La docente Vannesa Rosales-Gautier fue detenida el 12 de octubre de 2020, por ayudar y brindar información acerca del aborto a una adolescente de 13 años de edad que fue víctima de abuso sexual. El presunto agresor de la menor está prófugo.
Caracas. Fue diferida la audiencia preliminar de la defensora de los derechos humanos Vannesa Rosales-Gautier, que estaba pautada para este viernes 28 de mayo. El proceso legal, en el cual se calificarán los delitos para pasar a juicio o se desestimará la causa, quedó pautado para el próximo 21 de julio.
Vannesa Rosales fue detenida el 12 de octubre de 2020 por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) porque ayudó y brindó información acerca del aborto a una adolescente de 13 años de edad que fue víctima de abuso sexual en el barrio Pueblo Nuevo de Mérida.
La acusaron de los delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros.
La madre de la menor de edad acudió a Vannesa para pedirle ayuda, por su dedicación en la formación de los derechos sexuales y reproductivos desde hace 10 años con las comunidades de Mérida. Ella también fue detenida por el Cicpc el 12 de octubre y luego de 22 días recibió medida cautelar bajo el argumento humanitario de que la mujer está en período de lactancia.
Carlos Alberto Terán, quien presuntamente abusó sexualmente de la adolescente, está prófugo, mientras que Vannesa recibió medida sustitutiva de libertad –casa por cárcel– 90 días después de su detención, el 11 de enero de 2021.
Venus Faddoul, directora de la organización 100% Estrógeno, contó en enero a Crónica.Uno que el hombre era vecino de la adolescente y la amenazaba con hacerle lo mismo a sus hermanos.
El 10 de enero Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó que Terán tenía orden de captura solicitada por el Ministerio Público desde noviembre de 2020 y está solicitado por el Servicio Integrado de Identificación Policial (Siipol). También pidieron una alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Irregularidades en el caso
Cuando Vannesa Rosales-Gautier fue detenida, los funcionarios del Cicpc practicaron un allanamiento en su vivienda sin orden judicial. Durante su aprehensión fue víctima de violencia psicológica y, según sus defensores, dependía del funcionario de guardia para que recibiera su medicación diaria, porque sufre de pánico.
La defensora tenía prohibidas las visitas tanto de sus familiares como de sus abogados y solo pudo ver a sus parientes dos veces, por pocos minutos. Mientras, sus defensores solo pudieron verla el día de la audiencia de presentación, que fue cuatro días después, superado el lapso de 36 horas que establece la ley, “amparados en un diferimiento del Ministerio Público 48 horas posteriores a su detención”.
Mientras la madre de la adolescente estaba detenida, los funcionarios interrogaron a la menor de edad sin la presencia de un fiscal de menores y un representante legal, contaron los defensores de Vannesa.
En Venezuela se castiga el aborto, se condena a quien lo apoye o lo ejecute y esta legislación no ha variado desde hace más de cien años. Tampoco hay cifras oficiales al respecto. Defensoras de los derechos de las mujeres aseguran que esto pone en peligro la vida de quienes decidan interrumpir el embarazo, pues podrían someterse a procedimientos clandestinos y peligrosos.
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