Las familias venezolanas y los planteles privados enfrentan el inicio del ciclo 2026-2027 bajo una fuerte presión económica tras los sismos. La congelación de cuotas busca frenar el ausentismo, aunque limita los planes de estudio y las reparaciones.
Caracas. Entre la urgencia de sostener las finanzas escolares y la debilitada capacidad de pago de los representantes, la educación privada en Caracas y La Guaira está por arrancar un nuevo año escolar marcado por la contención de costos.
Con planteles en ruinas tras los sismos de junio y una estructura de gastos acaparada hasta en un 70 % por nóminas y tributos patronales, las directivas han tenido que archivar proyectos de expansión para evitar que las aulas queden vacías. Congelar las mensualidades o limitar los aumentos a mínimos es la fórmula de emergencia que vive de cerca Nancy Hernández.
Para esta representante, el presupuesto no tendrá variaciones en las mensualidades del periodo académico 2026—2027. Su hija de nueve años cursa cuarto grado en un colegio privado de El Paraíso, una urbanización residencial del oeste de Caracas, donde la directiva decidió mantener las cuotas en 120 dólares mensuales tras la emergencia telúrica, un doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 con epicentro cerca de Catia La Mar que dejó, hasta la fecha más de 6400 muertos.
La medida fue notificada a través de un comunicado enviado por correo a los representantes. El único cambio en los pagos fue un ajuste de 20 dólares en el seguro escolar, una póliza de accidentes corporales obligatoria en los planteles. Si suma la matrícula, que es el pago formal de la inscripción, y las mensualidades, el gasto total para el periodo escolar será de 650 dólares.
”El colegio no hizo asamblea de representantes, solo mandó un comunicado. Explicaron que todo se mantenía igual por los acontecimientos del terremoto. Aunque ningún alumno falleció, varios representantes y niños quedaron afectados porque viven en La Guaira”, reveló Hernández a Crónica Uno.
La decisión de frenar incrementos responde a una realidad económica que cambió para muchas familias tras el doblete sísmico. Pero también coincide con la presión que enfrentan las instituciones para sostener sus presupuestos.
El costo educativo real
Esta contingencia económica se enmarca en un escenario donde miles de planteles privados a escala nacional intentan sostener una matrícula menguante, la cantidad total de estudiantes inscritos. Mientras, la población enfrenta la pérdida sostenida del poder adquisitivo y el impacto de los desastres naturales en su economía doméstica.
Fausto Romeo, director general de Consenso Educativo y coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio, la principal organización del sector comercial e industrial del país, recordó que el sector trabaja bajo el concepto de cuota de escolaridad y no de mensualidad. Esto debido a que el monto depende del proyecto educativo de cada institución.
”Cada colegio tiene un proyecto propio. Si una institución ofrece robótica, debe pagar a especialistas o empresas para esa área; si otra solo da inglés, sus costos son distintos. Por eso las cuotas varían entre planteles de una misma zona”,
señaló Romeo.
De acuerdo con el vocero, entre 60 % y 70 % del presupuesto de una escuela privada se destina a compromisos laborales. Entre estos mencionó: sueldos, vacaciones, Seguro Social, prestaciones sociales acumuladas, los ahorros por antigüedad a los que tiene derecho todo trabajador, y el aporte del 9% establecido en la Ley de Protección de Pensiones, un tributo patronal destinado a financiar el fondo estatal de jubilaciones.
Salarios docentes en riesgo
Este alto porcentaje asignado a la nómina genera un dilema estructural para el personal docente y los sindicatos del sector. Aunque la congelación de las tarifas alivia a las familias, limita la capacidad de los colegios para aplicar ajustes salariales significativos que compensen la inflación. Esta desición limita la retención de educadores cualificados.
Sobre este tributo, Romeo indicó que la base de cálculo de 240 dólares genera un peso importante sobre las finanzas de los planteles puesto que cada institución está obligada a pagar el 9 % por ese mismo docente.
Agregó que el 30% restante del presupuesto corresponde a gastos operativos y servicios públicos. En varias regiones, las fallas de suministro obligan a contratar camiones cisterna con pagos frecuentes en dólares, mientras que las tarifas de aseo urbano y relleno sanitario en ciudades como Caracas oscilan entre 200 y 400 dólares mensuales.
