El equipo de defensa de Espacio Público explicó que existe un patrón de represión en las protestas por parte de gente afín al gobierno de Nicolás Maduro, grupos irregulares o a quienes simplemente no les parece bien que ciertas personas protesten.
Caracas. En 2017 Leida Brito recibió una amenaza de muerte por parte de presuntos grupos de choque. Le dijeron que su cabeza rodaría “con todo y casco” por el río Guaire, ese que atraviesa Caracas de este a oeste. Confiesa que para ese momento no denunció ante las autoridades porque no tenía plena conciencia de sus derechos.
La mujer, de 64 años de edad, sale a las calles desde 2014 en defensa de los derechos de los más vulnerables y se le conoce como la “abuela del casco rojo”. Reveló que su casco tiene una historia. En realidad le pertenecía a un niño que se lo dio en medio de las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro del 2017 para que se protegiera.
En aquel momento el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 6729 manifestaciones desde el 1° de abril hasta el 31 de julio de 2017 en todo el país. Y documentó 63 muertes del 6 de abril al 13 de agosto.
Leida es secretaria nacional de mujeres en el partido Encuentro Ciudadano, integrante del Frente Amplio de Mujeres y dirigente nacional de la Coalición Sindical. Hace seis años comenzó a ser víctima de persecución y amenazas. Sostuvo que ahora no son tan “aberrantes” como antes, pero al fin y al cabo son amenazas.
“Ellos son muy inteligentes (los civiles armados). Se ponen el teléfono en la oreja y hacen que están llamando, pero es mentira. Ahí están amenazando, diciendo que tenemos que abandonar. ‘Ustedes sí son ratas, utilizando viejitos, seguro te está pagando Guaidó’”, contó.
El equipo de defensa de Espacio Público expresó que existe un patrón de represión en las protestas por parte de gente afín al gobierno de Nicolás Maduro, grupos irregulares o a quienes simplemente no les parece bien que ciertas personas protesten.
“Podría dar a entender que al final estos grupos colectivos o estos grupos irregulares, o como se quieran clasificar, actúan con la aquiescencia del Estado, es decir, con el permiso o la tolerancia del Estado”.
Agregó que el Estado sabe que estos grupos atacan a quienes exigen derechos y aún así permite que estas represiones ocurran por parte de particulares.
Denuncia rechazada
El miércoles, 13 de septiembre, Leida denunció ante el Ministerio Público (MP) que las Cuadrillas Defensoras de la Paz (Cupaz) Caracas comparten fotos por la red social X (antes Twitter), para que la busquen a ella y a otros sindicalistas.
Sin embargo, el MP rechazó la denuncia porque el documento que entregó la dirigente menciona que las Cupaz son una organización progobierno. Ante la negativa, dice que recurrirá a instancias internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI).
Incluso el viernes 15 de septiembre, en la cuenta de X que se identifica como la Cupaz Caracas seguían con los señalamientos en contra de Leida, como indica el tuit a continuación:
https://twitter.com/MundoBogbe/status/1702776071345619343?s=20
El abogado Eduardo Torres, a través de un video difundido en las redes sociales, expuso que a la defensora se le vulnera el derecho constitucional a la oportuna y adecuada respuesta. Aseguró que el Estado es el responsable de garantizar su integridad física. “Está en riesgo la vida y la integridad de la abuela y de los sindicalistas, la fiscalía debería abrir una investigación”.
Sobre este aspecto, el equipo de defensa de Espacio Público explicó que a Leida se le ha denegado el acceso a la justicia al no recibir la denuncia. Además, expusieron que, independientemente de cuál sea la denuncia, deben recibirla. A este órgano le compete “recibir, revisar, investigar y decidir” si procede la solicitud.
Un abogado de la referida ONG mencionó que al menos desde el año pasado se han registrado irregularidades por parte de la Fiscalía al no recibir las denuncias por formalismo innecesario, ya sea por denuncias de libertad de expresión o denuncias en general, lo que hace que el ejercicio de la justicia no sea el adecuado.
