguen saliendo del país por la frontera con Colombia.

Foto referencial: Cortesía Agencia Uno

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