Encarar la rehabilitación de viviendas ocasionados por los sismos es cuesta arriba para las familias. Con daños en mampostería o columnas que oscilan entre $700 y más de $10.000, los propietarios y condominios de viviendas dañadas en Caracas enfrentan solos estos gastos sin auxilio estatal.
Caracas. Desde el 24 de junio pasado, cuando dos terremotos sacudieron Caracas y el litoral, Fernanda* no ha vuelto a dormir en su cama. A sus 55 años, esta enfermera jubilada prefiere pasar las noches en el sofá de la sala, presa del pánico a que el techo de su apartamento en la urbanización Lomas de Urdaneta, en el oeste de la ciudad, colapse mientras descansa.
Su vivienda de dos habitaciones, situada en el piso 7, sufrió graves daños tras el impacto del doblete sísmico y recibió una etiqueta roja por parte de los cuerpos de rescate: una marca de advertencia que confirma el peligro por fallas en la estructura.
Hoy, cuando se cumplen exactamente dos meses del catastrófico evento, la angustia lejos de disiparse se ha vuelto cotidiana. Aquel fenómeno sísmico sin precedentes, un devastador doblete de terremotos con magnitudes de 7.2 y 7.5 y epicentros frente a las costas de La Guaira y las cercanías de Catia La Mar, dejó golpeados con fuerza al centro y occidente del país y sumió a la población en un panorama de incertidumbre que sigue intacto desde aquel trágico día.
El hogar de Fernanda es la muestra del callejón sin salida que enfrentan miles de familias: viviendas en riesgo, nula respuesta del Estado y recursos insuficientes para repararlas.
A pesar de la marcación, los técnicos que evaluaron el lugar aseguraron a la comunidad que el bloque aún es habitable y no requiere demolición. Tras esa primera inspección, ninguna autoridad regresó para hacer un seguimiento de la situación.
El peso de la reconstrucción
Puertas adentro, la realidad de la enfermera es preocupante. La pared de su casa que colinda con el pasillo común muestra una profunda hendidura de más de un metro de largo, huella del momento en que los muros crujieron y se abrieron como una hoja de papel durante los temblores.
Asumir las obras de rehabilitación resulta una labor imposible para su familia. Los costos de los materiales ascienden a miles de dólares. La suma es inalcanzable, pues sobreviven con una pensión estancada y el ingreso informal de la venta de dulces criollos. Con sus entradas actuales, calcula que tendría que ahorrar al menos dos años para reunir una fracción de lo requerido.
“Un amigo albañil revisó el apartamento y me dijo que hay que tumbar una pared para levantarla de nuevo. Solo en ese trabajo con los materiales incluidos se me van unos $700, sin contar la mano de obra que me la va a regalar. No sé como voy a hacer porque ahorita no tengo ni para pagar el condominio”,
lamentó la enfermera.
La situación de Fernanda ejemplifica el dilema de la población en Caracas y La Guaira sobre cómo reconstruir sus hogares sin presupuesto ni auxilio estatal. Fuentes sindicales y comunitarias consultadas por Crónica Uno advierten que los fallos en elementos estructurales, como columnas agrietadas o cabillas dobladas, implican presupuestos que las comunidades no pueden cubrir.
Esta falta de recursos ha obligado a decenas de familias a pernoctar en carpas y con temor a regresar a sus viviendas.
Vacío legal y financiero
En el país, el marco legal vigente, establecido en la Ley de Propiedad Horizontal y la legislación de arrendamientos, fija límites claros sobre quién debe asumir cada gasto tras un siniestro.
De acuerdo con la normativa, las reparaciones dentro del perímetro de la vivienda, como frisos, azulejos, tuberías internas y paredes no estructurales, son responsabilidad exclusiva de cada propietario.
Por el contrario, los daños en columnas, vigas de carga, muros maestros, fachadas, ascensores o tuberías principales corresponden al área común. La ley contempla que la comunidad de vecinos debe financiar estos arreglos mediante cuotas extraordinarias de condominio, cobros especiales diseñados para cubrir contingencias o emergencias mayores fuera del mantenimiento mensual regular, divididas entre cada apartamento.
Esta división de gastos pone en una encrucijada a los propietarios y a las juntas de condominio. En medio de una economía paralizada, con una brecha cambiaria, la distancia de valor entre la cotización del dólar oficial y las tasas de mercado, que encarece los insumos a diario y un salario mínimo oficial que merma la capacidad adquisitiva, la mayoría de los inmuebles no logra reunir los fondos para asumir obras de gran envergadura..
El pasado lunes 10 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que 53.314 viviendas en todo el país han sido evaluadas como parte de la revisión de infraestructuras tras los terremotos.
De esa cifra, 31.336 han sido calificadas con etiqueta verde, inmuebles seguros con daños menores, 12.411 con etiqueta amarilla, estructuras con deterioros moderados que exigen precaución, y 9567 con etiqueta roja, categoría reservada para aquellas estructuras que presentan daños severos y están en alto riesgo.
No obstante, Carlos Julio Rojas, activista y defensor de derechos humanos, advierte que las evaluaciones oficiales aplicadas por la Comisión Presidencial tras el doblete sísmico ocultan la verdadera crisis de los sobrevivientes.
