La productora agropecuaria de Elorza, Marisol Tapia, lleva una semana sin ser vista por sus familiares y abogados. El defensor de derechos humanos Walter Márquez, responsabilizó al Estado venezolano de desaparición forzada del delito de “cosa juzgada”.
San Fernando. Pese a ser juzgada por sus presuntas vinculaciones a grupos irregulares colombianos, declarada en libertad plena y sobreseída su causa, el pasado martes 26 de abril, fue presentada ante el tribunal Tercero de Control de San Fernando, en Apure la productora apureña, Marisol Tapia, corte que el año pasado la exculpó por esa misma causa.
Al declararse incompetente para admitir la causa, tras haberla juzgado previamente, el tribunal apureño no admitió la presentación y declinó la responsabilidad en el Tribunal Tercero Penal Antiterrorista de Caracas.
Tapia es copropietaria del fundo Agua Linda, ubicado en el perímetro rural de la población de Elorza, municipio Rómulo Gallegos de Apure, en donde fue detenida el 21 de abril de 2021, acusada de terrorismo. En aquella fecha, la productora apureña fue apresada junto a otras 16 personas, señalada de estar vinculada a los grupos irregulares colombianos tras el enfrentamiento FANB-FARC, en La Victoria, frontera de Apure con el Arauca colombiano.
De dichas acusaciones, Tapia quedó exenta de culpa en noviembre de 2021. Varias de las personas detenidas con ella también fueron liberadas. Otras, aún están detenidas pese a tener orden de excarcelación. Entre junio y diciembre de 2021, se conoció de al menos 300 detenciones practicadas por la DGCIM y señaladas por familiares como “arbitrarias”, producto de las operaciones contra los bautizados por los jerarcas militares venezolanos como Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos), en el alto Apure.
Tras su liberación, la productora apureña permaneció tres meses con su madre en San Cristóbal, Táchira. Luego retomó sus labores como productora en su finca, de donde fue sacada, nuevamente, el pasado 21 de abril por una comisión de la DGCIM comandada por el funcionario, Juan García, el mismo que la detuvo en 2021.
Desaparición Forzada
Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela, declaró a Crónica.Uno que, desde el momento de su detención, la familia de la productora no tenía conocimiento del sitio a dónde había sido trasladada.
El defensor de derechos humanos aseguró que, en esta ocasión, hay detención arbitraria, violación al debido proceso, al principio constitucional de que nadie puede ser juzgado por la misma causa dos veces y desaparición forzada.
Lo único que hay es un oficio del Tribunal Tercero de Control Antiterrorista de Caracas, los abogados no han podido tener acceso a la información, ni se han podido entrevistar con ella, los familiares tampoco, por eso señalamos que estamos en presencia de un secuestro y una desaparición forzada. Hasta el día de hoy (martes), es que se tiene conocimiento de que ella está a órdenes del Tribunal Tercero de San Fernando”, señaló.
Primera detención
La primera detención fue el 12 de julio del año pasado acusada por sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional, rebelión, desobediencia, traición a la patria y espionaje.
Inicialmente, el caso fue ventilado por el Tribunal Militar de San Juan de Los Morros, Guárico y a raíz de las reformas judiciales, vigentes desde septiembre del año pasado, fue declinada la competencia en la jurisdicción penal ordinaria.
El caso fue remitido al Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Apure a cargo del juez José Antonio Méndez Laprea, quien por insuficiencia de pruebas que la comprometieran, no sólo decretó la libertad plena para Tapia sino el sobreseimiento de la causa que la dejó en libertad, el 16 de noviembre de 2021.
Márquez indicó que a la productora la apodaron la “Patrona” y le levantaron un expediente falso.
“Denuncio esa violación de derechos humanos, crimen de lesa humanidad, persecución, detención arbitraria y desaparición forzada en contra de Marisol Tapia, que, como la mayoría de casos que he investigado, les han fabricado un expediente”, refirió.
Pide investigación a la CIDH
Junto con el caso de Tapia, el defensor de derechos humanos aprovechó para recordar que algunos detenidos en el proceso anterior aún están presos a pesar de que el juez decretó la libertad plena y libró las boletas de excarcelación.
Márquez aseguró que les están pidiendo validación de la boleta de excarcelación por parte de la ministra de Asuntos penitenciarios para dejarlos en libertad. El defensor pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan y a la jurisdicción de Derechos Humanos de la OEA, incorporar esta irregularidad en sus investigaciones.
Es grave lo que está ocurriendo en el Alto Apure en el marco de una supuesta confrontación entre los grupos armados disidentes de las FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias al vínculo que ha habido entre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y el presidente Hugo Chávez con la guerrilla, la población civil está en medio de esa situación, afirmó.
El presidente de la Fundación El Amparo aseguró que, en este caso, como en el anterior donde “el expediente fue genérico, sin señalamientos concretos de la mayoría de los que detuvieron allí”, no existen pruebas que comprometan a la productora apureña.
“En el expediente no hay ni una sola prueba que la vincule a ella con grupos terroristas”, dijo. No descartó que hayan “intereses en despojarla de sus tierras”, tras la insistencia en su detención.
“Tenemos un caso evidente de cosa juzgada con Marisol Tapia. La primera vez fue procesada por un tribunal militar que no tenía la competencia y, actualmente, está siendo 2 veces juzgada por la misma causa. Estamos en presencia de un hecho insólito”, remarcó el presidente de FundaElamparo y director de Ciciven.
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