La familia de Gira Pérez está en riesgo de ser desalojada de su casa. Viven en el barrio Ciudad Verde, en Soacha, Colombia. “Todo estaba yendo bien hasta que comenzó la pandemia”, dice. Con los días de confinamiento y sin trabajo, apenas tienen el dinero para comprar alimentos.
Caracas. Gira Pérez cuenta los días desde el 29 de abril. Ese día, a ella y a su familia trataron de desalojarlos de la casa. Son cuatro migrantes venezolanos: Gira, el esposo, una niña de seis años y un niño de dos años.
Viven en el barrio Ciudad Verde de Soacha, en Colombia. Allí desde hace más de un año intentan olvidar esa situación difícil por la que huyeron de Venezuela: escasez de comida, el rebusque para comprar pañales y sobrevivir sin agua y sin luz. Pese a que ambos son profesionales, ella mercadóloga y él docente, los ingresos eran insuficientes.
Así que el esposo de Gira preparó el camino dos años antes para que luego ella y los niños también pudiesen llegar a Colombia. Migraron.
“Todo estaba yendo bien hasta que comenzó la pandemia”, dice Gira. En Colombia las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo. La cuarentena total comenzó el 24 de marzo tras el decreto 457 de Iván Duque, que ha sido prorrogado en varias oportunidades.
Con el empleo que tenía el esposo de Gira antes de la cuarentena, vivían tranquilamente, podían darles gustos a los niños, pagar el alquiler y comprar lo necesario. Era mensajero en una empresa. Por el confinamiento, lo suspendieron.
Con Rappi, una aplicación que permite a los consumidores adquirir bienes y recibirlos a domicilio, el esposo de Gira ha conseguido algunos pesos durante estos días de cuarentena. “Para mantener solo lo básico”, sostiene Gira.
Los ahorros ya no están, se fueron en comprar alimentos. Lo que ha quedado es la presión por el pago del alquiler. El 29 de abril Gira estaba sola con sus hijos en casa, el esposo estaba trabajando en Rappi. Tocaron la puerta: era el arrendador acompañado de dos hombres más.
“Abrí la puerta para hablar con ellos y me empujaron para entrar a la fuerza. Mi esposo había salido a trabajar, lo tuve que llamar”, cuenta Gira. Su pareja buscó ayuda en la Comisaría de Ciudad Verde y logró que dos oficiales lo acompañaran al apartamento.
Estos oficiales impidieron el desalojo. Explicaron al dueño del apartamento que meterse a la fuerza no era legal, que por la emergencia decretada tampoco podía sacarlos. Entre ellos, tendrían que llegar a un acuerdo de pago. Pero no ha sido posible: “El dueño dice que no nos va a tener viviendo de gratis acá. Le hemos dicho que nosotros queremos pagarle”, explica Gira.
Gira ya había escuchado de desalojos, de migrantes venezolanos que tuvieron que irse a la calle por no tener cómo pagar el arriendo. Por lo que buscó ayuda. Escribió al número de la Personería Municipal de Soacha, explicó la situación y le respondieron: “Bajo ninguna circunstancia te pueden desalojar”, debajo, le adjuntaron el decreto legislativo 579 del 15 de abril de 2020.
“Estoy buscando ayuda por cualquier medio, ya que el arrendador amenazó con volver el 11 de mayo, que es el día en que acaba la cuarentena”, expresa Gira. Ese día podrían pagar solo la mitad del arriendo. Con las esperanzas de que levanten la cuarentena y ambos puedan trabajar. Pero el 5 de mayo, Duque extendió la cuarentena hasta el 25 de mayo, solo algunos sectores de la economía podrán reactivarse.
Los días pasan y todo pareciera complicarse. No solo deben el mes de abril, también marzo. El 18 de marzo el dueño pidió el pago de ese mes. El esposo de Gira fue a depositar el dinero y lo robaron en el bus. No pudieron pagar y, días después, les cayó la cuarentena. En paralelo, Gira estaba en una entrevista de trabajo, aunque fue contratada, debe esperar a que se retomen las actividades laborales.
Ella pensaba que si comenzaba a trabajar pronto, el 30 de mayo tendría para completar el pago del alquiler. Calculaba que en junio podrían cancelar ese mes y la mitad de marzo. La deuda del arriendo acumula más pesos y los días de confinamiento continúan duplicándose.
Situación de vulnerabilidad
En Colombia, viven más de 1,8 millones de migrantes venezolanos que han huido de su país desde 2015. La Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela realizó una evaluación rápida de necesidades de esta población ante la COVID-19.
Esa encuesta se levantó en 17 departamentos de Colombia entre el 31 de marzo y el 8 de abril. Contactaron a 737 hogares de migrantes venezolanos. Los resultados arrojaron tres necesidades principales: alimentación, apoyo para pagar el arriendo y acceso al empleo.
Más de 50 % de los hogares encuestados ven como prioridad apoyo para su vivienda, como ayuda a pagar su arriendo, alrededor de 5 % de los hogares reportan un riesgo de desalojo. El número de comidas al día se ha reducido después de las medidas de aislamiento obligatorio: solo 15 % de los hogares realiza tres comidas al día.
Otro de los principales hallazgos es que en 46 % de los hogares los niños no están realizando ninguna actividad escolar. Una amplia mayoría de ellos (97 %) no cuenta con un computador. El elemento predominante son televisores (65 %), celulares con internet (48 %) y radios (17 %).
En cuanto a la salud, 30 % de los encuestados menciona haber necesitado tratamiento médico. De este porcentaje, 67 % reporta no recibir una atención adecuada, principalmente debido a las restricciones de salir de sus casas (47 %) y a no estar afiliados al sistema de salud (34 %).
En medio de esta condición, más de 23.000 venezolanos han retornado, según datos del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han alertado de que estos retornos no son dignos, seguros ni voluntarios.
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