Expertos en derechos humanos de la ONU instan a Venezuela a poner fin a represión contra las ONG

alimenta la solidaridad

Los expertos de Naciones Unidas dijeron que debido al agravamiento de la crisis socioeconómica las ONG “son más esenciales que nunca para garantizar el acceso a las necesidades y los servicios básicos respetando los derechos humanos”.

Ginebra. Desde noviembre de 2020 Venezuela ha estigmatizado y perseguido sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las voces disidentes y a los defensores de los derechos humanos, y esto debe terminar”, dijeron Clément Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

Los expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijeron que “dada la preocupante situación socioeconómica en la que se encuentra Venezuela, que empeoró durante la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales son más esenciales que nunca para garantizar el acceso a las necesidades y los servicios básicos respetando los derechos humanos”.

“Su papel en la protección de los derechos humanos y en la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado”, indican en comunicado.

Los expertos hicieron un llamado a los miembros de la nueva Asamblea Nacional elegida la semana pasada para que aprueben leyes que protejan a las ONG y a los defensores de los derechos humanos, de acuerdo con las obligaciones internacionales en esta materia que Venezuela ha asumido.

También alentaron a la nueva Asamblea Nacional, cuya toma de posesión está prevista para el 5 de enero de 2021, a abolir la vigente legislación restrictiva, en particular la “Ley contra el odio” de 2017 que, según los expertos, ha sido utilizada para silenciar a los defensores de los derechos humanos y las voces críticas.

“La libertad de asociación y la libertad de expresión son pilares esenciales de una sociedad democrática (…). Venezuela debe dejar de intentar controlar a las organizaciones de la sociedad civil y dejar de estigmatizar públicamente a sus líderes y de criminalizar el trabajo de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos“.

Estiman  que la nueva Asamblea Nacional dará prioridad a la aprobación de una ley que restringiría significativamente el acceso de las organizaciones no gubernamentales (ONG) a la financiación extranjera.

“Estas medidas han tenido efectos paralizantes en las ONG que prestan apoyo humanitario a las poblaciones vulnerables, lo que ha dado lugar a que se agraven las violaciones de los derechos económicos y sociales de las personas que estas ONG ayudan”, agregaron los expertos en derechos humanos.

Los expertos han compartido previamente sus preocupaciones de que leyes tales como la “Ley contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo” puedan ser utilizadas para limitar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

“La sociedad civil desempeña un papel clave en la promoción y protección de los derechos humanos”, dijeron los expertos. “Ahora más que nunca, la situación humanitaria y de los derechos humanos en Venezuela exige que la sociedad civil, incluyendo los defensores de los derechos humanos, sea apoyada y protegida.

Desde hace varias semanas asociaciones civiles, como Alimenta la Solidaridad o Convite, han sido objeto de acciones por parte del Gobierno que vulneran la actividad que desarrollan. El director general de Convite, Luis Cabezas, y Patrizia Latini, miembro del equipo, fueron trasladados por las FAES a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Quebradita en Caracas para un interrogatorio. Permanecieron detenidos durante dos horas.

En el caso de Alimenta la Solidaridad, la casa de los padres del director de la ONG fue allanada y congelaron las cuentas bancarias de la organización.


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