Los hechos del 11 de abril de 2002 culminaron con 19 muertos y más de 100 heridos. Más de dos décadas después, el Estado venezolano sigue sin atender a las víctimas, algo que se ha repetido en sucesos violentos posteriores.
Caracas. El 11 de abril de 2002 es una fecha que marcó un antes y un después en la política venezolana. Sin embargo, en relación a la forma en la que el Estado ha desatendido a las víctimas ha sido más bien la norma que la excepción.
Hace 21 años una manifestación opositora intentó llegar hasta el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo que estaba rodeada por seguidores del chavismo. Lo que ocurrió después se puede resumir en los 19 asesinatos que, hasta la fecha, siguen sin una condena firme por parte del Estado.
Alfredo Romero de Foro Penal lo destaca cuando señala que de estas 19 muertes, solo se responsabilizó a algunos funcionarios de la Policía Metropolitana por 2. “¿Qué pasó con el asesinato de las otras 17 personas?”, se preguntó el jurista.
A su juicio, el 11 de abril de 2002 “marcó para nosotros el comienzo de lo que sería el día de hoy la represión política sistemática que está investigando la Corte Penal Internacional”. No obstante, la carencia de justicia y la invisibilización de las víctimas se ha perpetuado desde entonces.
Desatención endémica a las víctimas
Liliana Ortega, abogada, defensora de derechos humanos y cofundadora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), declaró a Crónica.Uno que desde el 11 de abril de 2002 hasta la fecha, “no hay un cambio sustantivo en el tratamiento a las víctimas porque en Venezuela ha sido endémica la forma en la que se ha desatendido a las víctimas directas y secundarias en la violación de derechos humanos”.
Ortega citó como prueba “las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que están pendientes sin haberse cumplido ninguno de sus puntos resolutivos”.
“Está la sentencia de la masacre del retén de Catia ocurrido en 1992 y la sentencia de los deslaves de Vargas de 1998. Luego varias sentencias sobre ejecuciones extrajudiciales como el caso de la familia Barrios, el caso de Jimmy Guerrero y otros, el caso de Néstor Uzcátegui y otros, el caso de Linda Loaiza López. Es decir, hay un número de sentencias muy importantes en la CIDH que, lamentablemente, el Estado venezolano no ha cumplido con los puntos resolutivos”, expuso.
Referente al 11 de abril de 2002, Ortega señaló que es vital que se cumplan varios aspectos para poder hablar de reparación a las víctimas. Es decir, “tienen que hacerse investigaciones confiables, independientes, transparentes y conclusivas, pues eso es lo que determinan los estándares adicionales”.
Adicionalmente, tiene que procederse a los pagos de las indemnizaciones, lo que se llaman las reparaciones pecuniarias, pero adicionalmente tienen que aplicarse una serie de medidas que son las que el derecho internacional ha llamado ‘garantías de no repetición’. Pues en el caso de 2002, como en otros casos posteriores, ha sido sistemática la desatención de las víctimas porque no se han cumplido esos estándares de reparación integral”.
Lejos de verdaderamente atender o reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, Liliana Ortega afirmó que lo que ocurre en Venezuela es todo lo opuesto, una “criminalización sistemática de las víctimas”, no solo en el caso del 11 de abril de 2002, sino en otros donde el Estado ha cometido abusos.
“En los casos que nosotros seguimos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 70% de quienes buscan justicia son mujeres. Muchas de ellas mujeres de la tercera edad: abuelas, tías, hermanas, etc. En muchoS de estos casos resultan criminalizadas y hostilizadas en muchos casos inclusive por atreverse a pedir justicia”, expresó.
Eso tiene más de 30 años ocurriendo en el país. No ha cambiado esa forma de investigación y, lamentablemente, eso es lo que da como resultados que hoy en día tengamos estos niveles de impunidad”, sentenció.
Participa en la conversación