Hablar de lo que sucede en pueblos como El Callao, Las Claritas y Tumeremo es casi prohibido para los que allí habitan. Nadie lo hace abiertamente, el temor hacia los líderes que operan en las minas es mayor.
Ciudad Guayana. La tensión sigue en El Callao. El pueblo fue militarizado desde los comunicados de Jhon Valdez, a quien apodan el Toto y que lidera una banda en el sector El Perú. Ningún habitante habla abiertamente de lo que allí sucede, pero es un secreto a voces. Hay una guerra por el control del oro, una guerra en la que las bandas mineras parece que llevan la voz cantante.
En El Callao, así como en otros pueblos mineros (Las Claritas y Tumeremo, por ejemplo), tienen mayor fuerza la voz y la orden de quienes lideren las bandas mineras que la de los organismos de seguridad.
Basta con que se aparezcan con o sin capuchas en sus motos, armados, dando la orden a comerciantes de cerrar sus establecimientos, para que esa orden se cumpla inmediatamente. Varias veces ha ocurrido en Tumeremo. Las madres corren a retirar a sus hijos de las escuelas y las clases quedan suspendidas hasta nuevo aviso.
Fue lo que ocurrió desde el miércoles 6 de noviembre en El Callao. La mayoría de los comercios no abrieron y las escuelas permanecieron cerradas, situación que siguió hasta este viernes 8 de noviembre.
El hombre conocido como el Toto no solo acusó al gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, de haber permitido que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos guerrilleros ingresaran a territorio venezolano. La amenaza más grave fue en contra del alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, a quien señaló de recibir medio kilo de oro para hacer su campaña electoral, y de que este luego los vendió al gobierno.
Más grave aún, circulan en el pueblo panfletos y mensajes en redes sociales en los cuales Valdez supuestamente ofrece un kilo de oro por la ubicación del alcalde, quien no se ha manifestado.
La única declaración que hasta este viernes hizo Hurtado fue a través de su cuenta en Twitter, @AlcaldeElCallao, para desmentir su supuesta separación de cargo.
#NoticiasFalsas.
No hay separación de cargo, elevamos una oración por todo nuestro pueblo los chavistas y los opositores juntos en el amor de Cristo elevemos una oración por todos por un futuro mejor que la gracia de Dios nos permita tener una Navidad y un fin de año en paz y pic.twitter.com/PFmrBa8Yd1— Alberto Hurtado Alcalde (@AlcaldeElCallao) November 8, 2019
Las bandas mandan
Los lugareños les temen más a las bandas mineras que a los organismos de seguridad, aunque contra ellos ha habido denuncias de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, como el caso del Ejército en Tumeremo, municipio Sifontes.
“Si hablas, al otro día puede aparecer tu cabeza en la plaza; te matan, así de simple”, relató un habitante de la zona que solo accedió a hablar y contarle a Crónica.Uno lo que sucede en el pueblo bajo la condición de anonimato.
Unas dos semanas antes, precisamente, aparecieron dos cabezas humanas. Ambos hechos fueron relacionados con la guerra por el oro, más hoy cuando mineros rechazan la entrega que Nicolás Maduro ofreció a cada gobernador.
En el sur todos se conocen, o la mayoría, y cuando llega un foráneo buscando información particular sobre minería, lo más probable es que pronto sea identificado, al menos para vigilarlo. Entrar a los yacimientos solo se puede con permiso de quien tenga el control en la mina.
Tomar fotos es un peligro, en Las Claritas y El Dorado es prácticamente una prohibición, más si no se es conocido. Todo requiere de permiso.
Por otra parte, sin embargo, hay quienes les tienen una especie de “respeto” y alegan que mantienen la seguridad. “Si te roban, dices quién fue y el pran hace que te regresen tus cosas. Cuidado y si le roban a ellos, les cortan las manos; a los ‘sapos’ les cortan la lengua o los matan”, dijo una persona que extrae oro de manera ilegal.
La tensión en el sur se incrementó con el anuncio de Maduro. De hecho, por lo menos 50 mineros de El Callao fueron recientemente desalojados de yacimientos y detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En el pueblo alegaron que la medida tenía por objeto limpiar las minas y tenerlas disponibles para el gobierno.
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