La madre de Randi Manzanilla denunció ante la comisión de Política Interior que su hijo desapareció el 18 de abril presuntamente a manos de un cuerpo de seguridad. Por su parte, Ana Gámez solicitó apoyo del Parlamento para visibilizar el caso de su hermano, el coronel de la GNB José Gámez, preso desde 2012 y con problemas de salud. Informe del enfrentamiento en la Cota 905 generó diferencias.
Caracas. “Desde el 18 de abril no sabemos nada de mi hijo, Randi Manzanilla”, denunció este miércoles Nancy Manzanillo ante la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN).
Randi tiene 43 años, es comerciante y activista político en su comunidad en el municipio Sucre del estado Zulia. La diferencia entre los apellidos de él y su madre se debe a un error del registro, pero las lágrimas silenciosas de la mujer luego de hacer su denuncia no dejan lugar a dudas del vínculo.
“Randi se fue para San Cristóbal y no ha regresado. Ellos lo agarraron cuando él venía por los lados del Vigía. Nosotros hemos buscado mucho y Randi no aparece por ningún lado; nadie nos da razón. A donde vamos nos dicen que no está. Nosotros sabemos que ellos lo tienen pero no quieren decir nada. Desde el 18 de abril ya vamos para cuatro meses que no sabemos nada de mi hijo”, denunció Nancy con voz temblorosa.
Cuando los diputados de la comisión de Política Interior le preguntaron “¿Quiénes son ‘ellos’?”, la mujer respondió sin dudar: “El gobierno. No sabemos qué grupo lo agarró pero sí sabemos que fue un grupo de ellos porque a nosotros nos dijeron que vieron cuando a Randi lo bajaron del vehículo. De una buseta. Un grupo que portaba uniforme verde lo agarró”.
Nancy Manzanillo contó que desde abril comenzó un viacrucis por todos los centros de detención y de salud de la región occidental buscando a su hijo: “Hemos ido a Santa Bárbara, a Mérida, a San Cristóbal, al Vigía, a La Grita, a La Fría. Siempre nos dicen que no está. En una oportunidad nos dieron una información del Conas, fuimos hasta allá y nada. Fuimos cuatro veces porque nos dijeron que estaba ahí. La última vez nos abrieron la puerta y nos dejaron pasar para que viéramos que no estaba. Debe ser que ya lo habían sacado y lo habían trasladado y por eso nos dejaron entrar”.
Otra activista del municipio Sucre del estado Zulia, Lismar Vergara, acompañó a la madre de Randi para reforzar la denuncia.
“Desde 2017 Randi y yo compartimos una lucha por la libertad de nuestro país. Hemos sido señalados de terroristas, nos han acusado de haber quemado un Banco Bicentenario. Suponemos que pudo habérselo llevado un cuerpo de seguridad: Sebin, Dgcim, Conas, FAES porque hemos sido amenazados por Gulliver Antunez Montero (un legislador del CLEZ que fue Constituyente). Randi fue muy presionado por alzar la voz contra el gobierno y apoyar a Juan Guaidó”, dijo Vergara.
Explicó que ella huyó a Colombia durante unos meses y buscó a su amigo en los campamentos de ayuda humanitaria y refugios pero no lo encontró. “Lo que le pasa a él me puede pasar a mí. Somos personas que no tenemos delito. Así como él sé que hay muchos que están en la misma situación, que están desaparecidos”, sostuvo.
Coronel preso en riesgo
Otro testimonio recibido este miércoles en la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional fue el de Ana Gámez Bustamante, hermana del coronel de la GNB y preso político, José Gámez Bustamante.
El coronel Gámez Bustamante fue detenido en el año 2012 por su presunta participación en un plan para asesinar al entonces presidente, Hugo Chávez. Al año siguiente recibió casa por cárcel por motivos de salud. Pero en enero de 2015 funcionarios de inteligencia irrumpieron violentamente en su casa y se lo llevaron junto con su esposa. Desde entonces ha estado preso en La Tumba, el Helicoide, Ramo Verde y finalmente, desde abril de 2017 en la cárcel 26 de Julio en el estado Guárico.
“En la 26 de Julio es donde a él más le han violado sus derechos humanos. Siendo el único militar preso en una cárcel común. Yo temo por su seguridad ya que se han presentado muchas rencillas. Hace un mes hubo un problema donde hubo un muerto y tres heridos y temo por su integridad. Vengo a la comisión para pedir que se visibilice el caso de mi hermano”, dijo Ana Gámez.
Explicó que antes de su detención, Gámez estaba de reposo por haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares y ahora no le permiten recibir su tratamiento: “Me le niegan los medicamentos. La comida es manipulada. Cuando le llevo antibióticos que me cuesta conseguir, no se los dan y me entero de eso después cuando voy a la visita porque él no me puede llamar porque está incomunicado. Cuando le llevo suficiente comida me la hacen devolver porque dicen que eso es demasiado”.
Aunque tiene siete años preso y en marzo de 2015 fue acusado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, espionaje, asociación para delinquir, revelación de información secreta y retención de documentos, su juicio aún no ha comenzado.
Informe Cota 905
Los diputados de la comisión también escucharon la lectura del informe por los hechos registrados el pasado 26 de julio en la Cota 905 en Caracas, donde cuatro funcionarios del Cicpc resultaron heridos en un operativo contra la banda criminal de Carlos Luis Revete alias el Coqui. Sin embargo, el documento no fue aprobado por unanimidad, sino que se generó un debate que terminó por omitir parte de las recomendaciones y obligó a su devolución al equipo técnico para las respectivas correcciones.
El informe presentado a la comisión por la presidenta, Dennys Fernández (AD) proponía tres recomendaciones: “ i) Seguir las recomendaciones contenidas en el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachellet, para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos en Venezuela; ii) Promover la instalación de una comisión independiente especializada en derechos humanos que estudie y proponga políticas publicas de seguridad ciudadana para reducir la violencia en Venezuela; y iii) Citar con carácter de urgencia al ministro del interior, Nestor Reverol, a la Asamblea Nacional para ser interpelado sobre los hechos del 26 de julio en la Cota 905”.
Sin embargo, los diputados de PJ, Juan Pablo Guanipa y Yajaira Forero se opusieron a la citación de Reverol por considerar que ello implicaría el reconocimiento de él como ministro (aunque la Asamblea Nacional lo destituyó en junio de 2017). “Debemos ser congruentes”, dijo Guanipa. Si bien los otros diputados presentes apoyaron la citación pero propusieron que no se le invitara como ministro sino en su condición de general de la FANB para que respondiera por lo ocurrido en la Cota 905, al final Fernández decidió no hacer una votación sino suprimir el tercer punto del informe.
Además, Forero realizó otras observaciones de fondo al informe. Por ejemplo, cuestionó que se omitiera un hecho a su juicio irregular, como lo es que el Ministerio Público no anunciara una investigación contra el Coqui y su banda sino contra los funcionarios del Cicpc que estaban en la Cota 905 y en particular contra el efectivo que grabó un video en caliente del enfrentamiento y menciona a Oscar Pérez.
La diputada y ex funcionaria policial también consideró que el informe omite denunciar que las denominadas “zonas de paz” se han convertido en sectores donde los delincuentes actúan a sus anchas, y en vez de eso se centró en actuaciones de las FAES.
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