“El ciudadano en democracia está esperando la intervención del Estado para poner orden”, sostuvo el sociólogo Alexander Campos. En Venezuela ocurre lo contrario. Las vivencias que tienen los habitantes de los sectores populares del país, en especial en Petare, es que las fuerzas policiales no son los máximos impulsores del orden.

Caracas. El clima de miedo se apoderó de los vecinos José Félix Ribas, en Petare, luego de que la madrugada de este viernes 8 de mayo fuerzas de seguridad del Estado iniciaran un operativo para localizar bandas de delincuencia organizada en el sector. La comunidad, a partir de experiencias anteriores, no considera que este hecho traerá algún beneficio o dará un alto a los enfrentamientos que han sucedido en el transcurso de los últimos días.

La llegada de los efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no representa una noticia muy alentadora para la percepción de respeto a los derechos humanos de los vecinos de Petare, aseguró el sociólogo y director del Centro de Investigaciones Populares, Alexander Campos en un foro online para la ONG Cecodap. 

“El ciudadano en democracia está esperando la intervención del Estado para poner orden”, sostuvo Campos. En Venezuela ocurre lo contrario. Las vivencias que tienen los habitantes de los sectores populares del país, en especial en Petare, les han enseñado que las fuerzas policiales no son las máximas impulsoras del orden. “Implantan el miedo, la muerte y la violación a los derechos humanos”, agregó el también profesor de la Universidad Central de Venezuela. 

Según comentó el sociólogo, los vecinos lo que esperan cada cierto tiempo es el cambio de “pranato”. En esta oportunidad, se vio el debate de la corona entre la banda de Wilexis y la de El Gusano. 

Nos estamos resguardando. Tenemos miedo. Por seguridad borra el mensaje”, fue la respuesta de un habitante de José Félix Ribas al momento que Crónica.Uno lo intentó contactar este viernes 8 de mayo.

Los enfrentamientos entre bandas se registaron desde el jueves 30 de abril hasta el lunes 4 de mayo. El mandatario Nicolás Maduro reconoció la situación el 6 de mayo al asegurar que se trataba de un “plan organizado por la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, para distraer la atención y facilitar la entrada de mercenarios al país“. 

Siento más miedo de la policía que de los mismos malandros. No es algo nuevo. Cuando ellos vienen no sabemos si se van a meter a nuestras casas o qué nos pueden hacer”, relató una vecina anónima.

Ingrid Palacios, exconcejal del municipio Sucre, comentó que estas prácticas comenzaron en Petare a partir de las llamadas “Zonas de Paz”, que a su juicio, más bien permitieron la consolidación de “gobiernos internos” por pranes que terminaron controlando desde la seguridad hasta las entregas de las cajas Clap en el sector. “Las comunidades están viviendo estas nuevas prácticas como unos modelos en los que les dan algunas garantías como andar con un celular y que no te roben en el barrio“, agregó. 

La población estimada de José Félix Ribas es de 120.000 habitantes. Palacios subrayó que la mayoría de estos vecinos son personas honestas que no pueden ser tratados como delincuentes por parte de los cuerpos de seguridad durante los operativos.

“Aspiramos que en Venezuela se instaure el orden constitucional. Que los jóvenes no tengan que tomar el camino de los pranes, que no sean los modelos y conductas a seguir en los sectores populares, que no sigan los pasos de Wilexis y El Gusano”, pidió Palacios.

La violencia no está en cuarentena

Campos indicó que desde el Centro de Investigaciones Populares observaron el incremento del delito por hambre en las comunidades.

En casi 60 días de cuarentena, la caja Clap solo ha llegado una vez con no más de 11 productos, en su mayoría carbohidratos; las fuentes de trabajo están paralizadas; los vecinos venden los pocos bienes que tienen para conseguir dinero con qué comer; y los precios de alimentos en la zona se han elevado por la dificultad de conseguir combustible para el traslado. Más y más factores se suman para que los jóvenes sean vulnerables a sumarse a bandas delictivas. 

“Hay niños que se meten en las casas para robar comida, y en el peor de los casos, ingresan a bandas delictivas hasta ahora en sus propios barrios, pero no pasará mucho tiempo cuando lleguen a otros sectores para que nadie los reconozca”, explicó el sociólogo.

La crisis económica y social no solo los lleva a pensar que el delito es la única solución para sobrevivir, sino que también enfrentan episodios de miedo, trastornos de sueño, dificultad para dormir y hasta la necesidad de mudarse a casa de familiares en otras zonas. Sobre esto, Cecodap emitió un comunicado el lunes pasado en el que le exigía al Estado el respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de Petare. 

Campos detalló que la cuarentena, además de servir como impulso para las bandas delictivas que pretenden afianzar su poder y sus negocios, también le ha dado fuerza a los grupos de choque junto con los militares para gestionar la gasolina, y los ajusticiamientos por parte de efectivos de seguridad. Acciones que se resumen en más violencia.

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