Fachadas que ocultan peligro
A la fecha de esta publicación, las autoridades gubernamentales no han emitido un pronunciamiento público adicional para responder a estas denuncias ni han presentado el inventario oficial exigido a la Alcaldía del Municipio Libertador.
Durante las últimas semanas, el dirigente realizó recorridos por zonas como San Bernardino, Altagracia, La Pastora, San José, los alrededores de la avenida Fuerzas Armadas, Cotiza, La Candelaria, Santa Rosalía, El Paraíso, El Junquito, así como los bloques de Lomas de Urdaneta y Propatria.
En esos sectores, donde casas y conjuntos residenciales sufrieron severos impactos, la asignación de etiquetas verdes o amarillas en las fachadas no garantiza que los apartamentos sean seguros. Esto mantiene en constante incertidumbre a sus ocupantes.
Rojas explicó que los diagnósticos gubernamentales suelen clasificar los daños internos como simples fallas de mampostería. Sin embargo, en el interior de los hogares la realidad es devastadora.
El activista precisó que entre un 25 % y un 40 % de las edificaciones de la ciudad demandan arreglos de mampostería, frisos y proteger la superficie de las paredes, o muros colapsados. Pero, la falta de cifras oficiales se agrava ante la ausencia de un inventario público por parte de la Alcaldía del Municipio Libertador.
“Cuando una pared está completamente destruida, la tienes que tumbar y según nuestras averiguaciones comparativas, la reparación completa de una pared puede costar hasta 2.000 dólares. Mientras que restaurar una unidad habitacional de un apartamento muy dañado está entre los 8.000 y hasta 10.000 dólares”, indicó.
Presupuestos fuera de alcance
El dirigente señaló que programas gubernamentales como la Misión Venezuela Renace avanzan a un ritmo lento y no cubren las necesidades reales de los afectados. La situación resulta más compleja en los inmuebles declarados en riesgo bajo etiquetas amarillas o rojas.
“Ninguna junta de condominio posee los recursos financieros para costear el apuntalamiento, contratar ingenieros patólogos o ejecutar una reestructuración de gran escala”, aseguró.
Gilberto Alcalá, dirigente del sector construcción y representante de la Coalición Sindical Nacional, alertó sobre el grave deterioro de la infraestructura tras los sismos. Sus reportes indican que existen más de 600 edificaciones con fallas graves en todo el territorio nacional.
Alcalá explicó que, aunque el sector sindical y los trabajadores de la construcción brindan apoyo y asesoría a los propietarios afectados mientras el Estado entrega algunos insumos básicos, la reparación de los inmuebles representa un desafío económico para las familias debido al alto costo de los materiales y la inflación.
Los precios de referencia reflejan esta realidad:
- Cabillas: Varían entre 12 y 13 dólares según el grosor.
- Saco de cemento: Oscila entre 9 y 10 dólares.
- Mano de obra para pegado de bloques: Cuesta entre 5 y 6 dólares por metro cuadrado.
- Friso con salpiqueo: Se ubica entre 14 y 15 dólares por metro cuadrado.
Miedo constante al colapso
Sin un tabulador oficial de costos emitido por el Colegio de Ingenieros, una lista pública donde se estandarizan las tarifas sugeridas por servicios profesionales de construcción, los presupuestos varían según la extensión en metros cuadrados y la contratación de albañiles, plomeros y carpinteros.
Ante esta brecha cambiaria y la pérdida del poder adquisitivo, Alcalá propuso que el Estado ejecute un plan de asignación directa de recursos financieros. De esta forma, los propios ciudadanos gestionen la reconstrucción de sus viviendas.
“Un daño mayor ocurre cuando el inmueble presenta fallas en las columnas. Si la estructura tiene más de 40 o 60 años sin mantenimiento, cualquier vibración la desequilibra y obliga a reforzar la base. Cuando el impacto llega al 100 %, es preferible construir de nuevo, porque la casa ya no es habitable. El problema es que hay familias con daños de 80 % que corren el riesgo y se quedan ahí porque no tienen dinero para reparar ni para comprar otra vivienda”,
destacó Alcalá.
En relación con este punto, Rojas denunció una falta de coordinación entre los diagnósticos preliminares y las inspecciones posteriores de la Comisión Presidencial. A su juicio, existe una política orientada a disimular la magnitud del desastre, al permitir que las familias permanezcan dentro de inmuebles marcados con etiqueta roja para evitar la visibilización de los afectados y el colapso de los refugios temporales.
En consecuencia, el activista pidió financiamiento internacional para las infraestructuras dañadas y exigió que el Estado asuma la recuperación con apoyo técnico especializado.
Mientras transcurren los días, el deterioro de los inmuebles se acentúa debido a las continuas réplicas, los temblores secundarios de menor magnitud que suceden al sismo principal.
Tanto Rojas como Alcalá advirtieron sobre el peligro de aplicar soluciones improvisadas, como sellar grietas profundas con yeso o mezclas ligeras sin derribar los muros comprometidos. A mediano y largo plazo, la falta de una intervención experta incrementa los riesgos para los habitantes y elevará significativamente los costos finales de reconstrucción.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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