Asimismo, la fijación de la cuota de escolaridad debe ceñirse jurídicamente a los parámetros de la Resolución 114 del Ministerio de Educación, la normativa oficial que regula el cálculo de las matrículas. Esta exige la aprobación previa de la estructura de costos mediante asamblea de padres y representantes o la validación formal de los órganos fiscalizadores del Estado.
Proyectos escolares en pausa
Según Romeo, las proyecciones que el sector educativo privado mantenía para el ciclo 2026-2027 se modificaron tras los eventos sísmicos. La desaceleración económica y las pérdidas materiales llevaron a que algunas instituciones descartaran incrementos previstos o aplicaran variaciones mínimas de 10 dólares. En algunos casos se acompañan de ajustes en sus actividades complementarias.
”Reajustar el proyecto implica, por ejemplo, mantener competencias internas de robótica en lugar de asistir a eventos nacionales o viajes internacionales. Cada plantel adapta su oferta a la capacidad de pago de su comunidad”,
detalla Romeo.
Las directivas proyectan además un incremento en las tasas de morosidad en el pago de las cuotas, lo que amenaza con comprometer el flujo de caja operativo necesario para el mantenimiento básico de las instalaciones.
Esta modalidad se implementó en un colegio privado al este de la ciudad de Caracas. Carla* contó que en el colegio donde estudia su hijo Maximiliano suspendieron unos nuevos planes de estudios para no elevar los costos de la mensualidad tras el terremoto.
La representante añadió que en mayo hubo una reunión en la que les dijeron que para este año escolar iban a dar robótica y más horas de idiomas. Además, se aprobó por medio dd una asemblea que la mensualidad iba a quedar en 159 dólares.
No obstante, afirmó que la directiva a través de una reunión de padres y representantes anunció que no van a aplicar este ajuste ni van a empezar con el plan de robótica, por lo menos durante el primer periodo de este año escolar 2026-2027.
Incentivos por pago puntual
En otras instituciones de Caracas sí se aplicaron ajustes en las cuotas, acompañados de esquemas de cobro previo al cierre de clases e incentivos por pago puntual, descuentos especiales otorgados a quienes cancelan antes del vencimiento. Es el caso del Colegio La Salle La Colina, donde estudia el hijo de Ederin*.
Meses antes de finalizar el periodo 2025-2026, la directiva estableció la cancelación de un pago inicial de 770 dólares para formalizar la inscripción. El monto contempló $410 de matrícula y $360 del adelanto correspondiente a la mensualidad de septiembre.
“La mensualidad base se fijó en 360, pero la institución mantiene una opción de pronto pago que reduce la cuota si se cancela dentro de las fechas”, detalló.
Añadió que los costos se mantienen iguales si se paga en divisas o en bolívares. El colegio sí hizo su ajuste, aunque establece consideraciones para las familias que tuvieron afectaciones por los sismos.
Infraestructura en emergencia
Los colegios privados en Caracas y el estado La Guiara también tuvieron afectación en la infraestructura por los sismos. Romeo precisó que en La Guaira, donde funcionan 98 planteles privados, al menos seis sufrieron pérdida total.
Otros 30 presentan daños en paredes y mampostería, los trabajos de construcción con ladrillos o bloques. Daños similares se registraron en planteles de El Junquito, como el Colegio Iberoamericano, y en Carayaca.
Por esta situación, el representante gremial pide al Ministerio de Educación incluir a los colegios privados en los planes de atención oficial. Especialmente en tareas como la remoción de escombros.
“Solicitamos una reunión formal con el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, con el fin de evaluar las condiciones de inicio del año escolar, los protocolos de contingencia y la revisión de las estadísticas de matrícula estudiantil en el país”,
dijo.
Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han emitido una respuesta oficial ni se han pronunciado sobre la incorporación de estos planteles privados a los planes estatales de reconstrucción.
El año escolar 2026-2027 arranca entre aulas dañadas y presupuestos congelados por la crisis. Las instituciones privadas necesitan auxilio oficial urgente para garantizar la continuidad educativa de miles de alumnos.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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