Desde que se inició la cuarentena, a más de 30 familias se les restringe la entrada a las instalaciones militares en donde permanecen desde el 2017, cuando sus viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento del lago de Valencia y fueron reubicados temporalmente. Solicitan al Ministerio de Vivienda y Hábitat las viviendas prometidas. Damnificados de Valencia y Guacara también le solicitan a este organismo que cumpla con su función de proporcionarles un lugar para vivir.
Maracay. Desde marzo pasado, a unas 180 personas, entre ellas niños, gente de tercera edad y con discapacidad, les fue restringido el acceso a la 42 Brigada de Paracaidistas en Maracay, en donde pernoctaban desde el año 2017, cuando esas instalaciones militares se convirtieron en un refugio temporal para albergar a las familias afectadas por el desbordamiento del lago de Valencia.
En julio hicieron pública la denuncia, pero tres meses después siguen reclamando atención gubernamental y la posibilidad de regresar al refugio, pues no tienen viviendas.
Señor Presidente, somos más de 30 familias que nos sacaron de la 42 Brigada, supuestamente por órdenes del gobernador Marco Torres. Estamos en la calle porque nos sacaron del refugio y nos mandaron a quitar el alimento. Señor gobernador, tenemos las pruebas de que sí vivíamos allí”, dijo Javier Mellado, uno de los afectados.
Se trata de aproximadamente 33 familias que perdieron sus viviendas por el desbordamiento del lago de Valencia y que, como miles, fueron reubicadas en refugios temporales mientras el Gobierno les asignaba y adjudicaba una vivienda.
“Usted vino en el 2017 y nos dijo que de aquí íbamos a salir. Nos prometió que no duraríamos tres meses y ahora también nos sacan del refugio. Tengo una hija especial en silla de ruedas”, contó Mellado.
Pero en tres años, estas familias siguen damnificadas. Además de no contar con techo propio, se les impide regresar a la Brigada, en donde, aseguran, apenas podían pernoctar en literas y en condiciones insalubres pues carecían de agua.
Los afectados sostienen que en el día debían salir a trabajar para buscar el sustento, lo que presumen fue utilizado como excusa por las autoridades a cargo de los refugios para alegar que no hacían vida dentro de la brigada.
El fin de semana previo a la declaración de emergencia sanitaria, los refugiados salieron de la Brigada de Paracaidistas como era ya costumbre. Iban a visitar familiares o a trabajar. Pero una vez que se decretó la cuarentena no se les ha permitido el ingreso.
En aquel entonces, solicitaron que les realizaran las pruebas para detectar COVID-19 y poder retornar a las instalaciones militares en donde tienen su ropa y los pocos enseres que lograron recuperar luego de las inundaciones del lago. Pero la petición no fue escuchada.
Desde entonces, se han quedado en casas de familiares o amigos, pero aseguran que la situación es insostenible, particularmente para los más de 40 niños y menores de edad que forman parte de afectados, entre ellos ancianos y personas con discapacidad, quienes siguen esperando la promesa que en campaña electoral les habría hecho Marco Torres, de adjudicarles una vivienda en tres meses. Asimismo, solicitan al Ministerio de Vivienda y Hábitat, las viviendas prometidas.
Me tumbaron mi casa —dice Dilia Morales, de la tercera edad— y mire donde estoy, en la calle pues ahora también me sacan del refugio. La mujer señala parte de la estructura, hoy en ruinas, de lo que en otrora fue su casa en Brisas del Lago.
Nos sacaron del refugio y queremos una respuesta ya. Hasta cuándo nos patean. Tenemos meses en la calle”, gritó airado uno de los afectados frente a la Gobernación de Aragua, acompañado de un grupo de refugiados que solicitaron ser atendidos por el gobernador o la secretaria de gobierno de Aragua.
Las familias afectadas señalan a Ender Cordero y a Aimara Aguilar como los responsables de su peregrinaje y de que no hayan podido retornar al refugio.
Ender Cordero —detallan— es el coordinador de los refugios y Aimara Aguilar es nuestra madrina política y secretaria de la Mujer, directora del Servicio Autónomo de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Sapanna) y directora regional del Movimiento Paz y Vida Aragua.
Cuatro años llevan damnificados en Carabobo esperando viviendas
Este jueves 8 de octubre, familias que viven en los refugios: el Hipódromo al sur de Valencia y Guacara, cansados de vivir en condiciones deplorables, decidieron protestar en la sede del organismo de Hábitat y Vivienda de la capital carabobeña.
Estas personas perdieron sus viviendas hace cuatro años durante la vaguada, y fueron trasladados a estos refugios “temporales”. Han sido censados para la asignación de vivienda, pero hasta la fecha no han recibido respuestas.
Con profunda preocupación Maite Aldana comentó que día a día viven 50 personas (36 niños y 14 adultos) en constantes angustias, pues el refugio está en unos galpones en la zona industrial Pruinca, parcela 43 en el municipio Guacara; por estar expuestos a contaminación química y sónica. Los niños juegan en zonas que tienen roedores y serpientes.
En el refugio El Hipódromo residen 75 personas (50 adultos y 25 niños). Allí el panorama es similar. Los niños no pueden recibir educación porque no cuentan con conectividad, además se suma el hacinamiento.
Los afectados exigieron que les asignen viviendas, informaron que las alcaldías de Valencia y Guacara, así como la Gobernación de Carabobo, están en conocimiento de la problemática, pero no han ofrecido soluciones.
En medio de la cuarentena por COVID-19 estas personas sienten temor de no poder enfrentar el virus porque no cuentan con servicio de agua potable y los cortes eléctricos son de hasta 10 horas continuas.
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