Cupaz dirigen a los colectivos
En una entrevista publicada en Crónica.Uno, Jeremy McDermott, codirector y cofundador de Insight Crime, manifestó que las Cupaz tienen la función de “dirigir el movimiento colectivo y organizarlo para que cumpla las órdenes del Gobierno”.
Según Insight Crime, las Cupaz son un grupo armado “multipropósito”, enfocado en reprimir a la oposición, atacar bandas, controlar a los colectivos y la distribución de combustible subsidiado y de alimentos. Además, tienen presencia en al menos 10 estados del país.
Las Cupaz fueron creadas en marzo de 2019 por Nicolás Maduro, en medio de un contexto de protestas y la proclamación –y reconocimiento internacional– del opositor Juan Guaidó como “presidente interino”.
Más agresiones y amenazas por protestar
El viernes, 15 de septiembre, un grupo de mujeres, supuestamente militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), agredió a maestras de la ONG Fordisi, en las cercanías de la plaza Morelos, en la avenida México. Las docentes se reunieron para convocar a una protesta nacional el próximo 18 de septiembre, denunció el dirigente Carlos Julio Rojas.
En las últimas semanas los sindicalistas han recibido varios ataques. Uno de ellos fue la condena de 16 años de prisión en contra de seis trabajadores y líderes sindicales: el 1° de agosto de 2023 a Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés les imputaron los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Tras el anuncio de la sentencia, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron sobre el “abuso crónico” de las leyes antiterroristas venezolanas en contra de personas que defienden los derechos de los trabajadores.
Por otro lado, el enfermero José Cádiz, a quien se le conoce por participar en la lucha por mejores condiciones laborales, fue detenido 20 días después por presuntos funcionarios de la División de Acciones Estratégicas y Tácticas (Daet), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cerca de su vivienda en el centro de Caracas. Estuvo desaparecido por más de 24 horas y luego fue excarcelado.
Grupos protegidos
Desde 2018 el periodista Carlos Julio Rojas ha denunciado el acoso y las amenazas que ha sufrido por parte de grupos civiles armados durante las manifestaciones. Las pruebas de ello las ha llevado ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, pero nunca tuvo respuestas.
Rojas dijo que sobre estos grupos de choque recae un mecanismo de protección de parte del Gobierno, lo cual les otorga mucho poder para moverse libremente y amedrentar a la ciudadanía general, y no solo a los líderes sindicales, gremiales o activistas.
“Hay un mecanismo de protección, y el nivel es tan grande que los colectivos tienen poder porque tienen ministerios, tienen diputados. Su poder es muy grande el día de hoy”, destacó.
Resaltó que estas personas llegan incluso antes que la policía a las manifestaciones, por lo que los participantes de las convocatorias les piden a los funcionarios que no se retiren del lugar para evitar agresiones por parte de estos grupos.
Entre sus perfiles, los civiles armados son individuos de edades variadas, según comentó el activista. Los mayores son los jefes (personas de entre 40 y 50 años de edad), pero también hay jóvenes de entre 18 y menores de 30 años.
Se convierten en tus vecinos
Rojas reveló que los grupos de civiles armados se han asentado en invasiones en distintos lugares del municipio Libertador, en Caracas. Sitios como estacionamientos, comercios, apartamentos, industrias, comercios, con la finalidad de mantener un control en la zona.
De esta manera pueden amenazar con quitarle a alguien un “beneficio” del Gobierno, como las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), entre otros. “Al final ocurre que se convierten en tus vecinos, entonces es mucho más grave”.
El activista rememoró el 14 de marzo de 2020, fecha cuando fue agredido con un bate y robado por un grupo de civiles violentos frente al Ministerio Público, por dar unas declaraciones y exigir el cierre del Metro de Caracas tras la llegada de la COVID-19 al país.
Explicó que por tal motivo tratan de no hacer convocatorias públicas cuando van a realizar alguna manifestación. A toda costa quieren evitar la presencia de los grupos de choque, pero “siempre llegan”. Agregó que la integración en estos grupos se hace meramente por interés económico.
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas reveló que los grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como colectivos, han contribuido al deterioro de los derechos humanos al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones.
La Oficina documentó 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuidas a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.
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